A principios de este año, el país se estremeció con el asesinato de Karina del Pozo, una joven quiteña de 20 años reportada como desaparecida el 19 de febrero, cuyo cuerpo fue encontrado días después con señales de tortura y abuso sexual. Como en la mayoría de estos casos, el crimen fue cometido por personas cercanas a la víctima que se encontraban con ella la noche de su desaparición. El asesinato pronto se convirtió en un caso emblemático debido a la visibilidad que adquirió a través de las redes sociales, a la celeridad con la que avanzó la investigación judicial y a la movilización que suscitó entre varios sectores de la sociedad ecuatoriana, que exigieron la implementación de medidas efectivas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, afirma Ana Lucía Herrera, socióloga ecuatoriana y presidenta de la Corporación Humanas<\/a>. El caso también tuvo impacto en la formulación del nuevo Código Penal ecuatoriano, que será debatido en las próximas semanas por la Asamblea Nacional del país. Este contempla la tipificación del femicidio.<\/p>\n En entrevista con el CLAM, Ana Lucía Herrera, que hasta el año pasado se desempeñó como presidenta de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género del gobierno de Rafael Correa, hace una balance de más de 15 años de políticas sobre violencia contra las mujeres en Ecuador, los retos que enfrenta el país en la materia y ofrece su perspectiva acerca del significado del gobierno de la Revolución Ciudadana para las mujeres de ese país.<\/p>\n ¿<\/b> La primera ley que busca garantizar una vida libre de violencia a las mujeres fue formulada en 1995 y está enmarcada en la violencia intrafamiliar. Como otras normas promulgadas en ese momento sobre el tema, la Ley 103 Contra la violencia a la mujer y la familia<\/a> fue un logro del movimiento de mujeres que nació como parte de una oleada legislativa en la región sobre el tema. Para la prevención y la sanción de ese tipo de violencias, la ley creó las comisarías de la mujer y de la familia, que son instancias dependientes del Ministerio de Gobierno. Con el tiempo las organizaciones de mujeres y feministas vimos que esto era un problema, porque al no estar inscritas en el ámbito de la administración de justicia, la ley aborda este tipo de violencias como contravenciones. Los casos reportados sólo pasan a la justicia penal dependiendo de la gravedad de las agresiones y de las huellas físicas que dejan en las víctimas.<\/p>\n ¿Qué papel desempeñó el movimiento de mujeres en este proceso? <\/b><\/p>\n La ley 103 fue planteada en un esquema muy particular, puesto que fueron las propias organizaciones de mujeres las que dieron el sustento técnico para la creación de las comisarías, la capacitación de funcionarias y funcionarios, así como para la creación de procedimientos y protocolos. En ese contexto, la formulación de la ley evidencia algo que pasa a menudo: que las condiciones para comprender y atender delitos como éste son generadas desde la sociedad civil. En mi opinión, eso reprodujo nuevamente el esquema de que la atención y prevención de la violencia de género e intrafamiliar es responsabilidad de las ciudadanas y ciudadanos. Al igual que en el resto de América Latina, en Ecuador el tema ha estado gravitando desde hace más de 30 años, particularmente en la esfera de la sociedad civil, desde donde hemos presionado para incluir el tema en la agenda y en las políticas públicas.<\/p>\n ¿Qué curso tomó el tema luego de la promulgación de la ley? <\/b><\/p>\n Con el tiempo aparecieron otras formas de atender el tema. Sobre todo en la Fiscalía, que creó unidades especializadas para la investigación de delitos sexuales. Sin embargo, yo diría que nunca han sido suficientes. La discusión respecto a una legislación específica para atender la violencia de género ha sido uno de los temas centrales de la agenda política de las mujeres en este país, debido al incremento sustancial de la violencia de género. Las comisarías han reportado un número altísimo de denuncias, pese a que no existía una línea clara del Estado sobre prevención e información. El inicio del gobierno del presidente Rafael Correa en 2006 representó en ese sentido un momento de inflexión, puesto que el poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, asumieron un compromiso directo con organizaciones de mujeres y feministas para abordar este problema de forma sistemática y desde las esferas de la responsabilidad y la política públicas.<\/p>\n A finales de 2007 se firmó el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres<\/a>,<\/i> que marcó un hito al ser la primera vez que el poder Ejecutivo decretaba e implementaba un modelo que involucra a todas las instancias gubernamentales y no sólo, como había sido, al Ministerio de Gobierno, que responde a la política criminal sobre todo desde el ámbito policial. Con el Plan se generó una responsabilidad frente al tema por parte de todo el Ejecutivo. Fue emblemático porque parecía que quienes estaban en el gobierno iban a promover un cambio sustancial.<\/p>\n Otro hito fue la Asamblea Constituyente (2007-2008), que reafirmó y amplió la visión de la violencia de género contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. También se avanzó en la creación de una institucionalidad más acorde con el problema. Posteriormente, la ley que regula el poder judicial estableció que las comisarías debían pasar al poder Judicial y tener un carácter especializado. Pese a ello, no se salió de la perspectiva contravencional. El tema sigue siendo manejado desde ese ámbito y enmarcado en la violencia intrafamiliar.<\/p>\n ¿Cómo surge la propuesta de tipificar el femicidio? <\/b><\/p>\n En diálogo con la Asamblea Legislativa, las organizaciones de mujeres continuaron posicionando el tema. Inclusive en algún momento se debatió si era necesario crear una ley especializada para atender la violencia de género, como tienen algunos países, entre ellos Colombia, o si se debía seguir apostando a las reformas de los cuerpos del Estado y las leyes penales. En ese momento ya se había planteado la idea de reformar los códigos Penal Integral y de Procedimiento Penal. Esta fue la corriente que ganó más peso y se dejó de lado la creación de una ley específica. Si bien esta idea resulta muy interesante en términos discursivos, en la práctica tiene debilidades.<\/p>\n A pesar de estos avances, en ese momento aparecen tensiones respecto al papel de la Constitución en el tema. Algunos afirman que la Constitución es muy garantista y otros se preguntan qué significa esto. Este debate tiene lugar después de ser aprobada la Constitución (2008), de la que todos nos sentíamos orgullosos por poner los derechos humanos como eje articulador de la utopía de sociedad que queríamos construir. Posteriormente se redacta la actual propuesta de Código Penal Integral.<\/p>\n En este marco cobra especial interés para las mujeres la inclusión de la figura del femicidio. La Comisión especializada en estos temas en la Asamblea dialoga con organizaciones de mujeres y considera su propuesta de tipificar este delito. Pero cuando se decide formular un nuevo Código Penal, el impulso de acciones en materia de violencia de género pierde importancia para el Ejecutivo. La idea del "hipergarantismo constitucional" suscitó dudas sobre el tema.<\/p>\n Pese a ello, la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género – CDT<\/a> (que tiene como tarea crear una institucionalidad pública que atienda lo relacionado con los derechos humanos de las mujeres, según lo dispuesto por la Constitución) avanzó en algunos aspectos importantes. Uno de ellos fue la realización de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres<\/a><\/i> (2011). Esta encuesta es pionera en América del Sur. Por primera vez el Estado recolectó información sobre el tema a nivel nacional entre mujeres a partir de los 15 años. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC estuvo encargado de aplicar la Encuesta, cuya estructura fue desarrollada en estrecha relación con la Comisión de Transición y contó con la participación de mujeres con experticia y experiencia en el tema.<\/p>\n La falta de información oficial sobre femicidios y violencia contra las mujeres ha sido uno de los principales obstáculos para el abordaje de este problema. ¿Qué motivó al gobierno ecuatoriano a realizar la Encuesta? <\/b><\/p>\n![\"\"](\"\/uploads\/imagem\/ALH.jpg\")
En qué contexto se empieza a legislar sobre violencia de género en Ecuador?<\/b><\/p>\n