{"id":1757,"date":"2013-09-23T00:00:00","date_gmt":"2013-09-23T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/clam.fw2web.com.br\/es\/2013\/09\/23\/dia-por-la-despenalizacion-del-aborto-en-america-latina-y-el-caribe\/"},"modified":"2013-09-23T00:00:00","modified_gmt":"2013-09-23T03:00:00","slug":"dia-por-la-despenalizacion-del-aborto-en-america-latina-y-el-caribe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clam.org.br\/es\/campanas-y-derechos\/dia-por-la-despenalizacion-del-aborto-en-america-latina-y-el-caribe\/1757\/","title":{"rendered":"D\u00eda por la despenalizaci\u00f3n del aborto en Am\u00e9rica Latina y el Caribe"},"content":{"rendered":"

Campaña 28 de septiembre de 2013<\/strong><\/a><\/p>\n

En siete países de América Latina y el Caribe (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana), el aborto está totalmente prohibido y penalizado. En la mayoría de los otros países de la región, donde la interrupción del embarazo está permitida bajo algunas circunstancias, las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma.<\/p>\n

Ya sea por la prohibición o por la falta de garantía de servicios adecuados, muchas mujeres se ven conminadas a recurrir a la interrupción del embarazo en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. El 95% de los abortos que se realizan en América Latina y el Caribe son inseguros<\/a> y aproximadamente 11% de las muertes maternas ocurre como consecuencia de abortos inseguros. Cabe destacar que más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones que surgen como producto de aborto inseguro [1]<\/a>. Estas cifras parecen carecer de importancia para las autoridades que dejan de lado o rechazan debatir y legislar sobre esta situación, en base a una falsa o doble moral sustentada en supuestos dogmas de fe.<\/p>\n

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son ellas quienes interrumpen sus embarazos bajo condiciones de alto riesgo. En este sentido, la penalización constituye un tema de injusticia social que fomenta y profundiza las raíces de la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase y condición migratoria, entre otras.<\/p>\n

También afecta a las y los profesionales comprometidos con los derechos de las mujeres, al restringirles obligaciones con relación al derecho a la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres.<\/p>\n

En países y gobiernos que se dicen democráticos, es inaudito que las mujeres no puedan ejercer el derecho a decidir cuándo pueden o no ser madre, que tengan embarazos forzados, muchas veces producto de violaciones sexuales y que eso no sea lo condenable.<\/p>\n

Las mujeres son ciudadanas libres, ética y moralmente responsables, dueñas de sus decisiones y sus vidas, por tanto, los Estados están en la obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos y de cubrir sus necesidades sin criminalización, persecución o negación de servicios de aborto seguro.<\/p>\n

Este 28 de septiembre reafirmamos de manera contundente que el aborto legal y seguro es una cuestión de derechos y por tanto, una cuestión de democracia, y que, el aborto ilegal constituye una forma de violencia estatal, por lo que demandamos de los Estados:<\/p>\n