Con cinco votos contra cero, la Tercera Sala de la Corte Suprema de Justicia puso fin a la larga pol\u00e9mica sobre la anticoncepci\u00f3n de emergencia en Chile y rechaz\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n presentado por una agrupaci\u00f3n juvenil de la comuna de Las Condes en Santiago, que buscaba impedir su venta, comercializaci\u00f3n y distribuci\u00f3n.
Desde que en 2001 el Instituto de Salud P\u00fablica dict\u00f3 la resoluci\u00f3n que permit\u00eda la venta de Postinor-2 (Levonorgestrel de 0,75 mil\u00edgramos), sectores conservadores de la sociedad chilena iniciaron una persistente campa\u00f1a para impedir el expendio del f\u00e1rmaco. De este modo la venta o no de la p\u00edldora del d\u00eda despu\u00e9s se transform\u00f3 en uno m\u00e1s de los temas llamados “val\u00f3ricos\u00bb para un sector que rechaza incluso el aborto terap\u00e9utico. Durante estos a\u00f1os de pol\u00e9mica, el principal argumento para promover la prohibici\u00f3n de la llamada “p\u00edldora del d\u00eda despu\u00e9s” fue su supuesta calidad abortiva. Una jueza dict\u00f3, en 2004, una resoluci\u00f3n prohibiendo su venta porque pod\u00eda<\/I> ser abortiva, resoluci\u00f3n que fue revocada por la Corte de Apelaciones y ahora reafirmada por resoluci\u00f3n de la Corte Suprema.
El debate, que lleg\u00f3 a provocar la salida del Subsecretario de Salud en el 2004, tiene muchas aristas, no todas a\u00fan resueltas. Por una parte, la disponibilidad del f\u00e1rmaco siempre estuvo relativamente asegurada para las personas con medios para adquirirla, siempre que contaran con una receta m\u00e9dica. No obstante, en el \u00e1mbito de la salud p\u00fablica, el acceso se ha limitado a las mujeres que la requirieran en casos de violaciones, derecho que no siempre ha sido asegurado. Los servicios de municipios dirigidos por alcaldes o alcaldesas conservadores a menudo se niegan a entregarla.
La resoluci\u00f3n de la Corte Suprema fue recibida con satisfacci\u00f3n por el Ministerio de Salud. Sin embargo, el Ministro Pedro Garc\u00eda insisti\u00f3 en que su uso se restringa a las mujeres que hayan sido abusadas sexualmente. Por su parte, los parlamentarios que han estado al tanto de este proceso celebraron la noticia, reiterando la necesidad de que el Ministerio de Salud decrete la venta de la p\u00edldora del d\u00eda despu\u00e9s sin receta m\u00e9dica, para as\u00ed garantizar el acceso de muchas mujeres que no tienen la posibilidad de ir a un m\u00e9dico a pedir la receta.
Una exigencia obvia es que este f\u00e1rmaco se entregue en el sistema p\u00fablico a toda mujer que lo solicite, y que adem\u00e1s se informe acerca de esa disponibilidad. De ese modo se asegurar\u00eda que todas las mujeres que requieran un m\u00e9todo de emergencia luego de una relaci\u00f3n sexual desprotegida cuenten con \u00e9l, y que no sea un requisito haber sido violada o contar con los recursos econ\u00f3micos para comprarlo en las farmacias.