Un ambiente distendido, altas temperaturas y poca ropa se confabulan para que este verano 2007, muchos j\u00f3venes y adolescentes tengan su debut sexual en Chile. Mientras tanto, en la ciudad de Santiago la presidenta Michelle Bachelet firm\u00f3, el 29 de enero, el Decreto Supremo para autorizar el reparto de la “p\u00edldora del d\u00eda despu\u00e9s” a j\u00f3venes mayores de 14 a\u00f1os, sin ser requerida autorizaci\u00f3n de los padres.
Ni casual ni espont\u00e1nea fue esta decisi\u00f3n presidencial de autorizar la distribuci\u00f3n de la “p\u00edldora del d\u00eda despu\u00e9s”. Se gest\u00f3 apenas el Tribunal Constitucional (TC) impugnara, el 12 de enero pasado, la aplicaci\u00f3n de las Normas sobre Regulaci\u00f3n de la Fertilidad, dejando sin efecto la entrega gratuita del f\u00e1rmaco a las j\u00f3venes mayores de 14 a\u00f1os en los consultorios de atenci\u00f3n primaria de salud p\u00fablica.
La decisi\u00f3n del Tribunal Constitucional no argument\u00f3 sobre la p\u00edldora, sino que cuestion\u00f3 la capacidad legal del Ministerio de Salud para definir pol\u00edticas sanitarias mediante decreto ministerial. No se pronunci\u00f3 sobre el fondo de la iniciativa, que pone la pastilla a disposici\u00f3n de todas las mujeres en el sistema p\u00fablico, junto con un importante conjunto de normas t\u00e9cnicas sobre fertilidad, incluida la anticoncepci\u00f3n masculina, que no despert\u00f3 discusi\u00f3n alguna. Tendr\u00eda que ser la Presidenta de la Rep\u00fablica la que firmara un Decreto Supremo para que la norma pudiera ser efectiva.
Lidia Casas, abogada del Centro de Investigaciones Jur\u00eddicas de la Universidad Diego Portales y vice presidenta de la Asociaci\u00f3n de Protecci\u00f3n de la Familia (APROFA), asegura que dos ministros del Tribunal, Ra\u00fal Bertelsen y Enrique Navarro, debieron inhabilitarse de conocer esta materia desde el primer d\u00eda. Ellos “emitieron juicio y entregaron informes en derecho a petici\u00f3n de partes contrarias a la p\u00edldora. Ellos debieron restarse de la decisi\u00f3n del TC”, precis\u00f3.
Reci\u00e9n firmado por la Presidenta, el texto del Decreto Supremo no modifica el decreto ministerial previamente emitido, siendo una se\u00f1al de apoyo y respaldo a la normativa impulsada por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la mandataria subray\u00f3 el ofrecimiento de consejer\u00eda a las menores de edad que requieran el medicamento, aspecto considerado ya en las normas, cuya aplicaci\u00f3n de este modo queda garantizada.
No se puede excluir de la discusi\u00f3n y el debate la cifras alarmantes divulgadas por la Secretar\u00eda Regional del gobierno a la opini\u00f3n p\u00fablica que se\u00f1alan que cada a\u00f1o en Chile nacen 40 mil ni\u00f1os cuyas madres son menores de 19 a\u00f1os; el 13,6% de las ni\u00f1as menores de 14 son madres y el 85% de los ni\u00f1os nacidos vivos de madres de entre 15 y 19 a\u00f1os, lo hacen fuera de matrimonio.
Pese a estos datos reveladores, est\u00e1 claro que \u00e9ste no ser\u00e1 el \u00faltimo giro legal para autorizar la entrega de la p\u00edldora del d\u00eda despu\u00e9s a j\u00f3venes y adolescentes. Una vez que el Decreto Supremo sea publicado en el Diario Oficial, parlamentarios de derecha han anunciado un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional.
Los or\u00edgenes de a batalla legal y la pol\u00e9mica asociada con la p\u00edldora, se remontan varios a\u00f1os atr\u00e1s. El primer hito significativo fue el 24 de agosto de 2001 cuando el Instituto de Salud P\u00fablica de Chile permiti\u00f3 la venta del f\u00e1rmaco Postinor-2. Las reacciones no tardaron en llegar. En aquel entonces, la discusi\u00f3n se centr\u00f3 en los posibles efectos abortivos que el medicamento pudiera tener. Descartadas esas posibilidades y a pesar de las acciones judiciales que intentaron oponerse a su comercializaci\u00f3n, la Corte Suprema confirm\u00f3 –por fallo un\u00e1nime–, en noviembre de 2005, que el medicamento puede ser utilizado en Chile.
Un a\u00f1o despu\u00e9s, el 3 de septiembre de 2006, el Ministerio de Salud en el marco de las Normas para Regular la Fertilidad, entreg\u00f3 la p\u00edldora en los consultorios, a menores de edad y sin autorizaci\u00f3n de sus padres. Los argumentos: evitar los 40.000 embarazos adolescentes por a\u00f1o que hay en Chile e intentar romper el c\u00edrculo de la pobreza al que, desde ese momento, se ven condenados los j\u00f3venes padres y sus hijos. Pero la edad y el no involucrar a los padres, dando autonom\u00eda de elecci\u00f3n y confidencialidad a las j\u00f3venes, generaron m\u00e1s pol\u00e9mica.
Hubo recursos judiciales que prohibieron temporalmente la disribuci\u00f3n del f\u00e1rmaco. El gobierno present\u00f3 dos nuevos recursos para reponerlo y el Consejo de Defensa del Estado entr\u00f3 a una batalla judicial. Finalmente, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones levant\u00f3 la prohibici\u00f3n y el gobierno sinti\u00f3 que por fin estaban “en condiciones de poder llevar a cabo e implementar correctamente esta pol\u00edtica del Ministerio de Salud”.
La Iglesia reaccion\u00f3 a\u00fan m\u00e1s fuerte y calific\u00f3 p\u00fablicamente las Normas para Regular la Fertilidad de “imprudentes” y “un golpe a la familia”. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monse\u00f1or Alejandro Goic, explic\u00f3 que “las normas afectan el ordenamiento jur\u00eddico chileno y se alejan de los cumplimientos de los deberes del Estado hacia las personas y las familias”.
Seg\u00fan el prelado, los juristas consultados por la Iglesia revelaron que las Normas sobre Regulaci\u00f3n de la Fertilidad evidenciaban inconstitucionalidades de fondo, pues –seg\u00fan la religi\u00f3n cat\u00f3lica– estas vulneran tres garant\u00edas fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la vida privada y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Opiniones similares fueron difundidas en la prensa por pol\u00edticos y pol\u00edticas de sectores conservadores.
Soledad D\u00edaz, una de las redactoras y encargada de la edici\u00f3n de las Normas cuestionadas por el Episcopado, hizo sus descargos. La investigadora del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) explic\u00f3 que la normativa actualiza aspectos t\u00e9cnicos, pero su gran innovaci\u00f3n es incorporar un marco conceptual con “elementos sobre derechos de las personas en el \u00e1mbito reproductivo, temas \u00e9ticos, perspectiva de g\u00e9nero y calidad de atenci\u00f3n”, adem\u00e1s de “criterios m\u00e9dicos de elegibilidad para precisar las caracter\u00edsticas de las personas para cada m\u00e9todo”, un punto que, explica, es considerado fundamental desde la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud. La profesional aclara que este marco no se refiere a otras dimensiones de la vida humana ni de la sexualidad y reproducci\u00f3n, ni aborda el concepto de familia respetando la diversidad de posiciones que puede haber en nuestra sociedad.
Los detractores de la p\u00edldora esperan que el documento sea publicado en el Diario Oficial lo antes posible, para dirigirse de inmediato al TC apuntando contra dos aspectos: el car\u00e1cter abortivo del f\u00e1rmaco (argumento ya usado con anterioridad), y la entrega a menores de edad sin el consentimiento de los padres.
Se supone que esta vez el TC tendr\u00e1 que pronunciarse sobre la cuesti\u00f3n de fondo y aquellos que no se inhabilitaron la primera vez tendr\u00edan que quedar fuera. “Ser\u00eda absolutamente impresentable si no lo hacen. Ser\u00eda un tribunal que carecer\u00eda de toda imparcialidad”, argumenta la abogada Lidia Casas ante este nuevo escenario judicial.
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