Las organizaciones de la sociedad civil de Chile est\u00e1n en estado de m\u00e1xima alerta frente a la posibilidad de que la justicia declare la ilegalidad de las Normas de Regulaci\u00f3n de la Fertilidad, atendiendo a una solicitud realizada por parlamentarios de derecha en marzo del a\u00f1o pasado.
Ser\u00eda ins\u00f3lito siquiera imaginar un escenario tan adverso como el que podr\u00e1 darse a finales de marzo si el Tribunal Constitucional (TC) falla a favor de los alegatos que solicitan suspender algunos de los m\u00e9todos modernos de planificaci\u00f3n familiar.
Chile volver\u00eda a los a\u00f1os 60: las pastillas, los DIU y los anticonceptivos orales de rutina, hoy disponibles en hospitales p\u00fablicos, cl\u00ednicas privadas y farmacias ya no estar\u00edan al alcance de ninguna mujer, independientemente de su edad o sus circunstancias.
Un retroceso incre\u00edble si recordamos que, en esa d\u00e9cada, Chile fue el primer pa\u00eds de Latinoam\u00e9rica en instalar el Programa de Planificaci\u00f3n Familiar. El objetivo de ese Programa –seg\u00fan explica Soledad D\u00edaz, doctora e investigadora del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER)– fue “reducir la alta tasa de mortalidad por aborto, lo cual se logr\u00f3. El impacto de este Programa, en t\u00e9rminos de mortalidad materna e infantil, se destac\u00f3 a nivel mundial; por eso, el retroceso no es s\u00f3lo en t\u00e9rminos de salud, sino tambi\u00e9n para las parejas, familias y adem\u00e1s para los servicios p\u00fablicos de salud que consiguieron los retrocesos en las tasas de mortalidad infantil y materna”, plantea la profesional, conocida hoy por ser la responsable del equipo que redact\u00f3 esta nueva normativa sexual.
Rosa Y\u00e1nez, del Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, complementa lo dicho por la doctora D\u00edaz, reconociendo que el fallo en contra del Programa ser\u00eda un retroceso grav\u00edsimo en t\u00e9rminos de pol\u00edticas p\u00fablicas en salud sexual y reproductiva de la poblaci\u00f3n. “Implicar\u00eda un nuevo obst\u00e1culo para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas como derechos inherentes al conjunto de derechos humanos que todo Estado moderno tiene el deber de proteger, garantizar y promover”, aclar\u00f3.
Si se proh\u00edben estos m\u00e9todos, las principales perjudicadas ser\u00e1n las mujeres m\u00e1s necesitadas del pa\u00eds. Teresa Vald\u00e9s, soci\u00f3loga del Observatorio de G\u00e9nero y Equidad, puntualiza que son ellas las que viven mayores dificultades de negociaci\u00f3n en la intimidad, vulnerando el derecho a decidir cu\u00e1ntos hijos tener y cu\u00e1ndo, favoreciendo el aumento de los embarazos no deseados y de los abortos.
Las usuarias de anticonceptivos a nivel nacional en el sistema p\u00fablico de salud en el a\u00f1o 2005 ascendieron a 1 mill\u00f3n 435.948; el 54% de ellas usaba un dispositivo intrauterino (DIU), considerado un m\u00e9todo efectivo, seguro, de bajo costo y f\u00e1cil manejo. As\u00ed lo establece el informe “Impacto esperado en algunos indicadores de Salud P\u00fablica en Chile por el rechazo de la normativa en regulaci\u00f3n de la fecundidad del Ministerio de Salud de Chile”, del doctor Ramiro Molina Cartes. Desde el punto de vista de las pol\u00edticas p\u00fablicas el DIU tiene todas las ventajas: es econ\u00f3mico, de larga duraci\u00f3n y no tiene efectos sist\u00e9micos en el organismo de la usuaria.
Respecto a la PAE, Soledad D\u00edaz se\u00f1al\u00f3 que \u00e9ste es el \u00fanico m\u00e9todo existente que puede usarse despu\u00e9s de una relaci\u00f3n sexual no protegida para evitar un embarazo no deseado. Su importancia depende de que la gente la conozca y tenga f\u00e1cil acceso, porque hay un plazo breve para tomarla despu\u00e9s de la relaci\u00f3n sexual no protegida. “Debemos cautelar el derecho de las mujeres a tener un salvavidas disponible para cuando est\u00e9n cruzando el r\u00edo y no ahogarse”, indica.
En marzo del 2007 un grupo de 36 parlamentarios de derecha presentaron una solicitud ante el Tribunal Constitucional para que \u00e9ste declare inconstitucionales las Normas de Regulaci\u00f3n de la Fertilidad que rigen la pol\u00edtica en materia de derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud (MINSAL), vigentes desde octubre de 2006.
A juicio de los abogados que hicieron la reclamaci\u00f3n contra este decreto de salud, las Normas incluyen m\u00e9todos anticonceptivos supuestamente abortivos.
La impugnaci\u00f3n pedida por la abogada Carmen Dom\u00ednguez, acad\u00e9mica de la Escuela de Derecho de la Universidad Cat\u00f3lica y asesora de la Conferencia Episcopal, se refiere a que el mecanismo de acci\u00f3n de los dos m\u00e9todos –la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE) y el Dispositivo Intrauterino (DIU)– son id\u00e9nticos en cuanto que “ambos tienen por objeto producir una alteraci\u00f3n endometrial que act\u00faa finalmente impidiendo la anidaci\u00f3n del individuo ya concebido”.
La profesional se refiere al mismo dispositivo que fue autorizado por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) en los a\u00f1os 60 con el objetivo de frenar las cifras de mortandad de mujeres por embarazos no deseados, cuya tasa era de 118 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.
La doctora Soledad D\u00edaz es enf\u00e1tica: “Tenemos la certeza de que el levonorgestrel, usado como anticoncepci\u00f3n hormonal de emergencia, no tiene un efecto abortivo. Est\u00e1 claramente demostrado que este m\u00e9todo solo act\u00faa cuando se usa antes de que ocurra la fecundaci\u00f3n. Las publicaciones cient\u00edficas que avalan esta conclusi\u00f3n se encuentran en la bibliograf\u00eda incluida como anexo al final de las Normas”.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la Asociaci\u00f3n Chilena de Protecci\u00f3n de la Familia (APROFA), el ICMER y mujeres usuarias de m\u00e9todos anticonceptivos, se unieron en defensa de las Normas y presentaron sus alegatos en noviembre del a\u00f1o pasado.
Pese a las defensas jur\u00eddicas de cada organismo –que expusieron verdaderas clases magistrales ante los jueces del Tribunal Constitucional– persiste un fuerte temor respecto a la imparcialidad de algunos de sus miembros. Son diez ministros, s\u00f3lo una mujer, y dos de ellos, Ra\u00fal Bertelsen y Enrique Navarro, antes de integrar el TC, presentaron en 2003 un informe en contra de la pastilla anticonceptiva de emergencia. A juicio de la abogada Lidia Casas ellos no pueden ser “jueces ante una causa de la que fueron parte”. Junto con 26 parlamentarios, la experta elev\u00f3 una solicitud para que ambos profesionales se inhabiliten, pero a\u00fan est\u00e1n en dicho tribunal.
La decisi\u00f3n del TC es inapelable por lo que un fallo adverso del Tribunal Constitucional ser\u00eda tr\u00e1gico para el pa\u00eds e inexplicable, si recordamos que por primera vez en su historia, Chile tiene una mujer a la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, siendo la propia presidenta Michelle Bachelet la que, en su calidad de Ministra de Salud, en marzo de 2001 autoriz\u00f3 la comercializaci\u00f3n de la p\u00edldora de anticoncepci\u00f3n de emergencia (PAE).