“Aunque reconocemos el esfuerzo en el que nos comprometimos las legisladoras y en el que las organizaciones de mujeres y feministas ven\u00edan trabajando tambi\u00e9n, expresamos preocupaciones debido a la persistencia de las discriminaciones que afectan los derechos de las mujeres y los obst\u00e1culos que aparecen para la aplicaci\u00f3n de la Ley.” Con estas palabras Hilaria Supa, congresista del Partido Nacionalista, resume la situaci\u00f3n de la implementaci\u00f3n de la Ley de Igualdad de Oportunidades, a un a\u00f1o de haber sido promulgada por el Congreso como respuesta a la demanda hist\u00f3rica de las mujeres peruanas.
Por ser una Ley Marco, regula no s\u00f3lo el Plan de Igualdad de Oportunidades (en funcionamiento en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo, MIMDES) sino las acciones de las diferentes instancias del poder Ejecutivo, debiendo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sustentar anualmente ante el Pleno del Congreso de la Rep\u00fablica los avances en su cumplimiento.
En respuesta al pedido de las organizaciones Centro de la Mujer Peruana Flora Trist\u00e1n, Cladem-Per\u00fa, Demus, Movimiento El Pozo y Movimiento Manuela Ramos, de realizar ante el Congreso de la Rep\u00fablica el balance anual de los cumplimientos de la Ley de Igualdad de Oportunidades, el pasado mi\u00e9rcoles 23 de abril, acudieron al Parlamento el Primer Ministro, Jorge del Castillo y la Ministra del MIMDES, Susana Pinilla a exponer los avances en el primer a\u00f1o de implementaci\u00f3n. Durante el debate, las congresistas manifestaron su preocupaci\u00f3n por el grado de avance y exigieron el presupuesto requerido para llevar a cabo los cambios en las instituciones estatales que deben incorporar un an\u00e1lisis de g\u00e9nero.
La Ley de Igualdad de Oportunidades exige que sea evaluado el grado de cumplimiento de las leyes y pol\u00edticas dise\u00f1adas para el logro de la igualdad de las mujeres. Por ejemplo, la ley que promueve la educaci\u00f3n de la ni\u00f1a rural, la ley de protecci\u00f3n contra la violencia familiar, la ley contra el hostigamiento sexual, la ley contra la discriminaci\u00f3n, entre otras. Asimismo exige que la PCM d\u00e9 cuenta de las iniciativas legislativas a desarrollarse para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, tales como el derecho de la mujer a no ser discriminada por la orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero, a la educaci\u00f3n sexual, y a la salud sexual y reproductiva.
Al tratarse de una Ley marco que cost\u00f3 a\u00f1os de trabajo al activismo feminista nucleado en torno al MIO (Movimiento por la Igualdad de Oportunidades), la Comisi\u00f3n de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso de la Rep\u00fablica cre\u00f3 en septiembre del a\u00f1o pasado el “Grupo de Trabajo sobre Seguimiento a la Aplicaci\u00f3n de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” presidida por la Congresista Hilaria Supa.
Este grupo de trabajo present\u00f3 un informe en el cual se\u00f1ala los obst\u00e1culos que encuentran las instituciones del Estado para aplicar la Ley Marco, entre los que figura como principal problema, seg\u00fan explica la congresista, que “los principios de transversalizaci\u00f3n de la interculturalidad y equidad de g\u00e9nero no se perciben en las acciones implementadas durante el a\u00f1o, salvo algunas excepciones”. Adem\u00e1s de los problemas de presupuesto que dificultan la aplicaci\u00f3n de la Ley, “no se percibe una ruta com\u00fan y articulada hacia la eliminaci\u00f3n de las discriminaciones contra la mujer”, a\u00f1ade.
Pero lo que inquieta m\u00e1s de este balance es que el MIMDES, a pesar de su calidad de ente rector de la Ley de Igualdad de Oportunidades, est\u00e1 desintegrando el Programa sobre Violencia contra la Mujer, a contracorriente de la Ley. Otra de las preocupaciones de la congresista Supa es “no contar con el Informe del Ministerio de Salud para conocer c\u00f3mo el sector est\u00e1 implementando la Ley para resolver los problemas urgentes referentes a la salud de las mujeres, tales como el Protocolo para el aborto terap\u00e9utico, el Reglamento de Aplicaci\u00f3n de la Anticoncepci\u00f3n Oral de Emergencia, y todo lo relacionado al cumplimiento del Seguro Integral de Salud, para mujeres esterilizadas contra su voluntad”. Hilaria Supa, dirigente quechua-hablante de la provincia cusque\u00f1a de Anta, tuvo un rol protag\u00f3nico en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres de dicha localidad.
Por su parte, Mar\u00eda Esther Mogoll\u00f3n, asesora de la congresista Supa y activista del MAM (Movimiento Amplio de Mujeres), que lider\u00f3 el colectivo para la promulgaci\u00f3n de la Ley de Igualdad de Oportunidades y como tal fue parte del grupo de activistas que durante cuatro a\u00f1os se esforzaron por conseguir la Ley, considera que a un a\u00f1o de la promulgaci\u00f3n de la Ley, se han dado algunos pasos iniciales. “El Mimdes, por ejemplo, se ha visto obligado a continuar con su plan: ahora la ley proporciona m\u00e1s herramientas para que todos los ministerios se vean obligados a hacer pol\u00edticas”, declara. Sin embargo, hay algunos ministerios que todav\u00eda no se adecuan como los de Econom\u00eda y Justicia. “El propio MIMDES rebaja los programas de protecci\u00f3n de la mujer y se enfoca m\u00e1s en la ni\u00f1ez y la familia” se\u00f1ala, “pero con la ley se ven obligados a tener que trabajar por las mujeres y a exigir el presupuesto para ello”.
Para Mogoll\u00f3n el principal problema consiste en que faltan especialistas en el tema de g\u00e9nero en varios ministerios y los operadores no saben c\u00f3mo aplicar la ley. Por esta raz\u00f3n la Mesa de Seguimiento en la que ella tambi\u00e9n participa, ha decidido establecer claramente los indicadores que servir\u00e1n de gu\u00eda para evaluar un segundo a\u00f1o de la implementaci\u00f3n de la Ley. Lamentablemente, para este a\u00f1o ya no se podr\u00e1 hacer una evaluaci\u00f3n m\u00e1s profunda, precisamente por falta de indicadores. As\u00ed, se ha cumplido con elaborar informes en los gobiernos regionales y ministerios, pero las actividades no reflejan la importancia que tiene esta Ley. “Cada uno ha hecho lo que ha podido, todos han hecho talleres, por ejemplo, pero no se ve que el ente rector (MIMDES) haya establecido prioridades para trabajar en temas urgentes como el de la violencia contra la mujer” explica Mogoll\u00f3n. La Mesa de Seguimiento a la Ley, que funciona en el Congreso, se encuentra en estos momentos preparando los indicadores.
Una ley fundamental a pesar de las cr\u00edticas<\/B>