El Consejo Consultivo de G\u00e9nero y Salud de las Mujeres del Ministerio de Salud tendr\u00e1 una nueva reuni\u00f3n en el mes de septiembre. Esta vez la conversaci\u00f3n se centrar\u00e1 en el dise\u00f1o de la pol\u00edtica ministerial de g\u00e9nero para el pr\u00f3ximo per\u00edodo de gobierno, donde se espera incorporar la voz de la sociedad civil. Todo un desaf\u00edo en una in\u00e9dita experiencia de trabajo conjunto.
Debido a que es una experiencia nueva, los desaf\u00edos han sido significativos. El Consejo Consultivo de G\u00e9nero y Salud de las Mujeres tuvo una activa participaci\u00f3n cuando se conoci\u00f3 el fallo del Tribunal Constitucional que prohibi\u00f3 la distribuci\u00f3n de la p\u00edldora del d\u00eda despu\u00e9s en los consultorios p\u00fablicos del pa\u00eds. En esa oportunidad hubo total sinton\u00eda entre las demandas de la sociedad civil y el Ministerio de Salud. Sin embargo, el trabajo conjunto del Consejo ha tenido sus matices.
En sus or\u00edgenes, la convocatoria y proceso de constituci\u00f3n de diversos Consejos se inscribieron en el marco de la agenda Pro Participaci\u00f3n Ciudadana inaugurada por la Presidenta Michelle Bachelet en septiembre del 2006, cuya orientaci\u00f3n refleja la voluntad pol\u00edtica de compartir progresivamente con la ciudadan\u00eda capacidades en la toma de decisiones.
Con la agenda Pro Participaci\u00f3n como tel\u00f3n de fondo, el Ministerio de Salud, en un esfuerzo por hacer efectivo el discurso de la participaci\u00f3n ciudadana, plante\u00f3 la conformaci\u00f3n de un Consejo Consultivo de G\u00e9nero y Salud de las Mujeres. Esta decisi\u00f3n fue resultado de la ley de reforma de la salud que instal\u00f3 diversos mecanismos de participaci\u00f3n a nivel de la autoridad sanitaria en las regiones, en los consejos asesores de las Seremis (Secretar\u00edas Regionales Ministeriales) de Salud y en los consejos de desarrollo que se crearon a nivel de las redes asistenciales, hospitales y consultorios.
“El Consejo tiene un car\u00e1cter consultivo pese a que, dada la pol\u00edtica de participaci\u00f3n del Ministerio de Salud, se les ha dado un impulso para que empiecen a tener mayores niveles de participaci\u00f3n”, explica Marisa Matamala, integrante del Consejo desde el Ministerio de Salud.
El mismo se ha reunido tres veces y en septiembre pr\u00f3ximo tendr\u00e1 un nuevo encuentro. El desaf\u00edo est\u00e1 en promover una relaci\u00f3n m\u00e1s horizontal para dejar atr\u00e1s la tradicional forma de interacci\u00f3n que el Ministerio de Salud ha tenido con las organizaciones sociales. “Estas relaciones siempre se han dado en una situaci\u00f3n de verticalidad donde el Ministerio cuenta lo que hace y convoca a apoyarlo,” comenta Matamala.
Las reuniones del Consejo buscan intercambiar visiones, construir espacios y definir claramente en cu\u00e1les de \u00e9stos es posible trabajar de forma conjunta. “El desaf\u00edo es ir pasando de una participaci\u00f3n consultiva a una participaci\u00f3n cada vez m\u00e1s deliberativa y en lo posible hacia una participaci\u00f3n vinculante”, precisa la funcionaria.
Para Adriana G\u00f3mez Mu\u00f1oz, coordinadora de comunicaciones de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, integrante del Consejo Consultivo, sin duda, \u00e9sta ha sido una instancia de participaci\u00f3n importante, “pues reconoce este enfoque como uno de los determinantes sociales de la salud integral de las mujeres, demostrando la voluntad de hacer del g\u00e9nero un elemento de an\u00e1lisis para el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas. Fueron convocadas organizaciones de la sociedad civil con trabajo en esta \u00e1rea, reconocimiento que tambi\u00e9n debe ser destacado”.
Sin embargo –precisa– “estas organizaciones tienen una mirada cr\u00edtica respecto de su capacidad real para poner en discusi\u00f3n, en el \u00e1mbito del Consejo, sus propias agendas y no s\u00f3lo las del gobierno, pues efectivamente el car\u00e1cter de este Consejo es, como su nombre lo dice, s\u00f3lo consultivo, lo que nos parece insuficiente”.
Marisa Matamala comprende que la sociedad civil pueda tener una evaluaci\u00f3n diferente de esta instancia, sin embargo explica que desde la institucionalidad “valoramos este espacio porque implica un proceso de cambio cultural, donde se incorpora una nueva mirada hacia lo que es y significa la participaci\u00f3n”. De hecho, algunos profesionales ministeriales tienen cierto temor a enfrentarse a esta sociedad civil empoderada porque no ha sido esa la historia del Ministerio. A su vez, se produce un inter\u00e9s cada vez mayor por ocupar un espacio y ser parte de este proceso que es nuevo en materia de participaci\u00f3n.
Un caso que llama a la reflexi\u00f3n <\/B>
Organizaciones integrantes del Consejo Consultivo, hizo p\u00fablico su cuestionamiento al Ministerio de Salud por la publicidad y cobertura que hubo respecto a dos casos en que mujeres interrumpieron recientemente un embarazo, a pesar de estar prohibido y penalizado. El primer caso fue una estudiante universitaria en la ciudad de Concepci\u00f3n y el segundo, una adolescente de Santiago. Ambas llegaron a atenderse en servicios de urgencia de hospitales p\u00fablicos tras sufrir una hemorragia despu\u00e9s de utilizar Misotrol para abortar.
“La difusi\u00f3n de los casos a trav\u00e9s de medios de comunicaci\u00f3n, con lujo de detalles e identificando a las personas involucradas, debe haber surgido tras la denuncia en los mismos establecimientos hospitalarios. Como integrantes del Consejo Consultivo, entregamos al Ministerio de Salud una carta de rechazo pues se ha irrespetado el Ordinario N\u00ba 1675, del 24 de abril de 2009, firmado por el Ministro \u00c1lvaro Erazo, que instruye a los Directores de Servicios de Salud sobre la necesidad de otorgar atenci\u00f3n humanizada a mujeres hospitalizadas con complicaciones de aborto, tomando en cuenta las disposiciones del sistema internacional de derechos humanos ratificadas por el Estado Chileno, el articulado del Programa de Acci\u00f3n de la Conferencia de El Cairo, al igual que lo dispuesto en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado chileno”, aclara Adriana G\u00f3mez.
El art\u00edculo 15 de la Convenci\u00f3n contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece que “ninguna declaraci\u00f3n que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ning\u00fan procedimiento”. Lo anterior es especialmente relevante en los casos de mujeres que requieren atenci\u00f3n m\u00e9dica por complicaciones de salud asociadas a la realizaci\u00f3n de abortos. Dicha situaci\u00f3n ha sido incluida dentro de las preocupaciones del Comit\u00e9 contra la Tortura de Naciones Unidas (previsto y creado en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 17 de la Convenci\u00f3n) a respecto de Chile, lo cual ha significado incluirla en el informe del pa\u00eds, as\u00ed como la formulaci\u00f3n de recomendaciones relacionadas.
En el documento se establece que la denuncia por parte del equipo m\u00e9dico es una acci\u00f3n que vulnera las normas de la Convenci\u00f3n Contra la Tortura y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en lo que respecta al derecho a la salud y la garant\u00eda de un proceso justo.
Para Adriana G\u00f3mez, la denuncia que hicieron como organizaciones de la sociedad civil es “una muestra fehaciente de ese rol fiscalizador o de vigilancia ciudadana que estamos en capacidad de desarrollar, sobre todo porque dicho Ordinario responde a una demanda largamente impulsada por el movimiento de mujeres en Chile enmarcada en derechos humanos consagrados”.
En esta coyuntura, Marisa Matamala aclara que los hospitales del pa\u00eds atienden semanalmente decenas de casos como los difundidos en los medios, y la tendencia y la actitud es a no denunciar, salvo escasas excepciones que pueden darse por uno o dos m\u00e9dicos integrantes del Opus Dei.
En este caso puntual, explic\u00f3, la violaci\u00f3n de la confidencialidad no provino de los equipos de salud, sino que la filtraci\u00f3n fue desde las fiscal\u00edas nacionales. Las y los expertos que trabajan en el servicio p\u00fablico cuentan que para ellas\/os, la confidencialidad es b\u00e1sica. No obstante, cuando llega una mujer con riesgo de vida y muere, ese m\u00e9dico es denunciado y va la c\u00e1rcel si no hizo la denuncia previamente. No tiene escapatoria. Entonces, lo que hace falta es resolver la colisi\u00f3n de poderes que se refleja claramente en los hechos recientes. “Por un lado, est\u00e1 el Comit\u00e9 contra la Tortura y la disposici\u00f3n legal emitida por el Ministerio. Sin embargo, existe una legalidad que establece que todo caso de aborto es un delito”, relat\u00f3 Matalama, por lo tanto, no es el Ministerio de Salud el que debe ser juzgado. “Su personal est\u00e1 en una tendencia progresista, pero enmarcado por esta ley que impide resolver esta colisi\u00f3n entre la disposici\u00f3n jur\u00eddico legal del Ministerio y la legalidad vigente en todo el pa\u00eds”, indic\u00f3.
Desde un rol consultivo hacia uno resolutivo<\/B>
Las organizaciones de la sociedad civil cuestionan el car\u00e1cter consultivo del Consejo y desean contar con una instancia resolutiva. “En cuanto al rol fiscalizador respecto de pol\u00edticas y normativas sanitarias, creo que efectivamente podemos y debemos ejercerlo. La vigilancia ciudadana es una estrategia indispensable para reforzar la democracia”, precisa G\u00f3mez.
Sin embargo, no se pueden negar ejemplos que van en esa direcci\u00f3n. Uno de ellos tuvo que ver con la formulaci\u00f3n de una pol\u00edtica de violencia de g\u00e9nero en el Ministerio de Salud. Habitualmente las pol\u00edticas son dirigidas por equipos t\u00e9cnicos con consultas a expertos y expertas. En este caso, cuenta Matamala, desde el inicio se incorporaron propuestas de la sociedad civil y su formulaci\u00f3n es una labor conjunta del Ministerio de Salud con un aporte sustantivo de la sociedad civil.
La meta para fin de a\u00f1o es formular una pol\u00edtica ministerial de g\u00e9nero con la participaci\u00f3n de los organismos civiles. “Al igual que en la oportunidad anterior, para iniciar todo el proceso dentro de la instituci\u00f3n contactamos a la sociedad civil primero. La semana pasada entregaron una propuesta que est\u00e1 siendo discutida por los equipos. Esperamos contar al fin del per\u00edodo de gobierno, con una pol\u00edtica que asegure o intente asegurar la sustentabilidad de este proceso”, comenta Matamala.
Pese a las diversas posiciones, sin duda, \u00e9sta es una de las pocas experiencias que ha generado redes y verdaderas posibilidades de que la sociedad civil pueda incidir en las pol\u00edticas p\u00fablicas del Ministerio de Salud. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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