El pasado 20 de octubre, la Corte Constitucional de Colombia declar\u00f3 una nueva Sentencia, la T-388 de 2009, en la cual manifiesta los derechos de las mujeres para poder decidir en libertad sobre la interrupci\u00f3n voluntaria de sus embarazos, la obligatoriedad del Estado de mantener informada a la poblaci\u00f3n sobre este derecho y el deber de las instituciones de salud de prestar el servicio sin coerci\u00f3n ni manipulaci\u00f3n en los casos despenalizados por la ley, vigentes en la Sentencia C-355 de 2006: en casos de violaci\u00f3n, malformaciones fetales incompatibles con la existencia y riesgo para la vida de la madre.
No obstante, en menos de 24 horas de conocido el fallo de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado expide un Auto en el cual se suspende temporalmente la vigencia del Decreto 4444 de 2006 del Ministerio de la Protecci\u00f3n. Este decreto tiene el objetivo de precisar algunas cuestiones relativas en la prestaci\u00f3n de los servicios de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo (IVE) de acuerdo con el Sistema de Seguridad Social y de Salud y los par\u00e1metros dados por la OMS en relaci\u00f3n con los servicios de interrupci\u00f3n del embarazo. Es importante aclarar que el Auto no tiene efecto sobre el fallo ya proferido por la Corte Constitucional en el 2006, la cual adem\u00e1s es clara al afirmar que el acceso a la IVE es inmediato a la publicaci\u00f3n de la sentencia y no es dependiente de ninguna reglamentaci\u00f3n.
Como pa\u00f1o de fondo para la nueva Sentencia de la Corte Constitucional, se encuentran las m\u00faltiples denuncias realizadas por diversas organizaciones – en las que se destacan las realizadas por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres – que han puesto en evidencia los obst\u00e1culos que vienen presentando en Colombia las mujeres que solicitan servicios de IVE en los t\u00e9rminos sancionados por la Sentencia C-355 de 2006.
A manera de ilustraci\u00f3n de este tipo de casos, circul\u00f3 recientemente por los medios de comunicaci\u00f3n el caso de una ni\u00f1a de 13 a\u00f1os que qued\u00f3 embarazada despu\u00e9s de sufrir abuso sexual en diciembre del 2006. A la menor le fueron negados los servicios de IVE, raz\u00f3n por la cual tuvo que llevar su embarazo a t\u00e9rmino. Pese a sus esfuerzos y a que demand\u00f3 por medio de una Tutela, la madre de la menor no pudo obtener acceso a los servicios de IVE para su hija, a pesar de que en el pa\u00eds ya estaba despenalizado el aborto cuando el embarazo resulta de una violaci\u00f3n. El caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, \u00f3rgano que orden\u00f3 al Gobierno de Colombia, en el mes de septiembre de 2009, proteger la vida de la ni\u00f1a y asegurar los tratamientos m\u00e9dicos que necesita para proteger su salud f\u00edsica y mental, debido a que sufri\u00f3 el contagio de una infecci\u00f3n de transmisi\u00f3n sexual y a los problemas emocionales surgidos del abuso.
El otro caso que est\u00e1 asociado con el pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional se relaciona con la historia de una mujer en la ciudad de Santa Marta, a la cual tambi\u00e9n le fue negado inicialmente el acceso a servicios de IVE, pese a que pose\u00eda un embarazo caracterizado por la malformaci\u00f3n del feto incompatible con la vida extrauterina. El compa\u00f1ero de esta mujer interpuso una acci\u00f3n tutelar en el 2006 para reclamar el amparo de sus derechos fundamentales. Es en el marco de la revisi\u00f3n de esta Tutela que la Corte Constitucional no s\u00f3lo ratifica la Sentencia C-355 de 2006, sino que hace aclaraciones fundamentales en relaci\u00f3n a: la vigencia del fallo constitucional, el car\u00e1cter individual de la objeci\u00f3n de conciencia, la obligaci\u00f3n de las instituciones de salud de ofrecer servicios seguros y de no imponer obst\u00e1culos a las mujeres, y la obligaci\u00f3n del Estado de difundir ampliamente informaci\u00f3n sobre la IVE.
A continuaci\u00f3n, son destacadas algunas de las ideas generales sobre el derecho de las mujeres a la IVE en la Sentencia T-388 de 2009:
Sobre el derecho a la autonom\u00eda y el acceso a la informaci\u00f3n:
“Las mujeres gozan del derecho a decidir libres de presi\u00f3n, coacci\u00f3n, apremio, manipulaci\u00f3n y, en general, cualquier suerte de intervenciones inadmisibles respecto de la interrupci\u00f3n voluntaria de su embarazo”.
“Todas las mujeres deben poder contar con la informaci\u00f3n suficiente, amplia y adecuada que les permita ejercer a cabalidad y en libertad sus derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye, el derecho a estar plenamente enteradas respecto de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006”.
Sobre la obligatoriedad del acceso universal y la no discriminaci\u00f3n de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo ni de los profesionales que intervienen:
“Ni las mujeres que optan por interrumpir voluntariamente su embarazo bajo las hip\u00f3tesis previstas en la sentencia C-355 de 2006, ni quienes atienden su solicitud, pueden ser v\u00edctimas de discriminaci\u00f3n o de pr\u00e1cticas que limiten de alguna forma o impidan su acceso al lugar de trabajo o a centros educativos o su afiliaci\u00f3n al sistema general de salud o riesgos profesionales”.
“Ninguna entidad prestadora de salud – sea p\u00fablica o privada, confesional o laica – puede negarse a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo cuando la mujer se encuentra bajo los supuestos establecidos en la sentencia C-355 de 2006 – cualquiera que sea el tipo de afiliaci\u00f3n a la seguridad social que tenga la mujer y con independencia de su condici\u00f3n social, econ\u00f3mica, edad, capacidad de pago, orientaci\u00f3n sexual o etnia -.”
Asimismo prohibi\u00f3 “elevar obst\u00e1culos, exigencias o barreras adicionales a las establecidas en la sentencia C-355 de 2006”. En ese caso, la Sentencia T-388 presenta una lista de requisitos que no deben suceder por ser procedimientos arbitrarios que obstaculizan el acceso de las mujeres a la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo:
Realizar juntas m\u00e9dicas, de revisi\u00f3n o de aprobaci\u00f3n por auditores, que ocasionan tiempos de espera injustificados para la pr\u00e1ctica del aborto inducido.
Impedir a las menores de 14 a\u00f1os en estado de gravidez exteriorizar libremente su consentimiento para efectuar la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo, cuando sus progenitores o representantes legales no est\u00e1n de acuerdo con dicha interrupci\u00f3n.
Imponer requisitos adicionales, como exigir dict\u00e1menes de medicina forense; \u00f3rdenes judiciales; ex\u00e1menes de salud que no son practicados de manera oportuna; autorizaci\u00f3n por parte de familiares, asesores jur\u00eddicos, auditores, m\u00e9dicos y pluralidad de galenos.
Alegar objeci\u00f3n de conciencia colectiva que desencadena, a su turno, objeciones de conciencia, institucionales e infundadas.
Suscribir pactos – individuales o conjuntos – para negarse a practicar la interrupci\u00f3n del embarazo.
Acogerse a formatos o plantillas de adhesi\u00f3n que lleve a que las entidades hospitalarias no cuenten en su planta de personal con m\u00e9dicos dispuestos a prestar los servicios de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo.
Descalificar conceptos m\u00e9dicos expedidos por psic\u00f3logos, a quienes la Ley 1090 de 2006 les reconoce el status de profesionales de la salud.
Ser reticentes en cumplir a cabalidad con las reglas para remitir oportunamente a otras instituciones de salud cuando los servicios m\u00e9dicos no est\u00e1n disponibles en el centro hospitalario al que acude la paciente.
No disponer del servicio de interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo dentro de algunas redes p\u00fablicas de prestadores del servicio de salud en los niveles departamental, distrital y municipal.
Incluir orientaciones sobre IVE en las instituciones de educaci\u00f3n <\/I><\/B>
La Corte orden\u00f3, en un plazo m\u00e1ximo de tres meses, “al Ministerio de la Protecci\u00f3n Social as\u00ed como al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Defensor\u00eda del Pueblo para que de manera pronta, constante e insistente dise\u00f1en y pongan en movimiento campa\u00f1as masivas de promoci\u00f3n de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos y, en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006”.
Esta parte del pronunciamiento de la Corte suscit\u00f3 una fuerte pol\u00e9mica, especialmente en lo relacionado con el Ministerio de Educaci\u00f3n, en el sentido de incluir el tema de la IVE en la c\u00e1tedra de educaci\u00f3n sexual y en todas las acciones educativas que se dan en estos temas en los colegios y escuelas.
La pol\u00e9mica que fue difundida por varios medios de comunicaci\u00f3n como “c\u00e1tedra de aborto en los colegios”, haciendo eco a las palabras de Ord\u00f3\u00f1ez, Procurador General de la Naci\u00f3n, conocido contradictor de la despenalizaci\u00f3n del aborto, ha suscitado una protesta de diversos sectores conversadores. Seg\u00fan El Tiempo, principal diario colombiano, “La Confederaci\u00f3n de Colegios Cat\u00f3licos dijo que no obedecer\u00eda la norma y el Secretario General de la Conferencia Episcopal, Monse\u00f1or Juan Vicente C\u00f3rdoba Villota, ratific\u00f3 esta posici\u00f3n: ‘Los educadores cat\u00f3licos no vamos a ense\u00f1ar eso’. A esta posici\u00f3n se sumaron rabinos y l\u00edderes cristianos”.
Asimismo, en la p\u00e1gina oficial de la Arquidi\u00f3cesis de Bogot\u00e1 se resaltan declaraciones del Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia en la que afirma:
“Como Iglesia de Colombia rechazamos en forma enf\u00e1tica ese pronunciamiento”.
“Estoy unido a los pastores cristianos y los rabinos, act\u00fao como vocero de ellos en este momento para rechazar enf\u00e1ticamente que se ense\u00f1e en los colegios que el aborto es un derecho. El aborto sigue siendo un delito”.
Asegur\u00f3 adem\u00e1s que ese tipo de educaci\u00f3n en los colegios ir\u00eda a “formar a nuestros ni\u00f1os en el derecho a la objeci\u00f3n de conciencia”.
Se polariza el debate en las instituciones del Estado<\/I><\/B>