El acceso a la anticoncepci\u00f3n oral de emergencia en el Per\u00fa es ahora un privilegio y no un derecho. El Tribunal Constitucional de ese pa\u00eds prohibi\u00f3 su distribuci\u00f3n gratuita en los establecimientos p\u00fablicos de salud, medida que discrimina a miles de mujeres en situaci\u00f3n de pobreza.
Seg\u00fan la evaluaci\u00f3n de organizaciones feministas, el fallo responder\u00eda a la presi\u00f3n de representantes de sectores contrarios a los derechos sexuales y reproductivos, quienes tambi\u00e9n pretendieron – sin \u00e9xito – impedir que la Comisi\u00f3n Revisora del C\u00f3digo Penal incluyese las modalidades de aborto eugen\u00e9sico y por violaci\u00f3n entre las causales de despenalizaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n voluntaria del embarazo.
Agrupaciones defensoras de los derechos de la mujer se\u00f1alaron que la sentencia excluye a las mujeres pobres del acceso a la anticoncepci\u00f3n oral de emergencia (AOE). El rechazo es compartido con sociedades cient\u00edficas, organizaciones ciudadanas, e incluso un importante sector de funcionarios del gobierno.
El decano del Colegio M\u00e9dico del Per\u00fa, Julio Castro G\u00f3mez, consider\u00f3 que la prohibici\u00f3n de la distribuci\u00f3n gratuita de la p\u00edldora del d\u00eda siguiente es una medida lamentable que contraviene el deber del Estado de brindar protecci\u00f3n y bienestar a ciudadanas y ciudadanos.
“Es una hipocres\u00eda que s\u00f3lo las mujeres que tienen recursos econ\u00f3micos puedan adquirir los anticonceptivos de emergencia en las farmacias, mientras las mujeres pobres, que son las que acuden a los establecimientos del Ministerio de Salud, se vean privadas de evitar un embarazo no deseado, el cual muchas veces puede ser producto de la violencia sexual”, afirm\u00f3.
Injerencia confesional al descubierto<\/B>
Por su parte, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecolog\u00eda, ha publicado en su pagina web argumentos cient\u00edficos que sustentan el uso de la AOE y que desmienten su supuesto efecto abortivo con el fin de que las personas puedan formarse una opini\u00f3n. “Respetamos que exista gente que no desea usar este tipo de anticoncepci\u00f3n, as\u00ed est\u00e9 demostrado que no es abortiva. Pero no concordamos en que se quiera prohibir su uso. Si el rechazo al m\u00e9todo se basa en alg\u00fan tipo de convicci\u00f3n o creencia religiosa, \u00e9sta no puede ser impuesta por la fuerza al resto de la sociedad, la cual debe ser libre de escoger su opci\u00f3n”, se\u00f1al\u00f3 la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecolog\u00eda, en un sustento t\u00e9cnico que present\u00f3 ante el Tribunal Constitucional antes de la emisi\u00f3n del cuestionado fallo.
El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, tambi\u00e9n aludi\u00f3 a injerencias confesionales en el desconcertante fallo del Tribunal Constitucional, en vista de que en el 2006 esa misma instancia jurisdiccional emiti\u00f3 un pronunciamiento diametralmente opuesto, al ordenar que la AOE deb\u00eda distribuirse gratuitamente, tras descartar, con base a evidencia cient\u00edfica, que \u00e9sta tenga efecto abortivo. “El fallo del Tribunal Constitucional guarda perfecta armon\u00eda con el derecho religioso o eclesi\u00e1stico”, ironiz\u00f3.
El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), entre otras organizaciones feministas, sostiene que la sentencia del Tribunal Constitucional es insensible al drama de las mujeres v\u00edctimas de violaciones sexuales y a la situaci\u00f3n de aquellas que tienen embarazos no deseados, vi\u00e9ndose obligadas a recurrir a abortos inseguros que colocan en riesgo su vida y su salud.
Acceso a la AOE reduce abortos<\/B>
Est\u00e1 demostrado que el uso de la AOE reduce la cantidad de abortos, afirma un comunicado de DEMUS en base con un estudio realizado en el 2006 por la antrop\u00f3loga y dem\u00f3grafa Delicia Ferrando. Seg\u00fan esta investigaci\u00f3n, el uso de la AOE permiti\u00f3 evitar por lo menos 32 mil embarazos no deseados entre el 2002, a\u00f1o de su lanzamiento al mercado, y diciembre del 2006.
En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Salud, Oscar Ugarte, quien ha se\u00f1alado enf\u00e1ticamente que la p\u00edldora del d\u00eda siguiente no es abortiva y que impedir su distribuci\u00f3n contribuye al aborto ilegal. Es necesario resaltar que en el Per\u00fa se realizan un promedio de 371 mil abortos clandestinos cada a\u00f1o, constituyen una importante causa de mortalidad y morbilidad para las mujeres.
La Ministra de la Mujer, Nidia V\u00edlchez, tambi\u00e9n ha resaltado el car\u00e1cter injusto y discriminatorio de la sentencia del Tribunal Constitucional en relaci\u00f3n a las mujeres m\u00e1s pobres. Seg\u00fan datos del Ministerio de Salud, desde el 2006 hasta la fecha se han repartido 95.880 tabletas anticonceptivas de emergencia, principalmente en los distritos m\u00e1s pobres de Lima y en regiones del interior con significativa poblaci\u00f3n rural. Actualmente la AOE se puede adquirir en las farmacias bajo prescripci\u00f3n m\u00e9dica a un precio de 10 d\u00f3lares aproximadamente, valor que dificulta su compra para las mujeres con menores recursos econ\u00f3micos.
Mujeres preparan estrategias<\/B>
Mientras tanto, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres eval\u00faan la posibilidad de entablar una acusaci\u00f3n constitucional contra los magistrados del Tribunal que prohibieron la distribuci\u00f3n gratuita de la AOE desconociendo que se trata de un m\u00e9todo anticonceptivo que forma parte del ejercicio efectivo del derecho a la salud de las mujeres.
Paralelamente, estas organizaciones adelantan las gestiones necesarias para iniciar acciones en instancias internacionales, en vista que el referido fallo contraviene los mandatos de convenciones y tratados de car\u00e1cter vinculante suscritos por el Per\u00fa. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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