En el Per\u00fa, el aborto terap\u00e9utico fue despenalizado en 1924. El art\u00edculo 119 del C\u00f3digo Penal establece que “no es punible el aborto practicado por un m\u00e9dico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el \u00fanico medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. A pesar de esto, a las mujeres peruanas a\u00fan se les niega este derecho ya que no existen directivas de las autoridades correspondientes que regulen esta pr\u00e1ctica.
En octubre de 2004, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomend\u00f3 al Estado peruano adoptar medidas para la implementaci\u00f3n del aborto terap\u00e9utico en los establecimientos p\u00fablicos de salud. El dictamen fue motivado por el caso de K.L., una adolescente de 16 a\u00f1os que sufri\u00f3 grave da\u00f1o ps\u00edquico por tener que llevar a t\u00e9rmino el embarazo de un feto anencef\u00e1lico, pese a que una junta m\u00e9dica hab\u00eda recomendado su interrupci\u00f3n.
Han transcurrido cinco a\u00f1os desde entonces sin que el Ministerio de Salud haya aprobado una gu\u00eda t\u00e9cnica nacional que facilite la aplicaci\u00f3n del aborto terap\u00e9utico en los hospitales del sector. Muchos m\u00e9dicos y directores de establecimientos de salud se niegan a realizar esta pr\u00e1ctica por temor a verse involucrados en denuncias penales, debido a la ausencia de un reglamento que los respalde.
Al respecto, Jeannette Llaja, abogada feminista y directora de la organizaci\u00f3n DEMUS — Estudio para la defensa de los Derechos de la Mujer<\/A><\/U>, declara que “la resistencia de las autoridades peruanas frente a la recomendaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas implica el incumplimiento de un compromiso adquirido ante la comunidad internacional, que pone en tela de juicio la vigencia del estado de derecho en lo concerniente a la protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos reproductivos de las mujeres”<\/I>. La soluci\u00f3n al vac\u00edo normativo en torno a la aplicaci\u00f3n del aborto terap\u00e9utico se ha convertido en una demanda permanente para las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el \u00faltimo quinquenio, sin encontrar eco en los representantes del gobierno. Indiferencia estatal sigue vulnerando los derechos de las mujeres<\/B> La gestaci\u00f3n de un feto anencef\u00e1lico es una de las causas en las que es procedente la interrupci\u00f3n legal del embarazo debido al efecto devastador para la salud mental de la gestante que implica llevarlo a t\u00e9rmino. Sin embargo, el Estado peruano sigue siendo indiferente ante la presencia de estos casos, permitiendo que se repita el drama vivido por K.L. y muchas otras mujeres que, en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, han tenido que llevar a t\u00e9rmino embarazos en los que no existen posibilidades de que el feto viva por fuera del \u00fatero, afirm\u00f3 la directora de DEMUS. Seg\u00fan datos oficiales, entre el 2005 y 2008 se registraron 121 partos de fetos anencef\u00e1licos en los hospitales de todo el pa\u00eds. “Este hecho demuestra la indolencia del Estado frente a los derechos de las mujeres, en tanto estos embarazos da\u00f1an la salud integral de las madres y afectan su calidad de vida. En estos casos, el aborto terap\u00e9utico es la \u00fanica forma de evitar da\u00f1os graves y permanentes a la salud mental de las gestantes”<\/I>, declar\u00f3. El impacto para las gestantes de negar el aborto legal en casos de embarazos de feto anencef\u00e1lico es analizado en el documento Justicia de G\u00e9nero, aborto terap\u00e9utico y salud mental<\/A><\/U><\/I>, publicado por DEMUS, donde se se\u00f1ala que estos embarazos, por s\u00ed solos, ponen en riesgo la integridad f\u00edsica y mental de las mujeres. Cuando las mujeres son obligadas a llevar estos embarazos a t\u00e9rmino, afirma el documento, ellas son sometidas a un tipo de violencia ps\u00edquica que les puede provocar grave da\u00f1o ps\u00edquico y en sus proyectos de vida como mujeres. El pronunciamiento del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el caso K.L. ha permitido ampliar la interpretaci\u00f3n sobre este tema, afianzando el concepto del derecho a la salud integral de la gestante. El dictamen tambi\u00e9n constituye un hito importante para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos porque permite desvirtuar argumentos procedentes de sectores conservadores que sostienen que la anencefalia no configura un caso de aborto terap\u00e9utico, sino de aborto eugen\u00e9sico, penalizado por la ley peruana. Con el fin de darle una salida a este vac\u00edo legal, en 2005 nueve sociedades m\u00e9dicas convocadas por el Colegio M\u00e9dico del Per\u00fa y la Sociedad Peruana de Ginecolog\u00eda y Obstetricia se reunieron para determinar las situaciones en las que es procedente el aborto terap\u00e9utico. Casos como insuficiencia renal, hep\u00e1tica y cardiaca cr\u00f3nica, e hipertensi\u00f3n y neoplasias diversas figuran entre las condiciones que ameritan interrumpir el embarazo en salvaguarda de la vida y salud de la mujer. Tambi\u00e9n se incluyeron los casos de psicosis post puerperal y embarazo causado por violaci\u00f3n sexual, pues se considera que este \u00faltimo puede ocasionar estr\u00e9s post traum\u00e1tico, depresi\u00f3n, conducta violenta, e incluso suicidio. Negativa al aborto terap\u00e9utico es discriminatoria<\/B> Poco despu\u00e9s de la resoluci\u00f3n del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la necesidad de facilitar el aborto terap\u00e9utico, un nuevo caso moviliz\u00f3 a la opini\u00f3n p\u00fablica nacional y expuso la falta de voluntad pol\u00edtica de las autoridades peruanas para defender los derechos humanos de las mujeres. L.C., adolescente de 14 a\u00f1os que qued\u00f3 embarazada luego de reiteradas violaciones sexuales, intent\u00f3 suicidarse saltando desde un edificio contiguo a su casa ubicada en un barrio pobre de la regi\u00f3n del Callao. El impacto de la ca\u00edda le caus\u00f3 graves da\u00f1os en la columna vertebral que deb\u00edan ser atendidos quir\u00fargicamente; sin embargo, los m\u00e9dicos que la atendieron se rehusaron a practicarle la intervenci\u00f3n debido a su embarazo. L.C. tuvo un aborto espont\u00e1neo a causa de la gravedad de su estado f\u00edsico y emocional. Posteriormente fue operada de la columna, pero debido al tiempo transcurrido entre el accidente y la intervenci\u00f3n, el tratamiento no tuvo el efecto esperado, por lo que la adolescente qued\u00f3 en un estado de par\u00e1lisis permanente. La negligencia en el caso de L.C. fue denunciada en junio de 2009 ante el Comit\u00e9 de Naciones Unidas para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (CEDAW)<\/A><\/U>. En la denuncia se argument\u00f3 que este era un caso de discriminaci\u00f3n por g\u00e9nero, puesto que “Los m\u00e9dicos que le negaron a L.C. la atenci\u00f3n que requer\u00eda para atenuar el da\u00f1o sufrido en su columna vertebral valoraron m\u00e1s su rol reproductivo que su salud integral y su proyecto de vida como ser humano”<\/I>, afirm\u00f3 Susana Ch\u00e1vez, directora del Centro de Promoci\u00f3n de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)<\/A><\/U>, instituci\u00f3n que asumi\u00f3 el acompa\u00f1amiento del caso. Esta acci\u00f3n a\u00fan est\u00e1 en curso. Avances y retrocesos <\/B> Durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os organizaciones feministas y de derechos humanos han luchado por la aprobaci\u00f3n del protocolo de aborto terap\u00e9utico; detenido por la presi\u00f3n de sectores conservadores de la sociedad peruana. En marzo de 2008, durante la gesti\u00f3n de la ministra de Salud Pilar Mazzetti, el Instituto Materno Perinatal logr\u00f3 la aprobaci\u00f3n de un protocolo nacional para la interrupci\u00f3n de embarazos menores de 22 semanas; no obstante, pocos d\u00edas despu\u00e9s esta gu\u00eda fue desestimada por las autoridades de Salud que cedieron ante las cr\u00edticas de la Iglesia Cat\u00f3lica. El actual ministro de salud, Oscar Ugarte, prometi\u00f3 que la norma t\u00e9cnica ser\u00eda aprobada antes del mes de agosto de este a\u00f1o, pero los resultados de esa gesti\u00f3n a\u00fan son esperados. Ante esta situaci\u00f3n, algunos hospitales formularon sus propios protocolos para la interrupci\u00f3n legal del embarazo, con la finalidad de dar respuesta efectiva a las necesidades de sus usuarias y garantizar sus derechos. Actualmente 13 establecimientos de salud en Lima y provincias cuentan con normas internas sobre este tema, empero, estas medidas no suplen la necesidad de una gu\u00eda nacional. Por su parte, organizaciones civiles que defienden los derechos sexuales y reproductivos se han adherido a las iniciativas del Grupo Impulsor de la Campa\u00f1a 28 de Septiembre en Per\u00fa “D\u00eda por la despenalizaci\u00f3n del aborto en Am\u00e9rica Latina y El Caribe” y conmemoran el quinto aniversario de las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el caso de K.L., buscando que se regule la pr\u00e1ctica del aborto terap\u00e9utico en el Per\u00fa.