El 25 de abril de 2008, cerca de treinta y cinco mil personas se manifestaron en las calles chilenas contra el fallo del Tribunal Constitucional que prohib\u00eda la distribuci\u00f3n de la p\u00edldora del d\u00eda despu\u00e9s en los consultorios del Ministerio de Salud, la atenci\u00f3n confidencial a menores de edad y la entrega de pastillas anticonceptivas con levonorgestrel, hormona utilizada en los anticonceptivos orales de emergencia. El fallo respond\u00eda a un recurso presentado por 36 diputados de la coalici\u00f3n de derecha Alianza por Chile, en contra de las Normas Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva.
Despu\u00e9s de 3 a\u00f1os de aquella marcha, una de las manifestaciones m\u00e1s grandes que recuerde el pa\u00eds, han ocurrido algunos cambios. En 2010, con 59 votos a favor y 29 en contra, el Congreso aprob\u00f3 que la p\u00edldora del d\u00eda despu\u00e9s se entregara a las ni\u00f1as menores de 14 a\u00f1os con posterior aviso a un adulto responsable que ellas indicaran. Sin embargo, la legislaci\u00f3n vigente a\u00fan mantiene normativas que vulneran el derecho de las y los adolescentes a la anticoncepci\u00f3n.
La Ley 20.418 del Ministerio de Salud, promulgada en enero de 2010 por la ex Presidenta Bachelet, obliga al prestador de salud a ofrecer m\u00e9todos anticonceptivos a las y los adolescentes que los soliciten. La norma reglamenta que “toda persona tiene derecho a recibir educaci\u00f3n, informaci\u00f3n y orientaci\u00f3n en materia de regulaci\u00f3n de la fertilidad, en forma clara, comprensible, completa y, en su caso, confidencial”<\/I>. Tambi\u00e9n estipula que el derecho a elegir debe ser libre de cualquier tipo de coacci\u00f3n.
No obstante, la Ley 19.927 sobre delitos sexuales del C\u00f3digo Penal obliga a los profesionales del \u00e1rea de la salud a denunciar ante el Ministerio P\u00fablico los casos de adolescentes menores de 14 a\u00f1os que hayan tenido relaciones sexuales, sin importar si \u00e9stas son producto de relaciones consentidas, por ejemplo entre “pololos”, denominaci\u00f3n dada a los novios en Chile. Esta norma afecta seriamente las pr\u00e1cticas de autocuidado entre adolescentes de esa edad, quienes acuden a los centros de salud a solicitar informaci\u00f3n y m\u00e9todos anticonceptivos.
Las incongruencias del marco normativo en materia de sexualidad y anticoncepci\u00f3n en adolescentes fueron abordadas en el Seminario “Anticoncepci\u00f3n en Adolescentes. \u00bfQu\u00e9 dicen las leyes?”, organizado por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecolog\u00eda Infanto-juvenil (SOGIA) y el Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Poblaci\u00f3n (UNFPA). El evento reuni\u00f3 a personal de distintas agencias e investigadoras\/es del \u00e1rea con el fin de aunar esfuerzos para disminuir la tasa de embarazo juvenil, producto de la desinformaci\u00f3n o las pr\u00e1cticas inapropiadas.
\u00bfC\u00f3mo garantizar los derechos de las adolescentes?<\/B>
Seg\u00fan cifras del Ministerio de Salud (MINSAL), en 2009 nacieron 1.025 ni\u00f1os cuyas madres no superaban los 15 a\u00f1os. Otros 39 mil son hijos de j\u00f3venes entre 15 y 19 a\u00f1os. Los datos del MINSAL revelan que la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales se sit\u00faa en los 16,3 a\u00f1os, en los hombres, y 17,1, en las mujeres. Menos del 7% utiliza alg\u00fan m\u00e9todo anticonceptivo en su primera relaci\u00f3n sexual.
La m\u00e9dica Pamela Oyarz\u00fan, presidenta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecolog\u00eda Infanto-juvenil (SOGIA), explic\u00f3 que la contradicci\u00f3n legal derivada de las dos normas citadas ha desdibujado la funci\u00f3n de las personas que trabajan en los servicios de salud. “No existen indicaciones claras sobre c\u00f3mo aplicar estas leyes. Por el temor a que se revele su intimidad se corre el riesgo de que las adolescentes no concurran a pedir m\u00e9todos anticonceptivos y se embaracen precozmente”<\/I>, se\u00f1al\u00f3 la experta.
Oyarz\u00fan advirti\u00f3 los peligros que para los derechos de los adolescentes supone la violaci\u00f3n de la confidencialidad: esas j\u00f3venes dif\u00edcilmente regresar\u00e1n al centro asistencial para solicitar apoyo y m\u00e9todos de prevenci\u00f3n. “Si realmente queremos prevenir estos embarazos no deseados es fundamental que las adolescentes sean bien atendidas y se respete su derecho a la confidencialidad”<\/I>, agreg\u00f3.
La denuncia de estos casos bajo sospecha de abuso de menores, como lo determina el C\u00f3digo Penal, puede tambi\u00e9n generar una reacci\u00f3n en cadena entre las amigas o conocidas de las adolescentes reportadas, que culmine en la p\u00e9rdida de confianza en los profesionales de la salud. As\u00ed lo expuso la doctora Adela Montero, Directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA).
La contradicci\u00f3n entre la ley que garantiza la confidencialidad de la atenci\u00f3n m\u00e9dica y la de delitos sexuales precisa ser resuelta. Muchos m\u00e9dicos acusan un “conflicto \u00e9tico” respecto a la obligaci\u00f3n de denunciar a menores que reciben anticonceptivos. Por tal motivo, piden que se haga una indicaci\u00f3n a la norma que les permita evaluar qu\u00e9 casos deben ser denunciados.
Investigadoras\/es y profesionales de la salud que se unieron a la petici\u00f3n de los m\u00e9dicos solicitaron al gobierno que revise las normativas. “No existen indicaciones claras sobre c\u00f3mo aplicar estas leyes. Creemos que una modificaci\u00f3n o una indicaci\u00f3n a la ley que permita a los facultativos hacer una evaluaci\u00f3n prejudicial, es decir, antes de llegar a una denuncia, podr\u00eda ser una soluci\u00f3n”<\/I>, explic\u00f3 Oyarz\u00fan.
El Ministerio de Salud reconoci\u00f3 la gravedad de la incompatibilidad legal. La m\u00e9dica Sylvia Santander, representante de esta instituci\u00f3n y responsable nacional del programa de Adolescentes y J\u00f3venes, se\u00f1al\u00f3 la necesidad de crear una mesa de trabajo que encuentre una salida a esta contradicci\u00f3n que pone en riesgo los derechos de las y los adolescentes.
Acuerdos internacionales<\/B>
Francisca Riveros, abogada experta en derechos reproductivos, considera que los acuerdos internacionales suscritos por Chile ofrecen una alternativa que garantice los derechos sexuales de los y las adolescentes. “Hay un marco que regula el cumplimiento de estos derechos, y es obligaci\u00f3n de los profesionales propiciar que esto se cumpla. El secreto profesional es una herramienta con la que cuentan los profesionales de la salud para hacerlo”<\/I>, coment\u00f3.
Otros acuerdos obligan al Estado chileno a brindar servicios de control de la fertilidad. Entre ellos se encuentran la Convenci\u00f3n sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra la Mujer; las declaraciones e informes aprobados por la Conferencia Internacional sobre la Poblaci\u00f3n y el Desarrollo (Cairo, 1994), que reemplaz\u00f3 el concepto de ‘control demogr\u00e1fico de la poblaci\u00f3n’ por el de ‘salud sexual y reproductiva’; y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), que ratific\u00f3 el concepto de Salud Sexual Reproductiva aprobado en El Cairo.
Por su parte, los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (Naciones Unidas, 2000) comprometen a los Estados a erradicar la pobreza extrema y el hambre, garantizar la educaci\u00f3n universal, la igualdad entre los g\u00e9neros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, y combatir el VIH\/SIDA. La Resoluci\u00f3n WHA 55.19 de la Asamblea Mundial de la Salud de 2002 considera estrategias clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio aumentar el acceso a informaci\u00f3n y servicios de calidad, incluyendo los de salud reproductiva.
A nivel nacional, Chile cuenta con dos metas que contribuir\u00edan a garantizar los derechos de los y las adolescentes en esta materia: reducir en un 45% el porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 19 a\u00f1os y aumentar la cobertura de m\u00e9todos anticonceptivos para mujeres en edad f\u00e9rtil, hasta alcanzar al 60% de las beneficiarias del sistema p\u00fablico de salud. Sin embargo, estas metas no se han cumplido.
El c\u00edrculo de la pobreza<\/B>
Sumado a las contradicciones legales que dificultan el acceso a la informaci\u00f3n y a pr\u00e1cticas apropiadas de anticoncepci\u00f3n otro factor preocupante es el acceso dispar de los j\u00f3venes a los m\u00e9todos anticonceptivos por razones socioecon\u00f3micas. Esto se refleja en las altas tasas de embarazo en las comunas de menores ingresos.