{"id":652,"date":"2011-05-25T00:00:00","date_gmt":"2011-05-25T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/clam.org.br\/es\/2011\/05\/25\/justicia-reproductiva\/"},"modified":"2011-05-25T00:00:00","modified_gmt":"2011-05-25T03:00:00","slug":"justicia-reproductiva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clam.org.br\/es\/noticias-clam\/justicia-reproductiva\/652\/","title":{"rendered":"JUSTICIA REPRODUCTIVA"},"content":{"rendered":"

En el marco de la conmemoraci\u00f3n del “D\u00eda de Acci\u00f3n por la Salud de las Mujeres” se realiz\u00f3 los d\u00edas 19 y 20 de mayo en Buenos Aires el Seminario Nacional: acceso a la Justicia Reproductiva<\/I>. El evento organizado por Cat\u00f3licas por el Derecho a Decidir<\/A><\/U> (CDD) y el Instituto de G\u00e9nero, Derecho y Desarrollo<\/A><\/U>, (Insgenar), reuni\u00f3 a disertantes de organizaciones sociales y organismos internacionales con el fin de revisar las agendas p\u00fablicas y desarrollar pol\u00edticas m\u00e1s inclusivas en la salud de las mujeres.

El seminario estuvo signado por la conmemoraci\u00f3n del dictamen emitido por el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU, que acogi\u00f3 la demanda por violaci\u00f3n a los Derechos Humanos de LMR<\/A><\/U>, una joven de la ciudad de La Plata con discapacidad mental permanente a quien se le neg\u00f3 el acceso a la interrupci\u00f3n no punible de su embarazo producto de la violaci\u00f3n cometida por uno de sus t\u00edos.

El acoso judicial que sufren las mujeres y sus familiares cuando solicitan abortos no punibles es legitimado por instituciones estatales, afirmaron varios de los participantes. Por este motivo, el dictamen de la ONU representa un logro significativo. El fallo hace alusi\u00f3n a la violaci\u00f3n del art\u00edculo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (tortura y trato cruel, inhumano y degradante) al considerar que “la omisi\u00f3n del Estado al no garantizar a LMR el derecho a la interrupci\u00f3n del embarazo conforme a lo previsto en el art. 86 inc. 2 del C\u00f3digo Penal caus\u00f3 a la joven un sufrimiento f\u00edsico y moral, tanto m\u00e1s grave cuanto se trataba de una joven con discapacidad”. <\/I>Pero el dato pol\u00edtico m\u00e1s relevante tal vez sea el pedido de “garant\u00edas de no repetici\u00f3n”. El dictamen de la ONU se\u00f1ala que “el Estado tiene tambi\u00e9n la obligaci\u00f3n de tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro” <\/I>y lo emplaza a informar en 180 d\u00edas sobre las disposiciones adoptadas para aplicar el dictamen.

En palabras de Silvia Juli\u00e1, abogada de CDD, esta resoluci\u00f3n pone nombre a la actuaci\u00f3n de algunos operadores del Poder Judicial que, en lugar de garantizar los derechos sexuales de las mujeres, los vulneran. “Hay un marco normativo que no se cumple y sobre el cual no hemos podido reclamar debidamente. Frente a esto, algunas instituciones naturalizan la violencia cuando las mujeres intentan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos” <\/I>, remarc\u00f3 Juli\u00e1. Un caso paradigm\u00e1tico es el de Ana Mar\u00eda Acevedo. Profesionales de la salud de un hospital p\u00fablico de Santa Fe, aduciendo convicciones religiosas, la obligaron a llevar su embarazo a t\u00e9rmino y con ello suspender el tratamiento oncol\u00f3gico necesario para combatir el c\u00e1ncer que padec\u00eda. Acevedo muri\u00f3 por causa de la enfermedad y su hija s\u00f3lo sobrevivi\u00f3 24 horas.

Continuando con el razonamiento de Juli\u00e1, Cristina Zurutuza, representante del Comit\u00e9 de Am\u00e9rica Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer<\/A><\/U>, CLADEM, agreg\u00f3 que la acci\u00f3n de los sistemas judicial y de salud participa en la construcci\u00f3n de subjetividades y que, en los casos citados, “lo hace de modo violento, cercen\u00e1ndoles a las ciudadanas derechos y libertades. Por este motivo los organismos internacionales instan a los Estados a cumplir con sus responsabilidades de proteger los derechos de sus ciudadanos”. <\/I>

Acceso a la salud: deudas y desaf\u00edos<\/B>

Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad<\/A><\/U>, CEDES, afirm\u00f3 que el dictamen de la ONU le confiere al aborto no punible “un piso para afianzarse en todo el territorio nacional” <\/I>. Romero remarc\u00f3 la deuda que tiene el pa\u00eds en la lucha contra la mortalidad materna. En el per\u00edodo 1990-2010 la reducci\u00f3n de estas muertes fue muy baja, por lo que \u00e9ste ser\u00eda el \u00fanico de los objetivos de desarrollo del milenio<\/A><\/U> que Argentina no cumplir\u00eda en caso de que la tasa de reducci\u00f3n contin\u00fae igual. El compromiso contempla reducir para el a\u00f1o 2015 la tasa de mortalidad materna en un 75%, que para Am\u00e9rica Latina es de 85 por cien mil nacidos vivos y, en 2008, era de 230 por cien mil a nivel mundial. Esto equivale a una disminuci\u00f3n del 41% para la regi\u00f3n y del 34% para el resto del mundo. Por su parte, Argentina en ese per\u00edodo s\u00f3lo alcanz\u00f3 una reducci\u00f3n del 23%, Si contin\u00faa esta tendencia, la tasa que el pa\u00eds habr\u00e1 alcanzado en 2015 ser\u00e1 de 39 por cada cien mil nacidos vivos, cuando la meta es de 13 por cada cien mil.

En 2010, el comit\u00e9 de seguimiento de la CEDAW<\/A><\/U> le pidi\u00f3 a Argentina que explicara los motivos de la baja aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal que prev\u00e9 las causas de aborto no punible, mecanismo privilegiado por el organismo internacional para controlar la mortalidad materna. Por este motivo, en 2012 el pa\u00eds deber\u00e1 presentar un informe sobre el estado de implementaci\u00f3n de la gu\u00eda de aborto no punible desarrollada por el Ministerio de Salud de la Naci\u00f3n. Al respecto, Romero se\u00f1al\u00f3 que “las mujeres siguen muriendo en los servicios de salud debido a problemas de capacidad resolutiva para manejar la emergencia obst\u00e9trica” <\/I>. A esto se suma que, seg\u00fan lo revel\u00f3 un estudio realizado por la Academia Nacional de Medicina, el Ministerio de Salud no ha actualizado las gu\u00edas de pr\u00e1ctica cl\u00ednica, concluy\u00f3.

La investigadora discurri\u00f3 sobre las diferencias en las provincias del pa\u00eds en materia de mortalidad materna y explic\u00f3 que Formosa, provincia del Norte argentino, tiene el mayor porcentaje de mortalidad materna y de cantidad de muertes por riesgo acumulado (criterio que considera la historia reproductiva de las mujeres y la posibilidad de muerte en los sucesivos embarazos). Para Romero, esto evidencia el grado de inequidad que existe en el acceso a los servicios de salud, a una atenci\u00f3n adecuada y a la posibilidad que tienen las mujeres de planificar los embarazos de acuerdo con sus deseos y necesidades.

Respecto a la atenci\u00f3n adecuada, la soci\u00f3loga Vanesa V\u00e1zquez Lava cit\u00f3 una investigaci\u00f3n realizada por ella en el Norte argentino que permite comprender mejor el significado de la relaci\u00f3n paciente-m\u00e9dico\/a en t\u00e9rminos de “buena o mala atenci\u00f3n”. V\u00e1zquez explic\u00f3 que esta categor\u00eda debe ser considerada en el an\u00e1lisis de la violencia institucional ya que la baja capacitaci\u00f3n del personal de salud conlleva a la incomunicaci\u00f3n con sus pacientes, a la incapacidad de o\u00edrlas y de informarles en un lenguaje adecuado los m\u00e9todos de contracepci\u00f3n y cuidado.

\u00c1lvaro Herrero, abogado y director de la Asociaci\u00f3n por los Derechos Civiles (ADC), explic\u00f3 que los problemas de atenci\u00f3n sanitaria de la mujer pueden ser considerados casos de desigualdad estructural. En particular, se refiri\u00f3 a las mujeres que no tienen acceso a prestaciones m\u00e9dicas, a quienes se les niegan o vulneran sus derechos de forma sistem\u00e1tica y sostenida en el tiempo. Para Herrero, esta situaci\u00f3n es palpable en las estad\u00edsticas de estudios acad\u00e9micos como los realizados por el CEDES, presentadas por Mariana Romero en el Seminario.

Herrero se\u00f1al\u00f3 que los principales obst\u00e1culos en el aparato judicial para que las mujeres accedan a sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva son de car\u00e1cter cultural y legal. A los culturales corresponden pr\u00e1cticas judiciales arcaicas, la baja presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones dentro del Poder Judicial, la falta de contenidos sobre los derechos de la mujer en las curr\u00edculas de las carreras de derecho en el pa\u00eds y la falta de capacitaci\u00f3n de los jueces sobre estas cuestiones que permanecen bajo la tutela masculina. Entre los obst\u00e1culos legales destac\u00f3 las resistencias y confusiones en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal sobre aborto no punible y la respuesta de los m\u00e9dicos ante esta situaci\u00f3n: judicializar por su cuenta cada solicitud de aborto.

En opini\u00f3n del abogado, la Corte Suprema de Justicia tiene en este momento la responsabilidad de clarificar los alcances de los casos previstos por el C\u00f3digo Penal para abortar legalmente. Mediante una resoluci\u00f3n positiva de la Corte se pondr\u00eda fin a las situaciones que se han presentado en distintas provincias en donde, debido a interpretaciones legales incorrectas por parte de m\u00e9dicos, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, se ha restringido el acceso a este derecho. Al respecto, se\u00f1al\u00f3, el dictamen de la ONU es de gran importancia pues contribuye a fortalecer los marcos legales para asegurar el acceso de las mujeres al aborto no punible y a la justicia reproductiva en general.

En esta l\u00ednea, la brasile\u00f1a Beatriz Galli, integrante de la ONG IPAS<\/A><\/U>, manifest\u00f3 su acuerdo respecto a que el aborto inseguro es un problema de salud p\u00fablica. En su presentaci\u00f3n sobre las caracter\u00edsticas de esta problem\u00e1tica en el Brasil, recalc\u00f3 la necesidad de capacitar a los operadores jur\u00eddicos y profesionales de la salud en las normativas legales relativas al aborto no punible. Tambi\u00e9n explic\u00f3 las estrategias empleadas por los grupos ‘pro-vida’ brasile\u00f1os para atacar el aborto, destacando la denuncia de las cl\u00ednicas que practican abortos ilegales y de las mujeres que a ellas concurren como una de las m\u00e1s frecuentes. Un caso emblem\u00e1tico de esta situaci\u00f3n<\/A><\/U> es la denuncia realizada en 2008 por diputados antiabortistas de una cl\u00ednica de planificaci\u00f3n familiar de la ciudad de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. La polic\u00eda allan\u00f3 el lugar e incaut\u00f3 10 mil fichas m\u00e9dicas de los \u00faltimos veinte a\u00f1os. Las mujeres que concurrieron al establecimiento ginecol\u00f3gico est\u00e1n siendo investigadas y muchas enfrentan procesos judiciales. “La criminalizaci\u00f3n de las mujeres no es el camino ni la respuesta, sino un modo de violencia en connivencia con la violaci\u00f3n de los derechos a la salud”<\/I>, enfatiz\u00f3 Galli.

Secularismo y nuevas estrategias de los discursos religiosos<\/B>

Un punto central del seminario fue el rol de las instituciones religiosas en la conformaci\u00f3n de discursos y grupos denominados pro-vida. Gillian Kane, asesora de IPAS New York, present\u00f3 cuatro tendencias que contribuyen al establecimiento transnacional de las posiciones de los movimientos anti-choice<\/I> (contra el derecho a decidir). En primer lugar, la protecci\u00f3n del derecho a la vida desde la concepci\u00f3n y su inclusi\u00f3n en las constituciones nacionales o estatales, como es el caso de M\u00e9xico en donde hasta el momento 17 estados han modificado sus cartas magnas para incluir este precepto, generando una suerte de “blindaje” constitucional contra la legalizaci\u00f3n del aborto e incluso el uso de t\u00e9cnicas contraceptivas. La segunda tendencia es la inclusi\u00f3n de cl\u00e1usulas sobre objeci\u00f3n de conciencia en gu\u00edas t\u00e9cnicas y en legislaciones para negarse a realizar determinados tratamientos m\u00e9dicos o a discutir temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. La tercera es el establecimiento de asociaciones jur\u00eddicas cristianas atendidas por activistas pro-vida que trabajan en litigios y en cabildeo internacional. Entre estas se destaca el Centro Estadounidense de Derecho y Justicia, con sedes en Washington y Estrasburgo y oficinas en m\u00e1s de 35 pa\u00edses. Esgrimiendo argumentos a favor de la libertad de culto, de consciencia y de expresi\u00f3n, esta organizaci\u00f3n se opone a la despenalizaci\u00f3n del aborto y al reconocimiento de otras libertades civiles en materia de derechos sexuales y reproductivos. La cuarta tendencia se\u00f1alada por Kane es la utilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino ‘cristianofobia’ para referirse a un supuesto esfuerzo mundial por la secularizaci\u00f3n que supone el fin de la libertad de culto, los valores y la tolerancia.

La periodista Marta Vasallo se\u00f1al\u00f3 que el sentido com\u00fan social, “ese terreno pantanoso compuesto de premisas no revisadas, por lo tanto laxas y cambiantes, es un lugar que ha sido eficazmente permeado por la consigna del derecho a la vida” <\/I>. En este sentido, afirm\u00f3, uno de los grandes aciertos de la Iglesia y los grupos conservadores ha sido posicionar una consiga endeble pero f\u00e1cilmente apropiable por parte del sentido com\u00fan. Para Vasallo, esto confina la defensa del derecho a decidir “a lo que el Papa Juan Pablo II llam\u00f3 ‘la cultura de la muerte’, para referirse al aborto, la eutanasia y la anticoncepci\u00f3n” <\/I>. Sin embargo, \u00bfpuede la defensa absoluta de la vida anteponerse a las consideraciones de justicia, de respeto a la integridad, a la autonom\u00eda y a la libertad? Esa es la pregunta que propone Vasallo como salida pol\u00edtica a la encrucijada “en la que los grupos pro-vida nos colocan” <\/I>.

El sentido com\u00fan al que se refiere involucra tambi\u00e9n la administraci\u00f3n del derecho por parte del Estado como un \u00e1mbito donde el menosprecio a las leyes y la habilidad para burlarlas se impone aun desde las m\u00e1s altas esferas judiciales. Lo anterior, explica Vasallo, trae aparejado un divorcio entre lo legal y lo cultural con la consabida imposici\u00f3n de lo cultural y el riesgo de que la ley devenga letra muerta. Este mecanismo, afirma, consigue que parte de las luchas del movimiento feminista se orienten no tanto a modificar, sino a hacer cumplir o implementar el aparato legal existente, como es el caso de los abortos no punibles o la ley de educaci\u00f3n sexual.

El soci\u00f3logo Juan Marco Vaggione analiz\u00f3 los modos en que los movimientos religiosos conservadores han ido adaptando sus discursos frente a las estrategias y posicionamientos defendidos por los movimientos feministas y LGBT. Estos cambios, explic\u00f3, los convierten en un obst\u00e1culo m\u00e1s complejo y peligroso para los derechos sexuales y reproductivos, ya que obliga a los movimientos sociales a reconocer lo religioso como inevitablemente pol\u00edtico y no s\u00f3lo como parte del fuero privado. Bas\u00e1ndose en el debate suscitado el a\u00f1o pasado por la ley de matrimonio igualitario en Argentina, Vaggione se pregunt\u00f3 por el papel de la identidad religiosa de las y los legisladores a la hora de tomar decisiones relativas a los derechos sexuales y reproductivos. A partir de la pregunta “\u00bfes posible clausurar las convicciones religiosas?”<\/I>, el investigador propuso clasificar a los legisladores que se autodefinieran como cat\u00f3licos en cuatro tipos, teniendo en cuenta sus argumentaciones en las sesiones de votaci\u00f3n de leyes sobre aborto. Entre quienes votan en contra, Vaggiones identifica a los ‘practicantes’ y ‘estrat\u00e9gicos’, y a los ‘privatistas’ y ‘disidentes’ entre los que se muestran a favor de la despenalizaci\u00f3n. El ‘legislador estrat\u00e9gico’ ser\u00eda una figura emergente que encarna la nueva forma de discursividad de la Iglesia en el fuero p\u00fablico, en la que su postura no se asienta en fundamentaciones del derecho can\u00f3nico, sino en un arsenal de argumentaciones cient\u00edficas y bio\u00e9ticas. Estos argumentos provienen de operadores internacionales que, seg\u00fan Vaggione, “nos llevan al campo de un cientificismo del cual los movimientos tratamos de escapar, porque lo que est\u00e1 en juego es m\u00e1s importante que un conjunto de ciencias que prueban qui\u00e9n tiene la raz\u00f3n”. <\/I>Para Vaggione, “esta es la forma como el Opus Dei ejerce su influencia en la cultura pol\u00edtica latinoamericana, y la forma como religi\u00f3n y pol\u00edtica se convierten en un obst\u00e1culo central por donde pasa el tamiz de una democracia ‘laica’”. <\/I>

C\u00f3mo seguir la lucha: estrategias para continuar<\/B>

Durante el Seminario, las y los disertantes plantearon algunos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de estrategias para la justicia reproductiva. Estela D\u00edaz, Directora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de Argentina, plante\u00f3 articular el dictamen de la ONU como un nuevo referente para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Se han conformado las bases para un trabajo de este tipo gracias a los debates en torno a casos como el de LMR y a las articulaciones con sectores como los movimientos sociales, sindicales y la academia, afirm\u00f3. Sin embargo, a\u00fan es necesario trabajar en torno a la reticencia de los prestadores de salud frente a la realizaci\u00f3n de abortos no punibles y al paternalismo que esta acci\u00f3n conlleva.

Claudia Anzorena, de la organizaci\u00f3n Las Juanas y las Otras, celebr\u00f3 el car\u00e1cter federal de la campa\u00f1a por el derecho al aborto e insisti\u00f3 en la necesidad de continuar con este trabajo para concientizar a la sociedad. Viviana Della Siega, vicepresidenta de Insgenar Rosario, se refiri\u00f3 a la creciente aceptaci\u00f3n y adhesi\u00f3n de la sociedad a temas relativos a la salud sexual y reproductiva, como el de aborto no punible. Della Siega destac\u00f3 la importancia de los reportes sombra como herramientas pol\u00edticas con las que cuentan las organizaciones civiles para lograr que los organismos internacionales obliguen a los Estados a replantear las pol\u00edticas referentes a temas centrales como los derechos a la salud de las mujeres.

Mariana Romero llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre dos tipos de argumento que pueden respaldar el proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva, el cual se encuentra en tratamiento de comisi\u00f3n por parte del Congreso de la Naci\u00f3n: en primer lugar, aquellos que basados en estudios expertos muestran que la legislaci\u00f3n que reconoce causales de legalizaci\u00f3n y despenalizaci\u00f3n del aborto no contribuyen a elevar la incidencia de esta pr\u00e1ctica. En segundo lugar, los que demuestran que a medida que se ampl\u00edan las causales disminuye la tasa de mortalidad materna, como los referidos por la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud.

Vaggione invit\u00f3 a repensar las estrategias de los movimientos teniendo en cuenta el cruce y complejidad de lo religioso y lo pol\u00edtico. “El campo de lo religioso deber\u00eda ser tambi\u00e9n una posibilidad para el activismo de los derechos sexuales y reproductivos, ya que es relevante no solo en el \u00e1mbito pol\u00edtico sino en el plano cultural”,<\/I> puntualiz\u00f3.

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Seminario nacional organizado por Cat\u00f3licas por el Derecho a Decidir y el Instituto de G\u00e9nero, Derecho y Desarrollo analiz\u00f3 el acceso a la justicia reproductiva, frente al desaf\u00edo de la judicializaci\u00f3n de los abortos no punibles, el abuso de la objeci\u00f3n de conciencia y la manipulaci\u00f3n de datos cient\u00edficos como estrategias de grupos conservadores.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-652","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias-clam"],"acf":[],"yoast_head":"\nJUSTICIA REPRODUCTIVA - 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