La jueza Karen Atala y el escritor Pablo Simonetti como figuras p\u00fablicas han estado presentes –cada una a su manera– en el debate sobre la necesidad de una ley de matrimonio igualitario en Chile, similar a la aprobada en la Argentina el 15 de Julio del a\u00f1o pasado.
En 2004, a la jueza Atala le quitaron la tuici\u00f3n de sus hijas por ser lesbiana y vivir con su pareja, la historiadora Emma de Ram\u00f3n<\/A><\/U>. El caso lleg\u00f3 a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos que, en 2010, resolvi\u00f3 que Chile hab\u00eda discriminado a la jueza y violado su derecho a vivir en familia. Pablo Simonetti asumi\u00f3 p\u00fablicamente su homosexualidad y su compromiso con la lucha por el derecho a la igualdad. El pasado 15 de junio se present\u00f3 ante la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n Legislaci\u00f3n, Justicia y Reglamento del Senado, junto a otras personas y organizaciones sociales que aportaron a la discusi\u00f3n sobre uniones de hecho, y declar\u00f3 que “la igualdad de derechos es un bien superior de la convivencia democr\u00e1tica<\/I>”. El debate sobre los derechos de las parejas del mismo sexo lleg\u00f3 al Senado chileno en 2003, con una propuesta general de uni\u00f3n civil para parejas homosexuales y heterosexuales, que fue archivada. En 2006 fue presentado el Pacto de Uni\u00f3n Civil (PUC)<\/A><\/U>, que buscaba garantizar derechos de herencia, pensi\u00f3n y salud a parejas homosexuales y heterosexuales convivientes. Dos a\u00f1os despu\u00e9s se tramit\u00f3 un proyecto para modificar el C\u00f3digo Civil y permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que tampoco fue aprobado. En junio de este a\u00f1o, el debate se reactiv\u00f3 con la discusi\u00f3n de tres proyectos de ley sobre los derechos patrimoniales de parejas convivientes homo y heterosexuales: el Acuerdo de Vida en Com\u00fan (AVC)<\/A><\/U>, presentado por el ex parlamentario Andr\u00e9s Allamand; el proyecto del senador Carlos Bianchi sobre la regulaci\u00f3n del contrato de uni\u00f3n civil; y la iniciativa del senador Guido Girardi y el ex senador Carlos Ominami, referente a los pactos de uniones civiles. Ninguno de estos proyectos busca el reconocimiento del matrimonio igualitario. El gobierno anunci\u00f3 que presentar\u00e1 una iniciativa legal al respecto, aunque sin una fecha precisa de entrega, que no reconocer\u00eda el v\u00ednculo afectivo ni implicar\u00eda el registro de las uniones por parte del Estado. De ser aprobado, el proyecto llevar\u00eda a cabo una reforma constitucional que defina el car\u00e1cter heterosexual del matrimonio y le dar\u00eda a las uniones del mismo sexo el estatus de “acuerdos no matrimoniales”. De esta forma, despejar\u00eda el fantasma del “matrimonio gay”, fuente de conflicto con sus socios pol\u00edticos, entre ellos el partido de derecha Uni\u00f3n Dem\u00f3crata Independiente UDI, que no est\u00e1 dispuesto a legislar sobre el tema. En el fondo, esta iniciativa pretende tener un mayor control sobre las definiciones y significados de familia, conviriti\u00e9ndose en el mayor obst\u00e1culo para el reconocimiento de uniones de hecho homosexuales. Seg\u00fan expertas y expertos, la definici\u00f3n expl\u00edcita del matrimonio como uni\u00f3n heterosexual, condici\u00f3n impuesta por los grupos conservadores para avanzar en la discusi\u00f3n, evidencia que el proyecto del gobierno busca la limitaci\u00f3n y no la ampliaci\u00f3n de derechos. Defensoras y defensores del matrimonio igualitario se\u00f1alan que no se busca crear una instituci\u00f3n especial, sino legislar para garantizar la igualdad de derechos para toda la ciudadan\u00eda, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n del pa\u00eds en materia de uniones. En Chile, cada vez hay m\u00e1s parejas heterosexuales que deciden no casarse. Las cifras revelan que la tasa de matrimonios ha bajado durante los \u00faltimos a\u00f1os. En 1992, el n\u00famero de casados era 51,8%, en 2002 la cifra baj\u00f3 a 46,2%, seg\u00fan el Censo- INE (Instituto Nacional de Estad\u00edsticas). Avanzar en la direcci\u00f3n de una legislaci\u00f3n como la argentina igualar\u00eda los derechos de las parejas que deciden casarse y de las que no en aspectos patrimoniales, de salud, herencia y previsi\u00f3n. Las parejas homosexuales, los convivientes heterosexuales, los padres y madres solteras, ser\u00edan reconocidos jur\u00eddicamente como otras formas de familias. La figura del matrimonio, como uni\u00f3n entre un hombre y una mujer celebrada con fines reproductivos, se abrir\u00eda a otro tipo de uniones, permitiendo la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s democr\u00e1tica que responda a las transformaciones sociales. Reconocimiento del v\u00ednculo en el Registro Civil<\/B> Uno de los compromisos de campa\u00f1a del Presidente Pi\u00f1era fue la regulaci\u00f3n de las uniones entre parejas de hecho homosexuales y heterosexuales, cuyo correlato fue la imagen de una pareja gay en la propaganda electoral. En su momento, esto fue considerado como un gui\u00f1o en la b\u00fasqueda de una sociedad m\u00e1s inclusiva e igualitaria. Sin embargo, en sus declaraciones posteriores como mandatario, Pi\u00f1era sostuvo que el matrimonio es en esencia la uni\u00f3n de un hombre y una mujer, ratificando as\u00ed lo estipulado en el art\u00edculo 102 del C\u00f3digo Civil chileno. En el discurso presidencial del 21 de mayo, en el que los Presidentes entregan su cuenta anual, Pi\u00f1era no se refiri\u00f3 a las uniones de hecho, lo que provoc\u00f3 cr\u00edticas y escepticismo respecto a sus compromisos en esta materia. Luis Larra\u00edn, quien apareci\u00f3 en el spot electoral de Pi\u00f1era pidiendo derechos igualitarios para las parejas gay, dijo sentirse decepcionado. “Los homosexuales no existimos en el discurso. Una pena<\/I>”, afirm\u00f3. Para Amnist\u00eda Internacional, las declaraciones del mandatario fueron una se\u00f1al confusa y discriminatoria respecto a las personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales y transg\u00e9nero. La ONG enfatiz\u00f3 en “la necesidad de promulgar en Chile una legislaci\u00f3n que asegure la igualdad de derechos para todas las personas que deseen formar una familia<\/I>”. De acuerdo con los tratados internacionales de Derechos Humanos, dos contrayentes, hombres o mujeres en edad n\u00fabil, que manifiesten su libre y espont\u00e1neo consentimiento para casarse (unirse civilmente o contraer matrimonio) deben tener el mismo derecho que una pareja heterosexual que desea hacerlo. Por este motivo, “La legislaci\u00f3n interna chilena debe alinearse con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos que surgen de la ratificaci\u00f3n del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y del Pacto de Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales en los que expl\u00edcitamente el Estado chileno se compromete a no discriminar<\/I>”, precis\u00f3 en un comunicado Amnist\u00eda Internacional. Cuando se garantiza la igualdad de derechos, la sociedad gana en libertades y ciudadan\u00eda. Pese a las declaraciones de pol\u00edticos que afirman que el pa\u00eds no est\u00e1 preparado para un matrimonio igualitario, un gran porcentaje de chilenos y chilenas est\u00e1 a favor de su promulgaci\u00f3n. Dif\u00edcilmente se puede imponer por v\u00edas democr\u00e1ticas un modelo de familia si \u00e9ste no tiene arraigo en la vida de las y los ciudadanos. Seg\u00fan un sondeo realizado por Criteria Research, “el 41% de los santiaguinos considera que s\u00ed deber\u00eda legalizarse el matrimonio homosexual<\/I>”. El estudio revel\u00f3 que los resultados son transversales a los estratos socioecon\u00f3micos, aunque existen diferencias al observar las franjas etarias, donde se evidencia un marcado quiebre generacional. Al respecto, concluye, existe una visi\u00f3n m\u00e1s liberal y tolerante entre los j\u00f3venes. De acuerdo con el sondeo, las razones de los encuestados para apoyar la legalizaci\u00f3n del matrimonio entre personas del mismo sexo se centraron en valores como la igualdad, la no discriminaci\u00f3n y la libertad de expresi\u00f3n y de elecci\u00f3n. Algunos consideraron que la “protecci\u00f3n econ\u00f3mica” es fundamental en estos casos. Quienes rechazan el matrimonio homosexual argumentaron que \u00e9ste les parece “raro, anormal y chocante”. El estudio se hizo en agosto de 2010, a trav\u00e9s de encuestas telef\u00f3nicas realizadas a 400 hombres y mujeres de 18 a 70 a\u00f1os, pertenecientes a los grupos socioecon\u00f3micos B, C1, C2, C3 y D, residentes en Santiago. Cr\u00edticas a las uniones de hecho del AVC<\/B> El proyecto de Acuerdo de Vida en Com\u00fan (AVC) busca un nuevo estatuto legal que permita a las parejas homosexuales acceder a derechos dom\u00e9sticos que les son negados en la actualidad. Sin embargo, el proyecto ha sido modificado desde su elaboraci\u00f3n y la versi\u00f3n tramitada ante el Congreso no cuenta con el reconocimiento del v\u00ednculo afectivo que tuvo inicialmente. Con este cambio, el acuerdo se reduce a un asunto puramente patrimonial que se traduce en un tr\u00e1mite ante notario, lo que significar\u00eda un costo para los interesados. Kena Lorenzini, reconocida fot\u00f3grafa, psic\u00f3loga, feminista y lesbiana, enfatiz\u00f3 el car\u00e1cter econ\u00f3mico que fundamenta el AVC. Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que el hecho de que “este tr\u00e1mite se haga ante notario lo transforma en una transacci\u00f3n econ\u00f3mica entre dos privados, desconociendo cualquier uni\u00f3n de otro tipo”. Tambi\u00e9n afirm\u00f3 que “si el acuerdo no es financiado en su totalidad por el Estado, es un tongo<\/I>”. Pablo Simonetti declar\u00f3 que as\u00ed como todos los ciudadanos tienen las mismas obligaciones, todos deben poder aspirar a los mismos derechos. “El amor como fuente de un proyecto de futuro entre dos personas es com\u00fan a todo tipo de parejas, por lo tanto el Estado debe ofrecer protecci\u00f3n a todas por igual. Si tanto les preocupa estimular la constituci\u00f3n de familias robustas y comprometidas, nada mejor que concederles a todas las parejas que se quieran casar el patrocinio del Estado<\/I>”, afirm\u00f3. Para quien fuera Presidente de la Confederaci\u00f3n de Trabajadores del Cobre (CTC) y Secretario de negociaci\u00f3n colectiva de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Cristi\u00e1n Cuevas, el centro de la ley no debe ser el tema patrimonial, sino el afectivo y el de los derechos. “La propuesta del AVC s\u00f3lo tiene \u00e9nfasis en el patrimonio, no nos instala como ciudadanos iguales en derechos para desarrollar una vida en com\u00fan y lo que se plantea hoy como matrimonio<\/I>”, explic\u00f3 el dirigente, quien fue v\u00edctima de amenazas homof\u00f3bicas durante su candidatura a diputado en el a\u00f1o 2009. La periodista Erika Montesinos, directora de Rompiendo el Silencio, primera revista l\u00e9sbica en Chile, considera que el AVC es “una migaja: si estamos luchando por igualdad de derechos, la ley debe ser plena. No puede ser que por presiones del partido de derecha de la UDI, las parejas de un mismo sexo no puedan firmar el registro civil, sino s\u00f3lo un documento ante una notaria. No somos ciudadanos de segunda clase y como movimiento LGTB no seremos conformistas con este propuesta<\/I>”. El derecho al matrimonio es de todos y todas, sin distinci\u00f3n, y en una democracia no puede ser un privilegio de unos con exclusi\u00f3n de otros. Chile tard\u00f3 casi 10 a\u00f1os en aprobar una ley de divorcio, as\u00ed como varios a\u00f1os en acabar con la diferencia entre hijos naturales e hijos leg\u00edtimos. El tema, esta vez, es la igualdad de todas las personas sin importar su orientaci\u00f3n sexual. \u00c9ste no debe ser un tema de c\u00e1lculo pol\u00edtico sino un asunto de derechos humanos.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Congreso chileno discute tres proyectos sobre derechos de parejas de hecho que incluyen tanto a parejas heterosexuales como del mismo sexo. Al pesar en ellos apenas aspectos patrimoniales, defensores de los derechos LGBT exigen igualdad de derechos. 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