El decreto 936\/11, firmado en julio por la presidenta Cristina Fern\u00e1ndez, desat\u00f3 un intenso debate entre quienes combaten la trata de personas y buscan acabar con la prostituci\u00f3n por considerarla una forma de explotaci\u00f3n sexual, y quienes defienden la regulaci\u00f3n del trabajo sexual con el fin de brindar un marco de protecci\u00f3n a quienes lo ejercen.
La norma en menci\u00f3n proh\u00edbe la oferta de avisos que “hagan expl\u00edcita o impl\u00edcita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio”, por considerarlos un “veh\u00edculo efectivo para el delito de trata de personas” con fines de explotaci\u00f3n y sexual. El motivo del debate tiene que ver con el sentido mismo de la norma, que se plantea como medida para prevenir la trata de personas, erradicar la violencia y la discriminaci\u00f3n contra las mujeres, y transformar los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de g\u00e9nero y las relaciones de poder sobre el sexo femenino (Considerando, decreto 936\/11).
La Asociaci\u00f3n de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR-Capital)<\/A><\/U>, de orientaci\u00f3n “abolicionista” en lo que hace a las pol\u00edticas frente a la prostituci\u00f3n, se mostr\u00f3 a favor del decreto por considerarlo un avance en la lucha contra las formas denigrantes con las que se publicita la prostituci\u00f3n. Por su parte, AMMAR-Nacional<\/A><\/U>, organizaci\u00f3n con perspectiva “reglamentarista”, que lucha por el reconocimiento de los derechos humanos y laborales de las\/os trabajadoras\/es sexuales, se manifest\u00f3 contra el mismo, argumentando que la norma no contribuye a la persecuci\u00f3n de la trata y s\u00ed a la criminalizaci\u00f3n de la prostituci\u00f3n. Pese a sus diferencias, ambas organizaciones reclaman que el decreto presidencial debi\u00f3 tomar en cuenta sus voces y reclamos –cosa que no lo hizo– y postulan que medidas como \u00e9sta no garantizan la protecci\u00f3n de sus derechos sino su persecuci\u00f3n. Al respecto, las integrantes de AMMAR-Capital escribieron en su blog que si bien son partidarias de un mundo sin prostituci\u00f3n, no creen que este objetivo pueda alcanzarse mediante la represi\u00f3n de las personas que la ejercen “sino [a trav\u00e9s] de sociedades y Estados capaces de generar puestos de trabajo y condiciones de vida dignas, vivienda, salud y educaci\u00f3n para todas las personas y particularmente para las mujeres en situaci\u00f3n de vulnerabilidad social”.<\/I> Por su parte, AMMAR-Nacional considera que el Estado debe implementar un programa integral que permita que aquellas personas que quieren salir de la prostituci\u00f3n puedan hacerlo. Ambas organizaciones se manifiestan tambi\u00e9n en contra de la trata, la explotaci\u00f3n sexual y la prostituci\u00f3n infantil. Las voces en debate<\/B> Con el fin de convocar un espacio de di\u00e1logo que permitiese comprender mejor las implicaciones del decreto presidencial y discutir las modalidades de intervenci\u00f3n m\u00e1s apropiadas para detener la explotaci\u00f3n sexual y la trata de personas, el Grupo de Estudios en Sexualidad (GES) del Instituto Gino Germani convoc\u00f3 en la Universidad de Buenos Aires una mesa redonda en la que participaron representantes de organizaciones de meretrices, acad\u00e9micas y legisladoras. En la discusi\u00f3n, las participantes expresaron su malestar por no haber sido convocadas para la reglamentaci\u00f3n de este decreto ni para la redacci\u00f3n y tratamiento de la ley 26.364, que tiene por objeto “implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, y asistir y proteger a sus v\u00edctimas”.<\/I> Para la legisladora de la ciudad de Buenos Aires Diana Maffia, el decreto no tuvo en cuenta las voces de las personas que est\u00e1n en situaci\u00f3n de prostituci\u00f3n, para determinar si las medidas adoptadas eran las m\u00e1s id\u00f3neas. Por tal motivo, considera que el gobierno cay\u00f3 en una actitud paternalista. “Cuando establecemos pol\u00edticas integrales para un grupo espec\u00edfico de la poblaci\u00f3n es necesario que haya voces en primera persona, sin importar el modo en que las personas se definan”,<\/I> refiri\u00e9ndose a las posiciones encontradas del activismo en torno de la prostituci\u00f3n. Ya sea que se consideren trabajadoras sexuales o personas en situaci\u00f3n de prostituci\u00f3n, las ciudadanas cuyos derechos se pretende proteger deben ser consultadas, se\u00f1al\u00f3. Haciendo eco de lo se\u00f1alado por ambas vertientes, para Maffia, las prohibiciones contempladas en el decreto presidencial representan un arma de doble filo, ya que al eliminar los avisos sin haber hecho una investigaci\u00f3n previa, reduce los elementos probatorios (domicilios de lugares donde puede haber mujeres sometidas a una situaci\u00f3n no consentida de trabajo sexual o proxenetismo) para acusar y procesar a los establecimientos que violan la ley. En este mismo sentido, Laura Garc\u00eda Tu\u00f1\u00f3n, tambi\u00e9n legisladora de la ciudad de Buenos Aires, coment\u00f3 que la prohibici\u00f3n en s\u00ed conlleva la clandestinidad de las trabajadoras sexuales y el ocultamiento de una situaci\u00f3n social real. “La eliminaci\u00f3n del ‘rubro 59’ fue un ataque a Clar\u00edn<\/I> [peri\u00f3dico argentino que populariz\u00f3 la clasificaci\u00f3n de la oferta de servicios sexuales bajo esa categor\u00eda] m\u00e1s que una reglamentaci\u00f3n que proteja a las mujeres. Adem\u00e1s elimin\u00f3 los datos que pod\u00edan ayudar a develar ciertas redes de trata y explotaci\u00f3n sexual”,<\/I> precis\u00f3. Elena Reynaga, Secretaria General de la Asociaci\u00f3n de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR Nacional-CTA), record\u00f3 que su organizaci\u00f3n hab\u00eda propuesto un protocolo con el fin de determinar los casos en que hubiese explotaci\u00f3n sexual sin eliminar, para ello, la publicaci\u00f3n de avisos, que para muchas constituye una herramienta de trabajo. “La idea era que los medios llevaran un registro con el DNI (Documento Nacional de Identidad) de quien lo paga, para saber si la persona es mayor de edad y si est\u00e1 en la prostituci\u00f3n por su propia voluntad”.<\/I> La representante de AMMAR-Nacional se\u00f1al\u00f3 que la implementaci\u00f3n de este protocolo puede quedar en manos de la Oficina de Monitoreo de la Publicaci\u00f3n de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual –entidad creada por el decreto 936\/11 con el fin de regular su aplicaci\u00f3n–, de modo que les d\u00e9 garant\u00edas a las trabajadoras sexuales que publicitan, al mismo tiempo que avance en la identificaci\u00f3n de los proxenetas que hacen uso de este medio. “No queremos dejarles a los grandes medios toda la decisi\u00f3n; el diario donde est\u00e1 el Rubro 59<\/I> [Clar\u00edn] tambi\u00e9n se aprovecha de nosotras al cobrarnos m\u00e1s que lo que cobra en los dem\u00e1s rubros. Pero es posible armar un protocolo para protegerse de los proxenetas y para detectar la trata. Nosotros ya hab\u00edamos empezado a elaborar esta idea, llegamos a volcarla por escrito, y lo que pedimos es que se discuta en una mesa donde podamos participar”, <\/I>subray\u00f3. Reynaga sostiene la necesidad de diferenciar trabajo sexual de proxenetismo: “una cosa es trata y explotaci\u00f3n y otra es prostituci\u00f3n o trabajo sexual”.<\/I> Seg\u00fan explica, AMMAR-Nacional est\u00e1 a favor de la regulaci\u00f3n del trabajo sexual con el fin de garantizar que lo ejerzan personas mayores de edad de forma aut\u00f3noma y consentida, y acabar as\u00ed con cualquier relaci\u00f3n de dependencia que, en Argentina, constituye delito. El Decreto 936\/11, sin embargo, no afectar\u00e1 a establecimientos en donde se presente explotaci\u00f3n sexual: “Los ‘saunas’ no van a cerrar, porque tienen otros m\u00e9todos para publicitarse, como la contrataci\u00f3n de ‘tarjeteros’ y la ubicaci\u00f3n de lugares espec\u00edficos para la distribuci\u00f3n de esta publicidad. A ellos les iba muy bien antes de que existieran estas publicidades en los medios. Con la publicaci\u00f3n del decreto presidencial las compa\u00f1eras van a tener que volver a esos lugares, en donde las van a explotar m\u00e1s, porque van a tener menos recursos para defenderse. Es lo que siempre decimos: la clandestinidad va en beneficio de los sinverg\u00fcenzas”,<\/I> argument\u00f3 en el debate. Para Graciela Collantes, presidenta de AMMAR-Capital, Argentina es un pa\u00eds abolicionista y no reglamentarista, ya que a\u00fan existen c\u00f3digos contravencionales en varias provincias, que sancionan y penalizan el ejercicio de la prostituci\u00f3n. Como consecuencia, se\u00f1al\u00f3, “la pena recae sobre las mujeres que ejercen la prostituci\u00f3n y no sobre los que las explotan”.<\/I> Collantes cuestion\u00f3 el incumplimiento de tratados internacionales suscritos por el pa\u00eds que buscan proteger y garantizar los derechos de las personas que ejercen la prostituci\u00f3n. Se\u00f1al\u00f3 que, hasta el momento, “lo \u00fanico que se ha hecho es perseguirnos, en vez de establecer pol\u00edticas p\u00fablicas para protegernos. El Estado est\u00e1 para legislar, no para ejercer control sobre nuestros cuerpos”.<\/I> Reynaga secund\u00f3 esta postura. Para ella, “la experiencia nos dice que cada prohibici\u00f3n nos expone a nosotras, no a los proxenetas, y que la posibilidad de erradicar la trata va por el mismo camino que nos saque a nosotras de la clandestinidad, que nos d\u00e9 un marco legal”.<\/I> La activista se\u00f1al\u00f3 que el Estado debe revisar su discurso sobre la prostituci\u00f3n, ya que sus acciones se orientan m\u00e1s hacia la criminalizaci\u00f3n de este oficio que a la garant\u00eda de derechos. Seg\u00fan una investigaci\u00f3n en curso realizada entre AMMAR-Nacional, el Ministerio de Salud y la Universidad de Buenos Aires, en las cinco provincias argentinas m\u00e1s pobladas hay por lo menos 80.000 meretrices de las cuales 60.000 trabajan en lugares cerrados. Otro problema planteado en el debate fue la falta de leyes que garanticen los derechos de menores que se prestan al comercio sexual con el fin de garantizarse un sustento. Al respecto, Collantes se\u00f1al\u00f3 que los programas dirigidos a las personas que ejercen la prostituci\u00f3n consideran \u00fanicamente a las mayores de 18 a\u00f1os, bajo el supuesto de que las menores se encuentran en una situaci\u00f3n de explotaci\u00f3n sexual. “Ese modo de pensar las pol\u00edticas desconoce la situaci\u00f3n de muchas j\u00f3venes de familias con escas\u00edsimos recursos que se prostituyen para poder comer. Y nosotras, \u00bfqu\u00e9 hacemos con eso? No podemos tenerlas en la sede<\/I> [de AMMAR] y el gobierno no nos da respuestas. A esto nos referimos cuando hablamos de desnaturalizar la prostituci\u00f3n”,<\/I> se\u00f1al\u00f3. Diana Maffia sostuvo que m\u00e1s necesario que prohibir la oferta de prostituci\u00f3n es evitar su estigmatizaci\u00f3n. Debe haber leyes que regulen este tipo de publicidad, en lugar de prohibirla. “Algunos avisos que est\u00e1n ofreciendo un servicio sexual a veces colaboran en el fortalecimiento del estigma y la denigraci\u00f3n de la mujer. Estos son los considerados de ‘explotaci\u00f3n ajena’ y contra los que se debe legislar, ya que son publicados por proxenetas de manera an\u00f3nima. En esa actividad hay una cadena de lucro en la que participa el medio que les permite su publicaci\u00f3n. Colocar a las personas en situaciones de abyecci\u00f3n o no dar protecci\u00f3n integral por parte del Estado es una manera ileg\u00edtima de ejercer el poder. Prohibir el rubro 59 no elimina el sometimiento, la violencia o la vulnerabilidad de las personas en situaci\u00f3n de prostituci\u00f3n”,<\/I> puntualiz\u00f3 la legisladora. No obstante, el decreto presidencial recibi\u00f3 el apoyo de organizaciones de mujeres, medios de comunicaci\u00f3n y grupos feministas. Para Estela D\u00edaz, Coordinadora del Centro de Estudios Mujer y G\u00e9nero, queda claro que la medida “no s\u00f3lo est\u00e1 dirigida a combatir la trata de personas sino tambi\u00e9n a contribuir con la erradicaci\u00f3n de la violencia y la discriminaci\u00f3n hacia las mujeres y ni\u00f1as, especialmente la medi\u00e1tica”.<\/I> Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expres\u00f3 en un comunicado que el decreto presidencial “es un avance en la lucha contra los delitos de trata de personas y el delito de proxenetismo, que inevitablemente debe ser complementado con medidas de persecuci\u00f3n penal efectivas y coordinaci\u00f3n en pol\u00edticas p\u00fablicas de todos los estamentos y niveles del Estado (nacional, provinciales y municipales), que demuestren voluntad y ejecuci\u00f3n pol\u00edtica efectiva en esta materia”.<\/I> Desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o, Fopea desarrolla una campa\u00f1a para lograr la supresi\u00f3n voluntaria en los medios gr\u00e1ficos de todo el pa\u00eds de “publicidad enga\u00f1osa, que encubra la captaci\u00f3n de personas para la explotaci\u00f3n sexual o promocione el proxenetismo”.<\/I> Fopea propone que adem\u00e1s del decreto firmado, se aproveche el debate p\u00fablico sobre el tema para tratar la elaboraci\u00f3n de una ley espec\u00edfica en el Congreso de la Naci\u00f3n. Sin embargo, la organizaci\u00f3n considera que, en vez de prohibir, debe buscarse la autorregulaci\u00f3n por parte de los medios de comunicaci\u00f3n, de forma que manifiesten –frente a este y otros temas– un compromiso \u00e9tico de responsabilidad social. Otra forma de encarar el problema<\/B> La investigadora Mar\u00eda Alumin\u00e9 Moreno, integrante del equipo de trabajo de Diana Maffia en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, explica que actualmente en la Argentina existe un inter\u00e9s por legislar sobre prostituci\u00f3n desde diferentes posturas pol\u00edticas. Haciendo contrapeso a las perspectivas abolicionistas sobre el tema, la diputada Maffia present\u00f3 dos proyectos de ley que, en conjunto, buscan acabar con la sanci\u00f3n de la prostituci\u00f3n y transformar el enfoque punitivo que perjudica a las personas que ejercen este oficio. Uno de los proyectos busca eliminar el art\u00edculo 81 del C\u00f3digo de contravenciones de la ciudad de Buenos Aires que sanciona la oferta y demanda de sexo en la v\u00eda p\u00fablica; el otro establece que el Estado debe garantizar los Derechos Humanos a las personas en situaci\u00f3n de prostituci\u00f3n, en materia de salud, vivienda, educaci\u00f3n y trabajo. Con ello se busca establecer una serie de directrices para que el Estado local intervenga en el tema de prostituci\u00f3n, visibilizar esta problem\u00e1tica como un tema social y pensarla como un objeto de deliberaci\u00f3n pol\u00edtica y de intervenci\u00f3n p\u00fablica, afirma Moreno. “Para nosotros, este tema tiene que ver con las relaciones de poder en la sociedad y la desigualdad en su interior. \u00c9sta es una tem\u00e1tica que est\u00e1 muy naturalizada en los discursos sociales y en los medios de comunicaci\u00f3n, y con el proyecto queremos cuestionar este sentido com\u00fan y generar principios para la intervenci\u00f3n del Estado local”,<\/I> explic\u00f3. Una caracter\u00edstica destacable del segundo proyecto es la inclusi\u00f3n de un art\u00edculo que establece mecanismos de consulta con las personas en prostituci\u00f3n, de manera que se incorporen sus voces en el dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas sobre el tema. A diferencia del decreto presidencial sobre la publicidad de oferta sexual, este proyecto fue discutido con ALIT (Asociaci\u00f3n de Lucha por la Identidad Travesti), AMMAR-Capital y AMMAR-Nacional, y cuenta con el apoyo de la legisladora Laura Garc\u00eda Tu\u00f1\u00f3n, de la Central de Trabajadores de la Argentina. “Si bien no estamos de acuerdo con que la prostituci\u00f3n sea un trabajo, o que estas personas vayan a estar mejor porque se las reconozca como trabajadoras, consideramos que es necesaria una ley integral que contemple todas las posturas en esta situaci\u00f3n y no solamente las abolicionistas”,<\/I> subray\u00f3 Moreno. Esto es particularmente necesario, afirma, en un universo tan heterog\u00e9neo como el de la prostituci\u00f3n, en el que suelen quedar invisibilizados otros sujetos que no son mujeres pero que ejercen el oficio, as\u00ed como las diferentes modalidades en que se lleva a cabo: no es lo mismo la prostituci\u00f3n de calle que la que tiene lugar en espacios privados o en clubes, agreg\u00f3. La investigadora destac\u00f3 la importancia de incluir en el debate a otros actores gubernamentales, adem\u00e1s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Social y la Secretar\u00eda de Derechos Humanos, que pueden aportar soluciones clave a las problem\u00e1ticas de las personas que ejercen la prostituci\u00f3n. Indic\u00f3, por ejemplo, la pertinencia del Ministerio Desarrollo econ\u00f3mico, que maneja los planes de promoci\u00f3n de empleo, y del Ministerio de Justicia. “Tambi\u00e9n es importante el modo en que interviene el poder Judicial, no s\u00f3lo en la investigaci\u00f3n de denuncias sino en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 81 del c\u00f3digo contravencional, que sanciona la oferta y demanda de sexo”,<\/I> puntualiz\u00f3. Si bien los edictos policiales fueron derogados cuando Buenos Aires pas\u00f3 de la esfera federal a ser ciudad aut\u00f3noma, por presiones pol\u00edticas se incluy\u00f3 nuevamente este art\u00edculo en el c\u00f3digo contravencional. La definici\u00f3n de trata<\/B> Una de los marcos normativos en que se ampara el decreto 936\/11 es la Ley 26.364 de 2008 para la “Prevenci\u00f3n y Sanci\u00f3n de la Trata de Personas y Asistencia a sus V\u00edctimas”. A inicios de septiembre el Senado de la Naci\u00f3n dio media sanci\u00f3n a un proyecto que modifica esta ley. La iniciativa surgi\u00f3 a ra\u00edz de cuestionamientos de movimientos sociales a dos puntos de la ley: la aceptaci\u00f3n del “consentimiento” de la v\u00edctima de trata en la exculpaci\u00f3n del victimario, atenuante derogado en el proyecto, y el no cumplimiento efectivo de la pena por el beneficio de la probation<\/I> (que permite la suspensi\u00f3n del juicio penal en los casos en que las penas sean menores a tres a\u00f1os a cambio de tareas comunitarias y reparaci\u00f3n del da\u00f1o). Por ello se fij\u00f3 una pena m\u00ednima de cuatro a\u00f1os por este delito. El proyecto tambi\u00e9n contempla la inclusi\u00f3n del delito de promoci\u00f3n de la pornograf\u00eda infantil –que hab\u00eda quedado fuera de la anterior normativa– y el establecimiento del n\u00famero telef\u00f3nico 145 (ya fijado por decreto) para recibir denuncias desde todo el pa\u00eds, incluso a trav\u00e9s de mensaje de texto. La iniciativa, aprobada por unanimidad, deber\u00e1 ser tratada antes de fin de a\u00f1o en la C\u00e1mara baja. Otro aspecto destacado es la ampliaci\u00f3n del concepto de trata de personas. Seg\u00fan el texto, configura este delito “el ofrecimiento, la captaci\u00f3n, el traslado, la recepci\u00f3n o acogida de personas con fines de explotaci\u00f3n, en el territorio nacional o desde o hacia otros pa\u00edses”; y se\u00f1ala que hay explotaci\u00f3n cuando: se mantenga a una persona en condici\u00f3n de esclavitud o servidumbre; se la obligue a realizar trabajos forzados; se promueva, facilite o comercialice la prostituci\u00f3n ajena; se promueva la pornograf\u00eda infantil; se fuerce a una persona a contraer matrimonio o se promueva la extracci\u00f3n forzosa de \u00f3rganos o tejidos. Diana Maffia se\u00f1ala que esta ley contribuir\u00e1 tambi\u00e9n a cambiar el valor de las pruebas del delito, ya que en la ley actual la persona explotada debe proveer las evidencias, al considerarse su testimonio como insuficiente.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En Argentina el decreto presidencial que prohibi\u00f3 la oferta de servicios sexuales en peri\u00f3dicos provoc\u00f3 respuestas encontradas de quienes buscan abolir la prostituci\u00f3n como forma de explotaci\u00f3n y quienes demandan su reconocimiento como trabajo. No obstante, las l\u00edderes de ambas vertientes coinciden en que la decisi\u00f3n no tuvo en cuenta sus reclamos.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"default","ast-global-header-display":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-684","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias-clam"],"acf":[],"yoast_head":"\n