{"id":685,"date":"2011-10-10T00:00:00","date_gmt":"2011-10-10T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/clam.org.br\/es\/2011\/10\/10\/la-violenta-intimidad-de-la-discriminacion\/"},"modified":"2011-10-10T00:00:00","modified_gmt":"2011-10-10T03:00:00","slug":"la-violenta-intimidad-de-la-discriminacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clam.org.br\/es\/noticias-clam\/la-violenta-intimidad-de-la-discriminacion\/685\/","title":{"rendered":"La violenta intimidad de la discriminaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

Casos como la p\u00e9rdida de la guarda de sus hijas por parte de la Jueza Karen Atala<\/A><\/U> y el asesinato de Natalia (la Pepa) Gait\u00e1n<\/A><\/U> muestran c\u00f3mo el sexismo y la homofobia se combinan en una espiral de odio con frecuencia y consecuencias insuficientemente reconocidas. Los datos disponibles sobre victimizaci\u00f3n de personas LGBT en Am\u00e9rica Latina<\/A><\/U> llaman la atenci\u00f3n sobre cu\u00e1n habituales las diferentes formas de violencia con base en la discriminaci\u00f3n sexual llegan a ser en el seno de las relaciones familiares. Por su grado de intimidad y por ser naturalizados como un componente socialmente aceptado de estas relaciones, los modos violentos de subordinaci\u00f3n de las mujeres en general y la exclusi\u00f3n de que son objeto cuando no se someten a la autoridad masculina a menudo pasan desapercibidos o, en presencia de un conflicto, acaban siendo legitimados. La movilizaci\u00f3n social suscitada en torno de los procesos judiciales por estos dos casos y el activismo jur\u00eddico de organizaciones LGBT chilenas, argentinas e internacionales contribuye a acabar con la invisibilidad de esta discriminaci\u00f3n a los ojos de la justicia.

La amante l\u00e9sbica<\/B>

En Argentina, el 8 de agosto de este a\u00f1o Daniel Torres fue condenado a 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el asesinato de la Pepa –sobrenombre masculino que ostentaba con orgullo Natalia Gait\u00e1n, novia de su hijastra Dayana. A\u00f1o y medio antes, a principios de 2010, C\u00f3rdoba se hab\u00eda visto estremecida por el crimen ocurrido en el Barrio Parque Liceo Segunda Secci\u00f3n. La Pepa llegaba para intentar mediar en una discusi\u00f3n entre Dayana, su madre Silvia S\u00e1nchez y Torres, pareja de S\u00e1nchez, que cuestionaban el noviazgo de Dayana con una mujer. Fue recibida con un tiro de escopeta a quemarropa disparado por Torres, que le caus\u00f3 la muerte.

No obstante quedar demostrada durante el proceso la aversi\u00f3n por la orientaci\u00f3n sexual de la v\u00edctima como motivaci\u00f3n para el crimen, Fernando Amoedo, el fiscal a cargo de la acusaci\u00f3n consider\u00f3 la lesbofobia un “r\u00f3tulo demasiado r\u00edgido”<\/I> y prefiri\u00f3 referirse al caso como “un hecho vinculado a la violencia de g\u00e9nero”.<\/I> Si hubo discriminaci\u00f3n, fue por mujer y no por lesbiana, asegur\u00f3. Tal argumento resulta m\u00e1s desconcertante cuando la propia defensa de Torres hab\u00eda llamado la atenci\u00f3n acerca de la masculinidad de Gait\u00e1n como algo amenazante. El pelo corto, las ropas de hombre, su afici\u00f3n por las motos, el boxeo y el f\u00fatbol, adem\u00e1s de su car\u00e1cter pendenciero, hac\u00edan de la Pepa “una persona que daba miedo”.<\/I> De esta forma Lapascua, el abogado de Torres, intent\u00f3 mostrar que el acusado no hab\u00eda actuado motivado por el odio, sino que se hab\u00eda sentido apabullado y temeroso ante la intromisi\u00f3n de Gait\u00e1n en la discusi\u00f3n.

Si bien Torres fue sentenciado por el crimen, al no existir bases jur\u00eddicas que tipifiquen la homo\/lesbo\/transfobia como agravantes ni estar contemplada la orientaci\u00f3n sexual como causal de discriminaci\u00f3n en la legislaci\u00f3n argentina, ese motivo no fue contemplado al decidir la pena. Fue un logro del activismo LGBT local y nacional, no obstante, el crear conciencia al tornar el juicio un hecho p\u00fablico. Para Natalia Milisenda, abogada querellante, las declaraciones evidencian que el crimen fue premeditado y que la Pepa muri\u00f3 no s\u00f3lo por lesbiana sino por lesbiana masculina.

Madre y lesbiana<\/B>

En Chile, la violencia simb\u00f3lica que entra\u00f1a la suposici\u00f3n de que las lesbianas ser\u00edan inaptas para la maternidad se convirti\u00f3 en una flagrante violaci\u00f3n de derechos al separar a Karen Atala de sus hijas, a ra\u00edz de su relaci\u00f3n de pareja con otra mujer. El caso trascendi\u00f3 el \u00e1mbito de la justicia nacional y lleg\u00f3 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recientemente conden\u00f3 al Estado chileno a una serie de acciones restitutivas.

El proceso se inici\u00f3 en 2002, cuando Jaime L\u00f3pez y Karen Atala decidieron separarse, luego de que la jueza se reconociera como lesbiana en sesiones de terapia de pareja. L\u00f3pez acept\u00f3 que ella fuera la encargada de la crianza de sus hijas, que en aquella \u00e9poca ten\u00edan 9, 6 y 4 a\u00f1os de edad. Pero cuando Atala inici\u00f3 una relaci\u00f3n con la historiadora Emma De Ram\u00f3n, su ex marido aleg\u00f3 que esa convivencia atentaba contra el inter\u00e9s superior de las ni\u00f1as. “La decisi\u00f3n adoptada por la madre de seguir su tendencia homosexual provoca da\u00f1os en el desarrollo integral ps\u00edquico y en el ambiente social de las menores”,<\/I> argument\u00f3. Solicit\u00f3 la custodia argumentando que las ni\u00f1as estaban en riesgo de contraer enfermedades de transmisi\u00f3n sexual, como herpes o sida. De Ram\u00f3n fue inclusive llamada a practicarse ex\u00e1menes para determinar si era portadora de alguna de estas enfermedades.

Las primeras dos instancias de la justicia le otorgaron la custodia a Atala. Sin embargo L\u00f3pez llev\u00f3 el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que fall\u00f3 en contra de la jueza, sosteniendo que era necesario “precaver las consecuencias perniciosas”<\/I> para las menores al “criarse bajo el cuidado de una pareja homosexual”.<\/I> El Tribunal se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s una supuesta colisi\u00f3n entre los derechos de la madre y de las menores, dado que, al expresar libremente su “condici\u00f3n homosexual”,<\/I> Atala hab\u00eda antepuesto su provecho al inter\u00e9s superior de las ni\u00f1as. Seg\u00fan la Corte, esto fue especialmente evidente en la decisi\u00f3n de Atala de “iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar en que lleva a efecto la crianza y cuidado de sus hijas separadamente del padre de \u00e9stas”.<\/I> Esta situaci\u00f3n afectar\u00eda, seg\u00fan el criterio de la Corte, el “bienestar y desarrollo ps\u00edquico y emocional”<\/I> de las menores por la “eventual confusi\u00f3n de roles sexuales que puede produc\u00edrseles por la carencia en el hogar de un padre de sexo masculino y su reemplazo por otra persona del g\u00e9nero femenino”,<\/I> seg\u00fan versa la Sentencia.

La decisi\u00f3n de la Corte le signific\u00f3 una demanda al Estado chileno por parte de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional consider\u00f3 que la sentencia estuvo guiada por prejuicios sobre la orientaci\u00f3n sexual y que, en esa medida, el Estado chileno obr\u00f3 en contrav\u00eda de lo estipulado por la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos.

A fines de agosto de este a\u00f1o, la jueza chilena rindi\u00f3 testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en audiencia p\u00fablica celebrada en Bogot\u00e1, Colombia. Se\u00f1al\u00f3 que su condici\u00f3n profesional, de madre y de mujer hab\u00eda sido menoscabada por la estigmatizaci\u00f3n de la cual fue objeto por parte del Poder Judicial chileno.

“Soy una mujer, soy nieta de migrantes palestinos, por ende, tengo sangre semita. Soy abogada de profesi\u00f3n, soy jueza de oficio, soy madre y soy lesbiana. Todas estas cosas soy yo, y muchas m\u00e1s que me definen en mi esencia y calidad de persona humana. Sin embargo, una de las tantas cualidades que me definen fue estimada perjudicial para criar junto a mi seno a mis tres peque\u00f1as hijas. Cualidad que tiene que ver con mi orientaci\u00f3n sexual”,<\/I> declar\u00f3.

Por sugerencia de la reclamante, los magistrados del Tribunal internacional escucharon las exposiciones de Juan Carlos Mar\u00edn, Emilio Garc\u00eda M\u00e9ndez, Rodrigo Uprimny, Robert Wintemute y Allison Jernow, expertos en materia de derecho procesal, derechos de los ni\u00f1os y no discriminaci\u00f3n. Los cinco cuestionaron el uso inadecuado del inter\u00e9s superior de las ni\u00f1as por parte de la Corte chilena y explicaron que no hay evidencia que demuestre que el bienestar ps\u00edquico o social de los menores se vea afectado al crecer en un hogar con padres homosexuales. Garc\u00eda solicit\u00f3 que se dejara de hablar de un “posible da\u00f1o” que la relaci\u00f3n de las dos mujeres podr\u00edan provocar, y aconsej\u00f3 tener en cuenta la opini\u00f3n de las hijas sobre el caso.

Allison Jernow, abogada consejera del Proyecto de Identidad de G\u00e9nero y Orientaci\u00f3n Sexual de la Comisi\u00f3n Internacional de Juristas, se\u00f1al\u00f3 que la orientaci\u00f3n sexual de los padres no era un aspecto relevante en la crianza de los hijos, sino su conducta sexual; y que \u00e9sta s\u00f3lo deb\u00eda tenerse en cuenta en caso de que afectara las condiciones de vida de los menores. En este sentido, agreg\u00f3, la orientaci\u00f3n sexual no tuvo por qu\u00e9 ser parte del proceso en el que se decidi\u00f3 la custodia de las hijas.

Respecto a los considerandos acerca de una supuesta colisi\u00f3n de derechos, argumentada por el Tribunal chileno, la abogada Macarena S\u00e1ez, integrante del equipo asesor de Atala, se\u00f1al\u00f3 que “el derecho de la madre a vivir con sus hijas coincide con el derecho de las hijas a vivir con su madre” y que “una adecuada interpretaci\u00f3n de este caso encuentra que no hay conflicto entre los derechos de la madre y el inter\u00e9s superior de las ni\u00f1as”.<\/I>

Atala espera que la decisi\u00f3n de la CIDH siente un precedente sobre el derecho de los padres homosexuales a la crianza de sus hijos.

Discriminaci\u00f3n, derecho y visibilidad<\/B>

La discriminaci\u00f3n basada en la orientaci\u00f3n sexual es experimentada por las personas en relaci\u00f3n con otros elementos que participan en su constituci\u00f3n como sujetos. As\u00ed como en otras situaciones las marcas de clase y el prejuicio racial pueden operar exacerbando determinadas formas de violencia –o bien generando, paradojalmente, situaciones de mayor aceptaci\u00f3n y solidaridad–, la Pepa Gait\u00e1n y la Jueza Atala vieron obrar contra ellas la combinaci\u00f3n de la norma que las subordina como mujeres con el impulso social por eliminar de su seno la “amenaza l\u00e9sbica”. Un abordaje integral de la discriminaci\u00f3n requiere tener en cuenta su car\u00e1cter interrelacional, de lo contrario, su aplicaci\u00f3n se ver\u00e1 comprometida en casos en los que las violencia derivadas de ella se configuran en la intersecci\u00f3n de dos o m\u00e1s causales de discriminaci\u00f3n. Este es el caso de la lesbofobia, cuya singular constituci\u00f3n en el cruce de la homofobia y el sexismo suele ser invisible para los agentes de la justicia; conllevando as\u00ed tanto el desconocimiento del componente discriminatorio en los juicios por cr\u00edmenes lesbof\u00f3bicos, as\u00ed como a la reproducci\u00f3n de la violencia por parte de polic\u00edas, fiscales y jueces.

Mientras el caso de Atala segu\u00eda su curso ante la CIDH, Chile debat\u00eda la creaci\u00f3n de una herramienta legal que proteja a ciudadanos y ciudadanas contra distintas formas de discriminaci\u00f3n. A partir de las reformas de la d\u00e9cada de 1980, la Constituci\u00f3n chilena incorpor\u00f3 la no discriminaci\u00f3n como derecho a ser protegido por parte del Estado. Sin embargo, hasta ahora ha sido imposible incluir expl\u00edcitamente la orientaci\u00f3n sexual y la identidad de g\u00e9nero como causales de discriminaci\u00f3n.

La m\u00e1s reciente discusi\u00f3n al respecto se dio en torno al proyecto de Ley contra la Discriminaci\u00f3n<\/A><\/U>, en tr\u00e1mite en el Senado de ese pa\u00eds. La iniciativa fue presentada en marzo de 2005. Sin embargo, permaneci\u00f3 estancada desde entonces en la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n, Legislaci\u00f3n y Justicia del Senado y su debate s\u00f3lo fue retomado en septiembre de este a\u00f1o.

La iniciativa fue rechazada por grupos conservadores y religiosos, que pidieron excluir las categor\u00edas de g\u00e9nero y orientaci\u00f3n sexual por considerarlas “ambiguas” y “ajenas” al ordenamiento jur\u00eddico del pa\u00eds. Ante la solicitud de una comisi\u00f3n t\u00e9cnica externa al parlamento de omitirlas del articulado, la Comisi\u00f3n del Senado evalu\u00f3 pertinente no incluir el g\u00e9nero como causal de discriminaci\u00f3n. Esto suscit\u00f3 el rechazo de m\u00e1s de 30.000 ciudadanas y ciudadanos que, convocados por la Fundaci\u00f3n=Iguales, Acciongay y el MUMS (Movimiento Unificado de Minor\u00edas Sexuales), el 1\u00ba de octubre hicieron de esa protesta su lema en la Marcha por la Diversidad y exigieron la aprobaci\u00f3n \u00edntegra de esta ley.

A la respuesta de la Comisi\u00f3n del Senado se sum\u00f3 la Corte Suprema de Justicia –la misma que quit\u00f3 a Atala la tuici\u00f3n de sus hijas–, que otorg\u00f3 al proyecto una calificaci\u00f3n desfavorable, al argumentar que el ordenamiento jur\u00eddico chileno cuenta con herramientas para proteger a las ciudadanas y ciudadanos contra la discriminaci\u00f3n.

Este contexto revela tanto la necesidad de una ley contra la discriminaci\u00f3n, como la importancia de que esta sea entendida por parte de legisladores y jur\u00eddicos como un fen\u00f3meno complejo y relacional. De lo contrario, formas de discriminaci\u00f3n y violencia como la lesbofobia seguir\u00e1n siendo ignoradas e incluso reproducidas en \u00e1mbitos como el judicial, donde deber\u00eda ser combatida. <\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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