{"id":695,"date":"2011-11-09T00:00:00","date_gmt":"2011-11-09T02:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/clam.org.br\/es\/2011\/11\/09\/derecho-sobre-la-vida\/"},"modified":"2011-11-09T00:00:00","modified_gmt":"2011-11-09T02:00:00","slug":"derecho-sobre-la-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clam.org.br\/es\/noticias-clam\/derecho-sobre-la-vida\/695\/","title":{"rendered":"DERECHO SOBRE LA VIDA"},"content":{"rendered":"

El 24 de abril de 2007 se aprob\u00f3 en la Ciudad de M\u00e9xico la ley que despenaliz\u00f3 totalmente el aborto durante las primeras 12 semanas de gestaci\u00f3n. Luego en agosto de 2008, en respuesta a demandas en contra de la norma y tras una serie de audiencias p\u00fablicas, la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n de M\u00e9xico (SCJN) determin\u00f3 su constitucionalidad.

En respuesta y operando una suerte de ‘blindaje’ jur\u00eddico contra la legalizaci\u00f3n del aborto a trav\u00e9s de reformas constitucionales, 19 de los 32 estados de la Rep\u00fablica implantaron la protecci\u00f3n de la vida desde el momento de la concepci\u00f3n.

Desde 2009 se tramitan recursos de inconstitucionalidad contra estas reformas. Son las acciones 11\/2009, presentada por el ex presidente de la Procuradur\u00eda de los Derechos Humanos y de Protecci\u00f3n Ciudadana de Baja California, Francisco Javier S\u00e1nchez Corona; y 62\/2009, formulada por diputados del Congreso de San Luis Potos\u00ed. Despu\u00e9s de dos a\u00f1os, ambas llegan a ser debatidas en conjunto por la SCJN.

La acci\u00f3n 11\/2009 se basa en la discusi\u00f3n en torno del concepto de vida humana en que se basa el orden jur\u00eddico vigente, al postular que aun cuando “un cigoto califica como un organismo humano, [\u2026] no se le puede considerar razonablemente como [\u2026] sujeto jur\u00eddico o normativo<\/I>”. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales suscritos establecen ese principio. Los mismos argumentos son considerados en la demanda 62\/2009, que agrega que “la reforma referida constituye la imposici\u00f3n dogm\u00e1tica de una creencia popular como norma general<\/I>”.

M\u00e1s all\u00e1 de la amenaza a la salud y las trabas para el ejercicio de derechos de las mujeres implicados en el principio de protecci\u00f3n de la vida desde la concepci\u00f3n, las reformas profundizaron una situaci\u00f3n de inseguridad jur\u00eddica, al impulsar una ola de denuncias de m\u00e9dicos que atendieron a mujeres sindicadas de haber abortado. En Guanajuato, por ejemplo, se encuentran pendientes 33 procesos judiciales por esa causa. Este orden jur\u00eddico ha legitimado campa\u00f1as de hostigamiento contra mujeres que recurren a servicios de salud ante por cualquier motivo relacionado con la interrupci\u00f3n del embarazo.

Seg\u00fan denuncias de organizaciones sociales, en los estados de Oaxaca, Quer\u00e9taro y Guanajuato, cientos de mujeres han enfrentado procesos judiciales por causa de abortos espont\u00e1neos. Quienes han solicitado la interrupci\u00f3n legal del embarazo por violaci\u00f3n no s\u00f3lo han sido privadas de este derecho, sino que llegaron a ser detenidas. En Guanajuato, la organizaci\u00f3n Las Libres<\/A><\/U> denunci\u00f3 hostigamiento judicial por parte de agentes del Ministerio P\u00fablico contra mujeres acusadas de abortar. Seg\u00fan la organizaci\u00f3n, los funcionarios, que acuden a las casas de las mujeres para determinar si abortaron, las acusan de infidelidad, las abordan f\u00edsicamente sin su consentimiento y exponen su situaci\u00f3n en p\u00fablico.

El debate<\/B>

Pese a su pretensi\u00f3n de proteger la vida prenatal, se\u00f1al\u00f3 el ministro Fernando Franco, ponente de las dos acciones durante el debate en la SCJN, las reformas “vulneran la dignidad de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular la libertad reproductiva<\/I>”. Secundado por los ministros Juan Silva Meza, Sergio Valls Hern\u00e1ndez, Olga S\u00e1nchez Cordero, Arturo Zald\u00edvar, Jos\u00e9 Ram\u00f3n Coss\u00edo D\u00edaz y Luis Mar\u00eda Aguilar Morales, agreg\u00f3 que al considerar el producto de la fecundaci\u00f3n como sujeto de derechos, sin importar la etapa gestacional en la que se encuentre, los estados incurren en contravenci\u00f3n del principio de supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n Federal.

En defensa de las reformas, Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Pardo Rebolledo argumentaron que la Constituci\u00f3n Federal “no establece desde cu\u00e1ndo se debe proteger el derecho a la vida [y] es deber de cada entidad definir cu\u00e1ndo inicia la protecci\u00f3n a ese derecho<\/I>”. De esta forma, argumentaron, se seguir\u00eda lo estipulado por la SCJN, que ha conminado a cada estado a “ampliar los derechos de sus habitantes<\/I>”. Bajo este principio se determin\u00f3 en 2008 la constitucionalidad del aborto en el Distrito Federal, argument\u00f3 la ministra Luna Ramos, motivo por el cual deb\u00eda aplicarse el mismo criterio en el caso de las otras entidades federativas. En este sentido, tanto el art\u00edculo 7 de la Constituci\u00f3n de Baja California, que considera “nacido<\/I>” a todo “individuo<\/I>” desde el momento en que es concebido “hasta su muerte natural o no inducida<\/I>”, como el art\u00edculo 16 de la Carta de San Luis Potos\u00ed, que extiende la prohibici\u00f3n de la “pena de muerte<\/I>” al \u00f3vulo fecundado, son constitucionales, asever\u00f3.

La discusi\u00f3n se dio en medio de presiones de la Iglesia Cat\u00f3lica y del Ejecutivo Federal para rechazar las acciones de inconstitucionalidad. El Presidente Felipe Calder\u00f3n Hinojosa se manifest\u00f3 a favor de “refrendar un compromiso con el derecho a la vida<\/I>”, que implicar\u00eda modificar los t\u00e9rminos en que M\u00e9xico suscribi\u00f3 el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica. En su art\u00edculo primero, el Pacto firmado en 1969 por los Estados-miembro de la OEA y vigente desde 1978 establece que el derecho a la vida de toda persona debe ser protegido a partir del momento de la concepci\u00f3n. Cuando M\u00e9xico adhiri\u00f3 al mismo en 1981, formul\u00f3 una declaraci\u00f3n interpretativa dejando claro que no estaba obligado a legislar para proteger la vida desde la concepci\u00f3n y que todos los Estados conservaban su derecho a definir excepciones en su legislaci\u00f3n “como es el caso de excluyentes de responsabilidad en casos de aborto<\/I>”. La solicitud del Jefe de Estado ser\u00e1 examinada por la C\u00e1mara de Senadores.

No hubo fallo<\/B>

Pese a que los votos a favor de declarar la inconstitucionalidad de las reformas fueron superiores en n\u00famero, 7 contra 4 en ambos casos, \u00e9stas continuar\u00e1n vigentes al no reunirse los 8 votos estipulados por la Constituci\u00f3n Federal para aprobar dichas acciones. Si bien hubo debate por parte de la SCJN, no hubo fallo, al no reunirse ninguna la mayor\u00eda necesaria para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas. Por este motivo el expediente ser\u00e1 archivado y la legislaci\u00f3n actual sobre aborto no se ver\u00e1 afectada, aunque los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas permanecer\u00e1n en una situaci\u00f3n de incertidumbre legal, opin\u00f3 Alejandro Madrazo Lajous, director del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigaci\u00f3n y Docencia Econ\u00f3micas (CIDE).

Para Gustavo Ortiz Mill\u00e1n, miembro del Instituto de Investigaciones Filos\u00f3ficas de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico, esta incertidumbre se debe en parte a la ambig\u00fcedad del t\u00e9rmino “concepci\u00f3n”. Las leyes demandadas dan por sentado el sentido de esta palabra sin preguntarse qu\u00e9 es o cu\u00e1ndo ocurre. El investigador advierte que estas cuestiones siguen siendo objeto de debate por parte de asociaciones m\u00e9dicas, que a\u00fan no est\u00e1n de acuerdo si la concepci\u00f3n sucede cuando el espermatozoide fecunda el \u00f3vulo, o durante la implantaci\u00f3n del \u00f3vulo fecundado en el endometrio.

“Una consecuencia de estas reformas es que, a menos que se especifique exactamente en qu\u00e9 consiste la protecci\u00f3n del derecho a la vida desde la concepci\u00f3n, [\u2026] proscribir\u00edan la fecundaci\u00f3n in vitro, pero tambi\u00e9n el diagn\u00f3stico prenatal. Tambi\u00e9n ponen en riesgo el uso del dispositivo intrauterino o DIU (cuyo mecanismo anticonceptivo impide la implantaci\u00f3n del \u00f3vulo fecundado) y que es uno de los m\u00e9todos m\u00e1s usados por las mujeres en M\u00e9xico. Finalmente, estas reformas proh\u00edben realizar investigaci\u00f3n en embriones no implantados o en c\u00e9lulas embrionarias que actualmente se usan en investigaciones biom\u00e9dicas, por ejemplo, para regeneraci\u00f3n de \u00f3rganos y tejidos. Tendr\u00edamos que considerar esas c\u00e9lulas como “personas”, lo cual es absurdo. Si estas leyes antiaborto permanecen, M\u00e9xico dar\u00e1 un paso atr\u00e1s en la investigaci\u00f3n con c\u00e9lulas embrionarias<\/I>”, asever\u00f3 en un comunicado el autor de La moralidad del aborto<\/A><\/U> (2009).

La extracci\u00f3n quir\u00fargica de embriones alojados en las trompas de falopio (embarazo ect\u00f3pico) tambi\u00e9n podr\u00eda verse penalizada por estas leyes, a pesar de no ser considerada un procedimiento abortivo por la legislaci\u00f3n mexicana. En este contexto, explic\u00f3 Madrazo Lajous, las mujeres no saben si al ejercer sus derechos reproductivos son “tuteladas por el orden jur\u00eddico o si cometen un delito<\/I>”.

Pese a este panorama, el especialista celebr\u00f3 que por primera vez en el seno del m\u00e1ximo Tribunal se haya discutido acerca de los derechos sexuales y reproductivos, y que la mayor\u00eda de los ministros se haya pronunciado a favor de su garant\u00eda por parte del Estado. Destac\u00f3 el pronunciamiento de Arturo Zald\u00edvar a favor del derecho a decidir, que calific\u00f3 como “derecho fundamental”, as\u00ed como del acceso a m\u00e9todos anticonceptivos. Tambi\u00e9n resalt\u00f3 la participaci\u00f3n de la ministra Olga S\u00e1nchez Cordero, quien manifest\u00f3 la necesidad de que los derechos sexuales y reproductivos sean contemplados por el r\u00e9gimen jur\u00eddico. “Esto habla de la incertidumbre jur\u00eddica en torno a tales derechos<\/I>”, asever\u00f3 Madrazo Lajous.

Derecho a la vida. Derecho sobre la vida<\/B>

Michel Foucault defini\u00f3 la biopol\u00edtica como una forma de poder que se vale del “hacer vivir”. En tanto c\u00e1lculo sobre la vida de la poblaci\u00f3n por parte del Estado, el debate sobre el aborto muestra la constituci\u00f3n de esta pr\u00e1ctica como objeto tanto biopol\u00edtico como tanatopol\u00edtico, al valerse de la muerte para garantizar dicho objetivo. Al hablar de muerte, aclara el fil\u00f3sofo franc\u00e9s, no nos referimos s\u00f3lo al asesinato, sino tambi\u00e9n a su exposici\u00f3n y a la multiplicaci\u00f3n del riesgo de muerte para algunos. Las estrategias jur\u00eddicas que buscan proteger el ‘derecho a la vida’ desde la concepci\u00f3n se basan en el ‘derecho sobre la vida’ de las mujeres, en tanto pueden valerse de su muerte.

La SCJN tiene pendiente discutir tres controversias constitucionales presentadas por municipios de los estados de Oaxaca, Quer\u00e9taro y Guanajuato. Resta esperar si el Tribunal fallar\u00e1 a favor del derecho a la vida de las mujeres.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En M\u00e9xico, La Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n debate la legalidad de reformas constitucionales que, en varios estados, protegen la vida desde la concepci\u00f3n. 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