El 2012 comienza en Argentina con un mapa pol\u00edtico redibujado. Tras las elecciones nacionales de octubre del a\u00f1o pasado la conformaci\u00f3n de las c\u00e1mara legislativas se modific\u00f3 y con ello las estrategias que deber\u00e1n desplegarse para obtener qu\u00f3rums en ambas c\u00e1maras. Con el abrumador triunfo del Frente para la Victoria encabezado por la presidente Cristina Fern\u00e1ndez este partido cuenta con mayor\u00eda absoluta en la c\u00e1mara de Diputados, por lo que todo proyecto que quiera ser considerado deber\u00e1 contar con la venia del Ejecutivo, ya sea con la orden de votar en bloque o posibilitando la libertad de consciencia para que cada diputado o diputada decida de acuerdo a su convicci\u00f3n. En lo que respecta a los Derechos Sexuales y Reproductivos, dos leyes est\u00e1n en debate legislativo. El proyecto de ley de identidad de g\u00e9nero, ya con media sanci\u00f3n en diputados parece encaminado a su aprobaci\u00f3n en la c\u00e1mara alta, que en un principio no ofrecer\u00eda demasiada resistencia. Ya el proyecto por la despenalizaci\u00f3n del aborto corre otra suerte y a\u00fan no logra siquiera su aprobaci\u00f3n en la comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n Penal de la c\u00e1mara baja tras la p\u00e9rdida de validez del dictamen en noviembre del a\u00f1o pasado, poniendo en vilo el proyecto que puede perder este a\u00f1o su estatus parlamentario.
Argentina cuenta con leyes de avanzada. La llamada “ley de matrimonio igualitario”, aprobada en 2010, que modifica el C\u00f3digo Civil para permitir el casamiento civil entre personas del mismo sexo, con el correlato del acceso a la adopci\u00f3n; la ley de Protecci\u00f3n Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y las leyes que amparan el parto domiciliario forman un paraguas jur\u00eddico que, de aprobarse la ley de identidad de g\u00e9nero, colocar\u00e1n al pa\u00eds a la vanguardia latinoamericana en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sin embargo, frente a esta situaci\u00f3n se presentan dos grandes dilemas que constituyen retos para las organizaciones por los DSR en 2012: la falta de voluntad pol\u00edtica para llevar adelante la aplicaci\u00f3n de las leyes en vigencia, sobre todo en lo que respecta a m\u00e9todos contraceptivos, y la dificultad que encuentran los grupos feministas en colocar en el debate legislativo el proyecto de ley por la despenalizaci\u00f3n del aborto.
Martha Rosenberg, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y la Campa\u00f1a Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito<\/A><\/U>, se\u00f1ala que el apoyo recibido por todos los sectores de la sociedad, especialmente las adhesiones de los gobiernos de Universidades Nacionales de todo el pa\u00eds, es fundamental para mantener la legitimaci\u00f3n social del reclamo y con esto presionar para su tratamiento legislativo. “Muchos diputados y diputadas se comprometieron a tratar el proyecto para que no pierda estado parlamentario. El a\u00f1o pasado s\u00f3lo se consigui\u00f3 la discusi\u00f3n en comisi\u00f3n con la consabida ausencia del bloque del Frente para la Victoria”,<\/I> explica. “Tenemos un bloque mayoritario en el Parlamento Nacional que tiene en sus manos la decisi\u00f3n. Esperemos que la Presidenta les otorgue libertad de consciencia y les permita votar de acuerdo a sus convicciones. Va a ser muy importante trabajar para que el nuevo parlamento realice el compromiso con esta voz social que demuestra que esta ley representa un enriquecimiento y no una amenaza para nuestra sociedad”,<\/I> enfatiza. En este mismo sentido va la reflexi\u00f3n de Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES<\/A><\/U>, quien considera necesario trabajar con las y los legisladores para que este sea un tema de agenda, con legitimidad pol\u00edtica y “que no tratarlo sea costoso en t\u00e9rminos sociales y pol\u00edticos”,<\/I> con los operadores de justicia, a quienes es preciso “informarlos y asesorarlos respecto de la jurisprudencia actual”<\/I> y mantener candente el debate social “con m\u00e1s y mejores argumentos desde quienes defendemos el derecho a la vida, a la salud y a las opciones y a la informaci\u00f3n”.<\/I> Sobre el \u00faltimo punto, se\u00f1ala que han habido “cambios en la sociedad con respecto a la opini\u00f3n sobre la legalizaci\u00f3n y la presencia en los medios es mayor. Pero hay que promoverlo y sostenerlo dentro de la agenda democr\u00e1tica”,<\/I> puntualiz\u00f3. Diversas encuestas realizadas en el pa\u00eds expresan que el 60 % de la poblaci\u00f3n est\u00e1 a favor de la legalizaci\u00f3n del aborto. Frente a la estrategia del movimiento de mujeres de mantener vivo el debate, la Iglesia tambi\u00e9n tiene un modo de inmiscuirse en las discusiones que se generan tanto en la esfera p\u00fablica como en la legislativa a trav\u00e9s de las asociaciones pro-vida<\/I> o pro-familia.<\/I> A esta forma en que algunas religiones utilizan la sociedad civil como arena democr\u00e1tica para encausar su postura contraria a los derechos sexuales y reproductivos el soci\u00f3logo e investigador Juan Marco Vaggione (UNC-CONICET) la ha denominado “ONGizaci\u00f3n de lo religioso”. “Como parte de la defensa de lo que la Iglesia da en llamar ‘cultura de la vida’, desde el Vaticano se han producido diversas adaptaciones estrat\u00e9gicas para influenciar los debates p\u00fablicos respecto al aborto. Por ejemplo, junto a la jerarqu\u00eda religiosa es cada vez m\u00e1s frecuente la presencia de l\u00edderes laicos y organizaciones de la sociedad civil que encarnan la resistencia m\u00e1s visible a la legalizaci\u00f3n del aborto”,<\/I> sostiene. Las formas en que se activa la jerarqu\u00eda cat\u00f3lica cada vez que se debate la regulaci\u00f3n de la sexualidad o la reproducci\u00f3n es similar a lo que pasa en diversos pa\u00edses donde la Iglesia Cat\u00f3lica tiene una presencia significativa. Si bien cada pa\u00eds y cada tem\u00e1tica imprimen sus particularidades, “los principales argumentos y estrategias que se ponen en circulaci\u00f3n para influenciar los debates pol\u00edticos y legales tienen una g\u00e9nesis transnacional. La agenda del activismo cat\u00f3lico contrario a los derechos de las mujeres trasciende las fronteras nacionales y refleja un fen\u00f3meno global encabezado desde el Vaticano”,<\/I> detalla el soci\u00f3logo. En Argentina, al igual que en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, “la jerarqu\u00eda cat\u00f3lica tiene una estrategia bifronte para influenciar pol\u00edticamente”,<\/I> contin\u00faa Vaggione. “Por un lado, se modificaron los registros discursivos utilizados por actores religiosos para oponerse a los cambios legales: las argumentaciones de tipo secular han adquirido relevancia en el posicionamiento de la jerarqu\u00eda cat\u00f3lica y tanto los documentos oficiales como las declaraciones p\u00fablicas se basan cada vez con mayor frecuencia en razonamientos cient\u00edficos, legales o bio\u00e9ticos. Por otro lado, como lo ha hecho por d\u00e9cadas: presionando gobiernos o haciendo<\/I> lobby con parlamentarios. El tema del aborto en particular es para la Iglesia Cat\u00f3lica un aspecto prioritario como lo indican los distintos documentos del Vaticano. En particular, desde mediados de los a\u00f1os noventa proponen la existencia de una cultura de la muerte de la cual el tema del aborto ocupa un lugar principal. La enc\u00edclica<\/I> Evangelium Vitae <\/I>plantea una oposici\u00f3n entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte que tiene un fuerte impacto en la pol\u00edtica sexual de la Iglesia Cat\u00f3lica”,<\/I> y es en este documento que los grupos pro-vida<\/I> encuentran su asidero argumental. Frente al creciente impacto del feminismo y de las organizaciones LGBT en las Naciones Unidas, el Vaticano reaccion\u00f3 en defensa de un orden sexual que excede la esfera religiosa. Esta defensa, puntualiza Vaggione, se justifica, entre otras razones, en la “ideolog\u00eda de g\u00e9nero”<\/I> como una influencia que subvierte los valores ya que minimiza “la diferencia corp\u00f3rea, llamada sexo”<\/I> a la vez que considera como principal y primaria “la dimensi\u00f3n estrictamente cultural, llamada g\u00e9nero”.<\/I> De todos modos, la legalizaci\u00f3n del aborto en todos sus casos es el horizonte de una discusi\u00f3n que tambi\u00e9n se materializa en la necesidad de ejercer el derecho en aquellos casos permitidos en el pa\u00eds, lo cual no siempre discurre por los carriles debidos y muchas veces termina en la judicializaci\u00f3n de casos que no deber\u00edan llegar a esta v\u00eda legal. Tanto Romero como Rosenberg coinciden en la necesidad de trabajar con los equipos de salud, para revertir la omisi\u00f3n o inacci\u00f3n de los mismos a la hora de recibir una mujer que reclama su derecho. “Necesitamos el compromiso de algunas sociedades profesionales que los nuclean o de referentes de la especialidad que asuman cierto liderazgo con los pares y aquellos que trabajan en el sector p\u00fablico necesitan alguna se\u00f1al de las autoridades sanitarias”,<\/I> enfatiza Romero. “El silencio s\u00f3lo favorece las incertidumbres y la sensaci\u00f3n de exposici\u00f3n gratuita de las\/os pocos comprometidos con la normativa vigente”,<\/I> afirma. Rosenberg comenta que la estrategia se complementa con las denuncias p\u00fablicas de los casos de no cumplimiento del art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal que prev\u00e9 las formas de dar lugar dentro del sistema de salud a la realizaci\u00f3n de abortos no punibles. “En este sentido contamos con el amplio apoyo de la prensa. Lamentablemente no contamos con el apoyo del ejecutivo, tanto de la Presidencia como del Ministerio de Salud. Todav\u00eda no logramos que se firme la Gu\u00eda T\u00e9cnica para la Atenci\u00f3n de Abortos no punibles y esta situaci\u00f3n hace que nuestro pa\u00eds no cumpla con los compromisos internacionales adquiridos”,<\/I> puntualiza. Adem\u00e1s de la deuda social con las mujeres que deben realizarse abortos en condiciones de inseguridad y poniendo en riesgo sus vidas, existe una deuda con los organismos internacionales de control de los derechos de las mujeres de mantener en vigencia los derechos ya adquiridos y ampliarlos modificando la legislaci\u00f3n que proh\u00edbe el aborto. Debemos recordar que frente a las denuncias de la sociedad civil de las reiteradas irregularidades en el cumplimiento del art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal, el comit\u00e9 de seguimiento de la CEDAW tom\u00f3 la medida excepcional de que este tema en particular tenga un seguimiento m\u00e1s peri\u00f3dico que los otros, por lo que en 2012 nuevamente Argentina deber\u00e1 dar cuentas del estado de situaci\u00f3n al respecto. “La gran deuda es con las mujeres de bajos recursos econ\u00f3micos y educativos que, adem\u00e1s son presionadas por los sectores m\u00e1s conservadores y de la Iglesia para continuar con embarazos por encima de la voz y la decisi\u00f3n de las propias mujeres. Operan subrog\u00e1ndose el poder institucional, en el caso de los m\u00e9dicos, y social, en el caso de la Iglesia, lo que les da autoridad sobre la capacidad de las mujeres de tomar sus propias decisiones con respecto a c\u00f3mo y cu\u00e1ndo tener hijos”,<\/I> enfatiz\u00f3 Rosenberg. Tal es el reciente caso de una ni\u00f1a de 11 a\u00f1os embarazada por una violaci\u00f3n en la provincia de Entre R\u00edos a la que le fue negado el aborto solicitado por la madre, tanto por las autoridades de salud como por la justicia por considerar que estaba en condiciones saludables de llevar adelante el embarazo, denotando una visi\u00f3n equivocada y parcial de lo que la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) considera salud: no solo la f\u00edsica, sino la mental y psicol\u00f3gica de lo que, en este caso, significa dar a luz a tan corta edad. La dicotom\u00eda vida-muerte, explica Vaggione, se corporeiza en la posici\u00f3n antag\u00f3nica del activismo cat\u00f3lico ya que no est\u00e1 discutiendo s\u00f3lo reformas legales sino defendiendo la vida como valor. “La demanda por los derechos sexuales y reproductivos, cualquiera que sea, se considera como parte de esta cultura de la muerte transform\u00e1ndola en innegociable. Cualquier demanda que favorezca el acceso a m\u00e9todos anticonceptivos es, para la Iglesia Cat\u00f3lica, parte de la cultura de la muerte. No es s\u00f3lo el tema del aborto el que se resiste, sino que cualquier cambio legal que autonomice la sexualidad de la reproducci\u00f3n se considera como un cambio cultural que debe ser resistido”,<\/I> expone el investigador.