En Ecuador el a\u00f1o pasado fueron cerradas 30 cl\u00ednicas que ofrec\u00edan tratamientos para “curar” la homosexualidad. La proliferaci\u00f3n de estos centros, donde las personas internadas son objeto de tratos crueles y degradantes, ha sido una de las principales preocupaciones de organizaciones de Derechos Humanos que desde hace algunos a\u00f1os exigen al gobierno ecuatoriano el cierre de dichos establecimientos. En el segundo ciclo del Examen Peri\u00f3dico Universal (EPU) de la ONU, el gobierno de ese pa\u00eds deber\u00e1 rendir cuentas de las acciones implementadas para atender esta problem\u00e1tica.
El pasado mi\u00e9rcoles 8 de febrero, organizaciones sociales informaron en rueda de prensa que cada semana reciben en promedio dos denuncias de personas que son internadas contra su voluntad en estos centros. Cayetana Salao, integrante de Artikulaci\u00f3n Espor\u00e1dika<\/A><\/U> –una de las organizaciones que ha buscado darle mayor visibilidad a este tema– se\u00f1al\u00f3 que si bien este n\u00famero es alto, las dimensiones de la problem\u00e1tica pueden ser todav\u00eda mayores, ya que s\u00f3lo se cuenta con la informaci\u00f3n de las personas que se atreven a denunciar. Al respecto Carmen Laspina, Directora General de Salud del Ecuador, explic\u00f3 que muchas v\u00edctimas prefieren no denunciar los casos, ya que generalmente son sus progenitores quienes las ingresan. Para la organizaci\u00f3n feminista Taller de Comunicaci\u00f3n Mujer<\/A><\/U>, la participaci\u00f3n de las familias es uno de los aspectos m\u00e1s preocupantes de esta situaci\u00f3n, pues son ellas quienes consienten las pr\u00e1cticas de encierro y “rehabilitaci\u00f3n” a las que son sometidas las v\u00edctimas. En el caso de mujeres casadas internadas se ha comprobado incluso la colaboraci\u00f3n de sus esposos, quienes suscriben contratos con las cl\u00ednicas para su ingreso. Sobre este punto en particular, en su informe sombra Situaci\u00f3n de las mujeres lesbianas en Ecuador (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos)<\/A><\/U>,<\/I> Taller de Comunicaci\u00f3n Mujer afirma que “se observa c\u00f3mo al interior de las instituciones (estatales, familiares, m\u00e9dicas, etc.) a\u00fan funciona un discurso biol\u00f3gico, heteronormativo y binario que instituye mecanismos de disciplinamiento social que producen y refuerzan el ordenamiento sexual y de g\u00e9nero”.<\/I> De acuerdo con las autoras, “las pr\u00e1cticas de tortura y tratos crueles constituyen mecanismos de normalizaci\u00f3n que sirven a varios fines: intensificaci\u00f3n del control sobre la sexualidad de las hijas; delegaci\u00f3n del castigo a la disidencia sexual (de la familia a los “profesionales” de la salud); y, finalmente, en tanto dispositivo de sojuzgamiento de las mujeres, que consiste en doblegarlas f\u00edsicamente y menoscabarlas psicol\u00f3gicamente, a trav\u00e9s de actos que incluso en ocasiones configuran tortura, a fin de restaurar el orden heterosexual y patriarcal transgredido por ellas”.<\/I> En la rueda de prensa, Tatiana Cordero, representante de esta organizaci\u00f3n, denunci\u00f3 que estas “vulneraciones a los derechos humanos”<\/I> se llevan a cabo en centros de tratamiento de adicciones y trastornos mentales, los cuales han reportado un notable incremento en los \u00faltimos dos a\u00f1os. Seg\u00fan una investigaci\u00f3n realizada por estas organizaciones a partir de datos proporcionados por el Consejo Nacional de Sustancias Psicotr\u00f3picas y Estupefacientes y el Ministerio de Salud, en 2010 exist\u00edan en Ecuador 205 cl\u00ednicas para el tratamiento de adicciones y trastornos mentales, n\u00famero que aument\u00f3 a 226 en 2011. No obstante, afirman, a\u00fan no se cuenta con informaci\u00f3n suficiente que permita determinar cu\u00e1les ofrecen tratamientos para curar la homosexualidad. La investigaci\u00f3n de las organizaciones revel\u00f3 adem\u00e1s la precaria regulaci\u00f3n de estas instituciones por parte del Estado: cerca del 61% “no tienen informaci\u00f3n sobre el permiso de funcionamiento”, 78% “no tiene informaci\u00f3n registrada sobre las condiciones del centro”<\/I> y 54% “no registra informaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n legal”,<\/I> se\u00f1al\u00f3 Cordero. De acuerdo con Laspina, el car\u00e1cter privado de los “centros de drogodependencia”, etiqueta bajo la que se esconden estas cl\u00ednicas, ha sido uno de los principales obst\u00e1culos para su identificaci\u00f3n y control. Adem\u00e1s de la petici\u00f3n reiterada del cierre de dichas cl\u00ednicas, las organizaciones han solicitado al gobierno la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 34 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotr\u00f3picas, que afirma que “La asistencia m\u00e9dica a las personas dependientes del uso de sustancias fiscalizadas podr\u00e1 ser solicitada por ellas, sus representantes legales, sus parientes, su c\u00f3nyuge, el Ministerio P\u00fablico, el Juez de la Ni\u00f1ez y Adolescencia correspondiente, la Secretar\u00eda Ejecutiva del CONSEP o los jueces que conozcan el caso”.<\/I> En tanto las orientaciones sexuales e identidades de g\u00e9nero no normativas son consideradas por los centros y las familias como “trastornos de conducta”, “adicciones” y “vicios”, el citado art\u00edculo facilita el encierro de personas LGBT, afirman las organizaciones. \u00bfMarco legal protector?<\/B> Si bien el tema adquiri\u00f3 visibilidad medi\u00e1tica el a\u00f1o pasado a ra\u00edz de la clausura de 30 de estos centros, las denuncias se remontan varios a\u00f1os atr\u00e1s. En 2005, el Tribunal Regional por los Derechos Econ\u00f3micos Sociales y Culturales de las Mujeres –iniciativa de organizaciones sociales de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Per\u00fa que busca impulsar procesos de exigibilidad pol\u00edtica y jur\u00eddica– hizo p\u00fablicos los primeros casos de terapias de “des-homosexualizaci\u00f3n” en Ecuador. El primer caso fue el de Susana, mujer lesbiana que en el a\u00f1o 2000 fue internada por sus padres en una cl\u00ednica ubicada en la ciudad de Manta, con el fin de que modificaran su orientaci\u00f3n sexual. En el testimonio presentado ante el Tribunal, Susana relat\u00f3 que permaneci\u00f3 encerrada cuatro meses y medio, per\u00edodo en el que le negaron la comunicaci\u00f3n con el exterior, la sometieron a humillaciones y fue encadenada y obligada a usar falda –ella sol\u00eda usar pantal\u00f3n–, hasta que admitiese que no era lesbiana sino que, en realidad, estaba confundida. Como parte del “tratamiento” para disuadirla de su homosexualidad, coment\u00f3, los terapeutas incitaban a otros internos a que la acosaran sexualmente. El segundo caso fue el de Mar\u00eda, quien estuvo internada en dos cl\u00ednicas de rehabilitaci\u00f3n por solicitud de su madre. La primera vez fue raptada en su propia habitaci\u00f3n por hombres que la condujeron a una instituci\u00f3n situada en Guayaquil, en donde fue objeto de violencia f\u00edsica y vejaciones. Mar\u00eda denunci\u00f3 que en horas de la madrugada era despertada violentamente y mojada con agua fr\u00eda, mientras le gritaban “macho”. Una vez fuera de la cl\u00ednica, ella sali\u00f3 de la casa de su madre y fingi\u00f3 tener una relaci\u00f3n afectiva con un hombre, con el fin de no despertar sospechas respecto a su orientaci\u00f3n sexual. Empero, casi un a\u00f1o despu\u00e9s, en abril de 2002, estaba siendo conducida nuevamente hacia otra cl\u00ednica de este tipo. Los casos fueron presentados p\u00fablicamente el 7 de abril de 2005 en Guayaquil. En esa oportunidad el Tribunal exigi\u00f3 al gobierno ecuatoriano que les hiciera seguimiento y que tomara las respectivas medidas judiciales. Sin embargo, estas denuncias s\u00f3lo tuvieron eco en 2008, durante la primera ronda del Examen Peri\u00f3dico Universal, cuando la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos manifest\u00f3 que el Comit\u00e9 contra la Tortura de la ONU ya hab\u00eda expresado “preocupaci\u00f3n por las alegaciones de tortura y malos tratos relativos a grupos vulnerables, en particular, los miembros de comunidades ind\u00edgenas, minor\u00edas sexuales y mujeres, a pesar de existir legislaci\u00f3n interna que protege a dichos grupos”<\/I> y hab\u00eda solicitado investigar y sancionar los casos espec\u00edficos relacionados con las minor\u00edas sexuales. Durante la ronda –en la que otros Estados parte pueden formular recomendaciones al pa\u00eds que est\u00e1 siendo examinado—Eslovenia inst\u00f3 al Estado ecuatoriano a “Aplicar medidas para combatir la discriminaci\u00f3n por razones de orientaci\u00f3n sexual e identidad de g\u00e9nero, as\u00ed como otras violaciones de los derechos humanos”<\/I> contra lesbianas, gays, bisexuales y trans. El Estado ecuatoriano acepto\u00ec estas observaciones y se comprometi\u00f3 a investigar y a garantizar los derechos de las personas LGBT. El a\u00f1o siguiente, en su pronunciamiento sobre los internamientos en cl\u00ednicas privadas para modificar la orientaci\u00f3n sexual, el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU asever\u00f3 que “El Estado parte (Ecuador) debe tomar medidas para prevenir, proteger y garantizar que ninguna persona con distinta orientaci\u00f3n sexual sea internada en cl\u00ednicas privadas o centros de rehabilitaci\u00f3n para ser sometida a los denominados tratamientos de reorientaci\u00f3n sexual”.<\/I> Asimismo, le recomend\u00f3 que procediera “a la investigaci\u00f3n de los presuntos encierros y torturas y adopte las medidas correctivas necesarias con arreglo a la Constituci\u00f3n”.<\/I> Tuvieron que pasar dos a\u00f1os m\u00e1s para que el Estado ecuatoriano, a trav\u00e9s del Ministerio de Salud, tomara las primeras medidas frente a esta problem\u00e1tica e iniciara el cierre de las cl\u00ednicas. Durante este tiempo, organizaciones LGBT y feministas continuaron denunciado los atropellos cometidos en estos centros y exigiendo su cierre. El 22 de junio de 2011, la organizaci\u00f3n Artikulaci\u00f3n Espor\u00e1dika y otros colectivos LGBT llevaron a cabo un juicio popular contra las cl\u00ednicas de “rehabilitaci\u00f3n” en un parque c\u00e9ntrico de la ciudad de Quito. Durante el proceso, al que fueron convocadas las autoridades de ese pa\u00eds, v\u00edctimas rindieron testimonio de sus experiencias y representantes del sector LGBT acusaron a las entidades de salud, al sistema de justicia y a otras instancias del Estado de “permitir y promover con su silencio una cultura homof\u00f3bica, lesbof\u00f3bica y transf\u00f3bica”, as\u00ed como de “permitir que sus instituciones ejecuten acciones de violencia y discriminaci\u00f3n, contra las lesbianas, gays, transexuales de manera sistem\u00e1tica”.<\/I>