{"id":724,"date":"2012-03-14T00:00:00","date_gmt":"2012-03-14T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/clam.org.br\/es\/2012\/03\/14\/fallo-historico\/"},"modified":"2012-03-14T00:00:00","modified_gmt":"2012-03-14T03:00:00","slug":"fallo-historico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clam.org.br\/es\/noticias-clam\/fallo-historico\/724\/","title":{"rendered":"Fallo hist\u00f3rico"},"content":{"rendered":"

La Corte Suprema de Justicia de la Argentina resolvi\u00f3 ayer 13 de marzo por unanimidad que cualquier mujer puede interrumpir un embarazo que proviene de una violaci\u00f3n sin necesitar una autorizaci\u00f3n judicial previa y sin temer una sanci\u00f3n penal. Este fallo pone fin a la discusi\u00f3n judicial hist\u00f3rica con respecto al inciso 2 del art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal<\/A><\/U> sobre el que hasta ahora versaban dos interpretaciones. La m\u00e1s restrictiva entiende que el aborto s\u00f3lo est\u00e1 permitido en caso de violaciones a mujeres con discapacidad mental; la m\u00e1s amplia –y por la que la Corte se inclin\u00f3 esta vez– considera que cualquier mujer abusada puede interrumpir el embarazo. De este modo, las mujeres v\u00edctimas de una violaci\u00f3n podr\u00e1n practicarse un aborto con la presentaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n jurada y, al igual que los m\u00e9dicos que las asistan, est\u00e1n exentas de pena.

Durante la conferencia de prensa en la que se present\u00f3 el fallo<\/A><\/U>, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti explic\u00f3 que “hay una secuencia extendida de casos a lo largo y lo ancho del pa\u00eds que le dan al tema una gravedad institucional que requiere soluci\u00f3n”.<\/I> La judicializaci\u00f3n de los abortos no punibles, dijo ante periodistas, “afecta los derechos de la mujer” <\/I>y muestra que “el sistema no est\u00e1 funcionando bien”.<\/I>

El caso que gener\u00f3 esta acci\u00f3n judicial fue el de una chica de 15 a\u00f1os violada por su padrastro a fines del 2009 –conocido como el “caso A. G”– cuyo aborto debi\u00f3 ser autorizado por el Tribunal Superior de Justicia de Chubut debido a la serie de recursos en contra por parte de las autoridades de salud de esa provincia. No obstante, el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut, en representaci\u00f3n del nasciturus, interpuso un recurso extraordinario para restringir los abortos de violaci\u00f3n s\u00f3lo a casos de mujeres idiotas o dementes por el cual la Corte Suprema de la Naci\u00f3n se expidi\u00f3 ayer en contra. En este sentido el texto de la sentencia es claro cuando establece que “los principios de igualdad y de prohibici\u00f3n de toda discriminaci\u00f3n, que son ejes fundamentales del orden jur\u00eddico constitucional argentino e internacional y que en este caso poseen, adem\u00e1s, una aplicaci\u00f3n espec\u00edfica respecto de toda mujer v\u00edctima de violencia sexual, conducen a adoptar la interpretaci\u00f3n amplia de esta norma”. <\/I>

La sentencia tambi\u00e9n sostiene que “reducir por v\u00eda de interpretaci\u00f3n la autorizaci\u00f3n de la interrupci\u00f3n de los embarazos s\u00f3lo a los supuestos que sean consecuencia de una violaci\u00f3n cometida contra una incapaz mental implicar\u00eda establecer una distinci\u00f3n irrazonable de trato respecto de toda otra v\u00edctima de an\u00e1logo delito”.<\/I>

En consonancia con el pedido del Asesor General Subrogante de Chubut fueron las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monse\u00f1or Jos\u00e9 Mar\u00eda Arancedo, quien manifest\u00f3 su sorpresa por la decisi\u00f3n de la Corte. En declaraciones a la agencia cat\u00f3lica AICA sostuvo que “el aborto es la supresi\u00f3n de una vida inocente y no existe ning\u00fan motivo ni raz\u00f3n que justifique la eliminaci\u00f3n de una vida inocente, ni siquiera en el caso lamentable y triste de una violaci\u00f3n”. <\/I>

El fallo env\u00eda un mensaje contundente tanto para los m\u00e9dicos y hospitales, que a menudo se niegan a practicar abortos no punibles sin un expreso aval judicial, como para los jueces que suman escollos con resoluciones que ponen en duda las excepciones legales que permiten abortar. Al respecto el voto mayoritario sent\u00f3 tres reglas claras: la Constituci\u00f3n y los tratados internacionales no s\u00f3lo no proh\u00edben la realizaci\u00f3n de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda v\u00edctima de una violaci\u00f3n; los m\u00e9dicos en ning\u00fan caso deben requerir autorizaci\u00f3n judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos s\u00f3lo con la declaraci\u00f3n jurada de la v\u00edctima o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violaci\u00f3n. En tercer lugar, record\u00f3 que los jueces tienen la obligaci\u00f3n de garantizar derechos y su intervenci\u00f3n no puede convertirse en un obst\u00e1culo para ejercerlos, por lo que exhorta a los poderes judiciales nacional, provinciales y de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires a “abstenerse de judicializar el acceso a los aborto no punibles previstos legalmente”. <\/I>

“Tal como lo ha se\u00f1alado la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, la exigencia de que las v\u00edctimas de violaci\u00f3n, para calificar para el aborto, tengan que elevar cargos contra su agresor, obtener informaciones policiales, requerir autorizaci\u00f3n de un tribunal o satisfacer cualquier otro requisito que no sea m\u00e9dicamente necesario, puede transformarse en una barrera que desaliente a quienes tienen expectativas leg\u00edtimas de buscar servicios sin riesgos y en forma temprana. Estos requisitos, dise\u00f1ados para identificar casos fabricados, retrasan el cuidado necesario y aumenta la probabilidad de abortos no seguros o, incluso, pueden llevar a la negativa de la pr\u00e1ctica porque el embarazo est\u00e1 muy avanzado”, <\/I>expresaron los jueces en la resoluci\u00f3n.

La Corte orden\u00f3 adem\u00e1s que, por la “gravedad y trascendencia social” del tema, que “tanto en el \u00e1mbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las v\u00edctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud y la integridad f\u00edsica”.<\/I> Para ello dispuso “exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Aut\u00f3noma de Bue­nos Aires, a implementar y hacer operativos, mediante normas del m\u00e1s alto nivel protocolos hospitalarios para la concre­ta atenci\u00f3n de los abortos no ­pu­nibles y para la asistencia integral de toda v\u00edctima sexual”.<\/I>

A su vez, la sentencia tambi\u00e9n da respuestas al dictamen del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU por el cual el Estado fue intimado, en mayo del a\u00f1o pasado, a “tomar medidas”<\/I> para eliminar los obst\u00e1culos que impiden el acceso a los abortos contemplados por la ley, cuyo plazo vence en abril. “El tratamiento del tema resulta pertinente por esta v\u00eda puesto que la omisi\u00f3n de su consideraci\u00f3n puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jur\u00eddico supranacional, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que varios organismos internacionales se han pronunciado censurando, en casos an\u00e1logos, la interpretaci\u00f3n restrictiva del acceso al aborto no punible por parte de otras instancias judiciales”,<\/I> expresa la sentencia de la Corte.

La puerta para un debate m\u00e1s amplio<\/B>

Si bien la sentencia no entra en la discusi\u00f3n sobre la posibilidad de legalizar el aborto en general por considerarlo un asunto a ser dirimido por el Poder Legislativo, la decisi\u00f3n suprema colabora a que el debate no derive a modificar la tipificaci\u00f3n de los abortos permitidos en el C\u00f3digo y se concentre en despenalizarlo en el resto de los casos.

Consultado por el diario P\u00e1gina\/12 el abogado V\u00edctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Pol\u00edticas P\u00fablicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), evalu\u00f3 que la sentencia “no se queda en argumentos de Derecho Penal, sino que avanza en un examen de temas constitucionales relevantes para el futuro debate parlamentario sobre la despenalizaci\u00f3n del aborto. En l\u00edneas generales desarma varios argumentos jur\u00eddicos de derecho internacional y constitucional que suelen usarse para fundamentar la penalizaci\u00f3n, como el derecho a la vida en el art\u00edculo 4 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, y al mismo tiempo fortalece y profundiza argumentos en favor de la despenalizaci\u00f3n, en especial el derecho de igualdad, de autonom\u00eda y la protecci\u00f3n de las mujeres v\u00edctimas de violencia”.<\/I> Adem\u00e1s, para Abramovich, “un punto excelente del fallo es que no se queda s\u00f3lo en la interpretaci\u00f3n del C\u00f3digo Penal, sino que fija lineamientos para que se establezca un protocolo que quite el tema de los tribunales y evite la reticencia de los m\u00e9dicos a realizar pr\u00e1cticas de interrupci\u00f3n del embarazo en estos casos”.<\/I> En ese sentido, agreg\u00f3, “utiliza un sistema de reenv\u00edo, le devuelve el asunto al Gobierno para que implemente una pol\u00edtica p\u00fablica que asegure el ejercicio de derechos y, de alguna manera, tambi\u00e9n activa el debate pendiente en el Congreso. Por eso deber\u00eda leerse esta decisi\u00f3n de la Corte como el primer paso para un debate p\u00fablico amplio sobre este tema”.<\/I><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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