{"id":810,"date":"2012-05-09T00:00:00","date_gmt":"2012-05-09T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/clam.org.br\/es\/2012\/05\/09\/implementando-aborto-no-punible\/"},"modified":"2012-05-09T00:00:00","modified_gmt":"2012-05-09T03:00:00","slug":"implementando-aborto-no-punible","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/clam.org.br\/es\/noticias-clam\/implementando-aborto-no-punible\/810\/","title":{"rendered":"IMPLEMENTANDO ABORTO NO PUNIBLE"},"content":{"rendered":"

Desde que la Corte Suprema de la Naci\u00f3n fall\u00f3 <\/A><\/U>en marzo a favor de una interpretaci\u00f3n amplia del art\u00edculo 86 inciso 2 del C\u00f3digo Penal estipulando que cualquier mujer puede interrumpir un embarazo que proviene de una violaci\u00f3n sin necesitar una autorizaci\u00f3n judicial previa y sin temer una sanci\u00f3n penal y exhortando a las provincias a tomar medidas para su inmediata implementaci\u00f3n, el debate se acalor\u00f3 en el interior del pa\u00eds.

En C\u00f3rdoba la agrupaci\u00f3n pro-vida Portal de Bel\u00e9n solicit\u00f3 y obtuvo un amparo de la justicia provincial solicitando la suspensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de la Gu\u00eda de Procedimiento para la Atenci\u00f3n de Pacientes que soliciten Pr\u00e1cticas de Aborto no Punibles en los hospitales provinciales, para los casos de violaci\u00f3n. La medida cautelar fue concedida en abril por el juez de primera instancia, Federico Ossola, luego de que el Ministerio de Salud diera a conocer el protocolo provincial. Esta determinaci\u00f3n judicial origin\u00f3 fuertes protestas de las organizaciones de mujeres y llev\u00f3 al gobierno a presentar una apelaci\u00f3n de la medida con el fin de poner en circulaci\u00f3n y funcionamiento nuevamente la gu\u00eda que responde a las recomendaciones dadas por el hist\u00f3rico fallo de la Corte Suprema de la Naci\u00f3n.

Desde la agrupaci\u00f3n Cat\u00f3licas por el Derecho a Decidir (CDD), la m\u00e9dica Gladys Ponte repudi\u00f3 la suspensi\u00f3n de la gu\u00eda y se\u00f1al\u00f3 que las organizaciones sociales se est\u00e1n movilizando en contra de la medida cautelar. “Estas entidades como Portal de Bel\u00e9n est\u00e1n interponiendo acciones en forma permanente con la finalidad de entorpecer los derechos humanos de las mujeres en materia de salud reproductiva”,<\/I> consider\u00f3 Ponte. “Como organizaci\u00f3n, repudiamos este accionar y la suspensi\u00f3n de la gu\u00eda, porque es un atropello contra los derechos de las mujeres”,<\/I> indic\u00f3.

CDD se present\u00f3 como tercero coadyuvante del Estado en la causa con la finalidad de actuar en defensa de los derechos vulnerados por la resoluci\u00f3n dictada por Ossola. Este tipo de intervenci\u00f3n simple fue solicitada porque “diferimos en parte con lo que el Estado busca defender”,<\/I> explicaron al CLAM Natalia Milisenda y Mar\u00eda Eugenia Monte, abogadas que representan a CDD en este caso. “El Estado enfoca su argumentaci\u00f3n en una l\u00ednea procedimental, es decir, en la defensa de la gu\u00eda de aborto no punible como una pol\u00edtica p\u00fablica y nuestra pretensi\u00f3n es proteger los derechos de un colectivo espec\u00edfico como es el de las mujeres abusadas sexualmente, que con la medida del juez Ossola se ven imposibilitadas de acceder a un recurso que la ley le otorga”,<\/I> esgrimieron.

La discusi\u00f3n que inici\u00f3 la demanda de Portal de Bel\u00e9n gira en torno a la requisitoria necesaria para que una mujer pueda acceder a un aborto en caso de violaci\u00f3n que, seg\u00fan esta organizaci\u00f3n, es insuficiente y avasalla los derechos del ni\u00f1o por nacer. Para este grupo, la gu\u00eda “es un verdadero desatino que permite terminar con la vida de un ni\u00f1o con s\u00f3lo una declaraci\u00f3n jurada que diga que la madre ha sido violada, y sin mediar denuncia al presunto violador”.<\/I> Tambi\u00e9n sostiene que el Estado provincial sigui\u00f3 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n “que no es obligatorio y fue dictado para un caso en particular”.<\/I> Lo que el fallo de la Corte y, en consonancia, la gu\u00eda elaborada por el gobierno provincial pretenden es evitar la judicializaci\u00f3n de este tipo de casos para librar a las mujeres del sufrimiento de tener que revivir en sus declaraciones una y otra vez una situaci\u00f3n de violencia, ampar\u00e1ndose en un concepto amplio de salud que tiene en cuenta la integridad psicol\u00f3gica.

Al respecto Milisenda y Monte explicaron que “el amparo presentado por Portal de Bel\u00e9n est\u00e1 basado en la defensa de derechos colectivos, en contra del Estado provincial. Nuestra intervenci\u00f3n va en el mismo sentido de defender los derechos de otro colectivo, en este caso el de las mujeres al aborto, el cual no fue contemplado por el juez a la hora de dictar la medida cautelar”.<\/I>

La falta de una fundamentaci\u00f3n s\u00f3lida en la argumentaci\u00f3n del magistrado se cuenta entre los principales pilares del pedido de apelaci\u00f3n. “La resoluci\u00f3n del juez se\u00f1ala un conflicto normativo<\/I> prima facie, pero no especifica cu\u00e1les son los puntos concretos, m\u00e1xime al tratarse de una cuesti\u00f3n que ya fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia”,<\/I> advirtieron las abogadas.

Por otra parte, el legislador Roberto Birri, del Frente C\u00edvico, declar\u00f3 a los medios que su bloque analiza un eventual pedido de jury al juez Ossola. “El tema se est\u00e1 evaluando desde lo pol\u00edtico y desde lo jur\u00eddico”,<\/I> dijo y precis\u00f3 que podr\u00eda haber un uso abusivo de la medida cautelar, a lo que se suma que la resoluci\u00f3n se formul\u00f3 en abstracto, es decir, sin que se motive en un caso concreto de pedido de aborto no punible.

Mientras las provincias van sentando posici\u00f3n frente al tema, desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreaci\u00f3n Responsable se les inform\u00f3, a trav\u00e9s de un comunicado, que “deben ajustar sus pol\u00edticas p\u00fablicas”<\/I> a los par\u00e1metros de la sentencia del m\u00e1ximo tribunal, “ya sea mediante la aplicaci\u00f3n directa de la Gu\u00eda T\u00e9cnica y el Protocolo de Atenci\u00f3n<\/I> –elaborada por el propio Ministerio de Salud de la Naci\u00f3n–, a trav\u00e9s del acto de adhesi\u00f3n, o aplicando sus propios protocolos en tanto compatibles con dichas herramientas”.<\/I> Sin embargo, esto no significa que no deban pasar por f\u00e9rreas discusiones y embates de grupos similares a Portal de Bel\u00e9n. El obispo de La Pampa Mario Poli, por ejemplo, cuestion\u00f3 la implementaci\u00f3n de un protocolo provincial para la atenci\u00f3n m\u00e9dica de embarazos provocados por violaciones que, dijo, busca “correr la l\u00ednea de la vida hacia la cultura de la muerte”. “No por ser legislado”,<\/I> el aborto “deja de atentar contra la vida de los m\u00e1s vulnerables e indefensos, que son los ni\u00f1os por nacer”,<\/I> afirm\u00f3.

Las declaraciones de Poli se dieron luego de que el gobernador de esa provincia, \u00d3scar Mario Jorge, estableciera por decreto que, en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el aborto debe concretarse para casos de embarazos producto de violaciones, en un plazo de diez d\u00edas posteriores al pedido de la mujer, previ\u00e9ndose, adem\u00e1s, “una protecci\u00f3n de la v\u00edctima con un seguimiento por 90 d\u00edas”.<\/I> Por otro lado, el gobernador asegur\u00f3 que se aceptar\u00e1 la objeci\u00f3n de conciencia por parte de los profesionales que, por razones ideol\u00f3gicas y religiosas, se nieguen a realizarlas. La aplicaci\u00f3n de esa medida provoc\u00f3 pol\u00e9micas en la provincia, a tal punto que el ministro de Salud pampeano, Mario Gonz\u00e1lez, asegur\u00f3 que no acatar\u00eda el fallo bas\u00e1ndose en un veto de 2007 del gobernador Jorge a una ley sobre ese tema. Sin embargo, el propio Jorge desautoriz\u00f3 los dichos de su ministro y confirm\u00f3 el acatamiento del fallo de la Corte.

Por su parte, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, Lilia Ana Novillo, afirm\u00f3 que el fallo de la Corte Suprema que declar\u00f3 que no es punible la interrupci\u00f3n de embarazos producto de una violaci\u00f3n “no obliga”<\/I> a los m\u00e9dicos a efectuar esos abortos, garantizando de este modo la objeci\u00f3n de conciencia sin aclarar qu\u00e9 medidas tomar\u00e1 el ejecutivo provincial en caso de falta de profesionales para realizar las intervenciones.

En la provincia de Salta la situaci\u00f3n parece estar normaliz\u00e1ndose luego que el gobernador, Juan Manuel Urtubey, diera marcha atr\u00e1s en su decisi\u00f3n de exigir una autorizaci\u00f3n judicial para la realizaci\u00f3n de un aborto en casos de violaci\u00f3n. Tras la ola de repudios y cuestionamientos que recibi\u00f3 por ese anuncio, firm\u00f3 el decreto 1170\/12 en el que instruye a los ministros de Salud P\u00fablica y de Derechos Humanos de la provincia para que “de forma inmediata”<\/I> elaboren e implementen “las gu\u00edas de procedimiento necesarias para la asistencia integral de toda v\u00edctima de violencia sexual y la concreta atenci\u00f3n de los abortos no punibles”,<\/I> de acuerdo con la interpretaci\u00f3n que dio del art\u00edculo 86 inciso 2 la Corte Suprema de Justicia. De todos modos y en consonancia con la medida cautelar solicitada por el Portal de Bel\u00e9n en C\u00f3rdoba, Urtubey pretende imponer una exigencia que no est\u00e1 contemplada en la sentencia del m\u00e1ximo tribunal. De acuerdo con el decreto, si no hay denuncia penal voluntaria ser\u00e1 un requisito que la declaraci\u00f3n jurada, en la que quede asentado que la mujer fue violada, se realice en el \u00e1mbito judicial con la asistencia tutelar del Ministerio P\u00fablico.

“Si interviene un asesor tutelar se est\u00e1 agregando un paso m\u00e1s y seg\u00fan la Corte imponer otros requisitos a los establecidos en su fallo implica obstaculizar el aborto no punible. Para que su acceso sea acorde con los principios constitucionales y los tratados internacionales, el m\u00e1ximo tribunal fij\u00f3 los est\u00e1ndares que se deben cumplir”,<\/I> advirti\u00f3 en di\u00e1logo con P\u00e1gina\/12 la abogada Raquel Asencio, especializada en derechos humanos de las mujeres. En Mendoza, cuyas autoridades se manifestaron contrarias a respetarla, hay presiones de las Legislaturas para que se fijen los protocolos.

Sin demasiados inconvenientes los gobiernos de las provincias de Santiago del Estero, Entre R\u00edos y Misiones anunciaron que acatar\u00e1n el fallo de la Corte Suprema. Aunque el gobernador de Tucum\u00e1n, Jos\u00e9 Alperovich, no se pronunci\u00f3 todav\u00eda, la presidenta provisional del Senado (y esposa del mandatario), Beatriz Rojk\u00e9s de Alperovich, present\u00f3 en la C\u00e1mara alta un proyecto de declaraci\u00f3n en el que expresa su “benepl\u00e1cito”<\/I> por la hist\u00f3rica sentencia, dando una se\u00f1al significativa del camino que ese gobierno pretende seguir. Tierra del Fuego y La Rioja anunciaron que implementar\u00e1n protocolos para los abortos no punibles y San Juan, Formosa, San Luis y Jujuy pidieron en los \u00faltimos d\u00edas la Gu\u00eda de Naci\u00f3n, para analizarla.

En Chubut, esta permisiva rige desde 2010 por ley sancionada justamente a partir del caso de la adolescente A. G., <\/A><\/U>que deriv\u00f3 en el fallo de la Corte. Tambi\u00e9n fijaron protocolos para evitar obst\u00e1culos arbitrarios las provincias de Buenos Aires y Neuqu\u00e9n: los protocolos dictados en 2007 tienen rango de resoluci\u00f3n ministerial. Y Santa Fe le dio ese estatus en 2009 a la primera versi\u00f3n de la Gu\u00eda T\u00e9cnica de la Naci\u00f3n. En la ciudad de Buenos Aires hay un protocolo, pero responde a una interpretaci\u00f3n restrictiva, en l\u00ednea con los sectores m\u00e1s conservadores, y limita el derecho al aborto en caso de violaci\u00f3n a mujeres con discapacidad mental.

Proyecto de ley<\/B>

El bloque radical de senadores nacionales present\u00f3 un proyecto para modificar el art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Penal, sobre aborto no punible, para introducir en forma clara la interpretaci\u00f3n efectuada por la Corte Suprema. Con esta modificaci\u00f3n el art\u00edculo quedar\u00eda redactado de la siguiente manera: “ser\u00e1 legal el aborto practicado por un m\u00e9dico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, si el embarazo proviene de una violaci\u00f3n o de la comisi\u00f3n de un delito contra la integridad sexual”.<\/I><\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Luego de que la Corte Suprema de Justicia argentina estipulara que cualquier mujer puede interrumpir un embarazo proveniente de violaci\u00f3n sin autorizaci\u00f3n judicial previa, la mayor\u00eda de provincias adhiri\u00f3 a la medida y elabora gu\u00edas de aplicaci\u00f3n y atenci\u00f3n. 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