Al extenderse al mundo digital, las estructuras de poder ancladas en el género plantean diversos focos de tensión, tanto en el nivel del acceso a la tecnología y a la información y de su uso libre y seguro, como en lo relativo al control y regulación de los medios virtuales. En América Latina es un desafío pendiente activar el potencial de las herramientas virtuales para impulsar el empoderamiento económico, político y social de las mujeres. Es clave garantizar a las mujeres los medios para definir una agenda propia orientada enfrentar la inequidad y transformar las relaciones de poder que permean el uso de la tecnología.<\/p>\n
La regulación de la Internet no se limita a los aspectos técnicos de la gestión de los nombres y números de Internet, sino que atañe también, necesariamente, a sus políticas de desarrollo, acceso y uso. En la última Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información<\/a>, la gobernanza de Internet fue definida como “el desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en las funciones que les competen respectivamente, de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción de decisiones y programas comunes que configuran la evolución y la utilización de Internet”<\/i>. En ese ámbito se ha posicionado con fuerza la necesidad de transversalizar la mirada de género y apuntar hacia cuestiones como la participación real y sustantiva de las mujeres en el desarrollo de políticas globales, regionales y nacionales en la red. También conocer el impacto del acceso y uso de Internet en el ejercicio de los derechos de las mujeres.<\/p>\n En los últimos años han aparecido varias iniciativas orientadas a la construcción de una red especialmente dedicada a desarrollar temáticas relativas a la participación en gobernanza, los derechos de las trabajadoras domésticas, la trata de mujeres, el matrimonio infantil y el derecho al aborto, así como el acceso a infraestructura, desobediencia y sexualidad en línea. Entre ellas destaca el Monitor Mundial sobre la Sociedad de la Información<\/a> (GISWatch), que en su informe anual de 2013 exploró el progreso alcanzado en la creación de una sociedad de la información inclusiva en todo el mundo. Sus resultados permiten concluir que si bien hay logros en cuanto a los derechos de las mujeres alcanzados en línea, éstos no son ni seguros ni estables. Por un lado, el acceso de las mujeres a estas nuevas tecnologías ha mejorado su nivel de participación en los ámbitos sociales, económicos y de gobernanza; pero por otro, las nuevas posibilidades muestran otra cara: la del ciberacoso, hostigamiento y violencia contra las mujeres.<\/p>\n La XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe<\/a>, celebrada en Santo Domingo en 2013, discutió la relación entre la autonomía económica y los derechos de las mujeres, especialmente en el marco de la economía digital (ver TICs para la igualdad<\/a>). Junto a ella, las conferencias mundiales sobre la mujer celebradas por las Naciones Unidas en 1975, 1980, 1985 y 1995 han contribuido a reconocer el feminismo como un movimiento relevante en la historia reciente, debido a su impacto político y teórico, así como a su capacidad de articulación y movilización social. La perspectiva feminista también ha sido llevada al ciberespacio, con el fin de empoderar a las mujeres como usuarias activas de estas herramientas, gestoras de sus contenidos y del conocimiento sobre las tecnologías, al considerar el rol de las tecnologías de información como un eje temático tan significativo como la economía, la cultura, la salud y la educación. No obstante, en la red persisten formas de dominación masculina que es preciso analizar.<\/p>\n La hegemonía de la red<\/b><\/p>\n En su reseña del informe 2013 del GISWatch<\/a>, el especialista alemán Heike Jensen observa que desde finales de la década de 1990 se viene discutiendo en diversos niveles de gobierno la incorporación de la perspectiva de género. Por desgracia, comenta Jensen, la transversalización de esta perspectiva nunca ha sido implementada de modo coherente. Al igual que en otras esferas, se da inicio a procesos políticos y se establecen agendas sin explicitar las cuestiones y aspectos de género involucrados, lo que ha contribuido a reforzar la masculinidad hegemónica, afirma el profesor del departamento de Estudios de Género de la Universidad Humboldt de Berlín.<\/p>\n Según Jensen, en materia de género e Internet es posible percibir dos enfoques de análisis. El primero se da en el ámbito de las intervenciones feministas el género se asocia a menudo con las mujeres y las niñas, en cuyo nombre se buscan compromisos normativos y medidas específicas. Allí la atención a la relación del género con otras jerarquías sociales puede conducir a proposiciones matizadas en nombre de grupos particulares de mujeres y niñas, por ejemplo las mujeres de zonas rurales o niñas pobres negras. Es decir que el género como marcador de diferencia se relaciona de forma directa con las funciones y necesidades específicas de estos grupos.<\/p>\n En el segundo enfoque, relacionado con procesos políticos más amplios, el género puede ser analizado como un sistema abstracto de poder y representación a través del cual se negocian formas de dominación, donde se distingue la masculinidad hegemónica. Jensen describe cómo en Internet los puntos de vista y las concepciones de los varones privilegiados “conducen a que se identifiquen determinados temas de las políticas y a que se los adopte en marcos retóricos específicos”<\/i>. Como consecuencia, continúa, cualquier agenda temática procedente del poder político dominante “ya tiene incorporados los resultados de luchas de poder entre grupos de varones privilegiados, y el producto del debate político subsiguiente refleja ampliamente qué grupos de varones impusieron su dominio”<\/i>. Para decirlo en términos que contemplan la problemática del género, agrega, ese producto demuestra “cuáles son los grupos de varones que constituyen la masculinidad hegemónica”<\/i>.<\/p>\n El punto crucial –a juicio del Jensen– es comprender que al no llamar la atención sobre los órdenes jerárquicos que imponen, la hegemonía masculina y el patriarcado se perpetúan a sí mismos en los ámbitos político y económico, donde se sostienen como un punto de vista universal. La mirada feminista es desafiada incluso por aquellos que ven las TIC exclusivamente en relación con el desarrollo y los derechos humanos en términos de un abstracto “ciudadano-sujeto<\/i>”, en vez de grupos específicos de mujeres y hombres con preocupaciones y necesidades diversas. Contribuyen, de esta manera, a la hegemonía masculina.<\/p>\n En el gobierno de la Internet, como otras esferas de la política, las mujeres siguen estando poco representadas. La discriminación positiva en el espacio virtual es defendida como una medida necesaria para corregir esa situación. Pese a compromisos como el de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que señala la necesidad de que las mujeres participen plenamente en todos los procesos de toma de decisiones, aún es necesaria la implementación de medidas concretas para tornar esa promesa y esas buenas intenciones una realidad concreta.<\/p>\n La socióloga Valeria Betancourt, directora mundial del Programa de Políticas de Información para América Latina (CIPP)<\/a> de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC)<\/a>, explica que luego de 6 años de diálogos regionales sobre gobernanza en Internet, sus resultados dejan mucho que desear. Pese a que se han desplegado esfuerzos para incluir mujeres en el comité organizador del evento regional, así como otorgar becas de participación y priorizar las intervenciones de mujeres, estas acciones “no resultan suficientes para enfrentar la exclusión estructural de las mujeres de la forma como se configura la gobernanza en Internet”<\/i>, afirma. Para la activista, encarar críticamente el uso de la Internet con fines de incidencia político social implica entender que la forma en que se estructura la gobernanza de la Internet refuerza determinadas condiciones de exclusión, desigualad e injusticia social.<\/p>\n Según Betancourt, en lo que respecta a las tecnologías de información y comunicación, “el poder adquiere otras dimensiones. Contrarrestarlo se vuelve, en consecuencia, más complejo”<\/i>, pues se trata de una disputa por el acceso y control de medios técnicos y de conocimiento. Es ahí, precisa, donde incide la estructura de la propiedad de la infraestructura de las TIC con las lógicas propias del mercado, que buscan dejarla en manos privadas, junto a la aplicación de los servicios y el conocimiento que circula en la red, en contraste con quienes defienden el carácter igualitario abierto, no jerárquico y descentralizado de Internet.<\/p>\n Contra el discurso hegemónico<\/b><\/p>\n Valeria Betancourt reconoce que la visibilización y reconocimiento de una multiplicidad de actores en el ámbito de la Internet ha permitido “producir rupturas desde las que es posible impugnar y contrarrestar discursos y visiones hegemónicas”<\/i>. Según su visión, el desafío consiste en que las “nuevas formas de transgresión, resistencia y transformación colectiva” introducidas por los cambios tecnológicos “generen cambios materiales y simbólicos sustantivos”<\/i>. Varias investigaciones muestran el rol positivo de Internet en el empoderamiento de las mujeres, mayor acceso a las TIC, campañas en línea y uso de la web para promover la gobernanza equitativa, entendiendo que la consolidación de los derechos permite la ciudadanía plena.<\/p>\n Alan Finlay, experto en derechos e Internet, sostiene que los objetivos de una sociedad de la información democrática no están siendo logrados porque no se ha dado cabida a las voces, intereses, necesidades y aportes de la mitad de la humanidad: las mujeres. El estudioso lo sostiene en un editorial de la publicación online GenderIT<\/a>. En él detalla cómo, en lugar de socializarlo y compartirlo, el conocimiento se ha privatizado y la información se ha convertido en mercancía. A su vez, con el pretexto de la seguridad mundial se vulnera el derecho a la privacidad. “Los avances tecnológicos no podrán garantizar la justicia social, la democracia, el desarrollo sostenible ni la ciudadanía plena si no se transforman las condiciones estructurales que perpetúan la exclusión”<\/i>, afirma Finlay.<\/p>\n Entre las experiencias que destacan por empoderar a las mujeres aparece Digna<\/a>, la primera aplicación móvil para el aborto legal y seguro. Esta es una iniciativa del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (CLACAI)<\/a> y la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres<\/a>, que pusieron a disposición de Latinoamérica la primera aplicación para dispositivos móviles que brinda información legal, médica y estadística sobre el aborto por causal violación en los países donde es permitido.<\/p>\n En una investigación sobre las usos sociales de los teléfonos móviles y banda ancha<\/a>, los profesores Leith y Hopeton Dunn, de la Universidad de las Antillas Occidentales, destacan las experiencias de trabajadoras domésticas de Jamaica con estas tecnologías, al generar estrategias de organización entre mujeres trabajadoras de bajos ingresos. Las mujeres impulsaron su derecho de reunión, el derecho a organizarse para mejorar leyes, salarios y condiciones de trabajo y para promover la libertad de género. “Empoderarse en el uso de la tecnología móvil para organizar su sindicato les permite proteger sus derechos y mejorar su situación”<\/i>, afirman.<\/p>\n También destaca el trabajo que lleva a cabo el Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres (PARM)<\/a> de APC, red internacional de organizaciones civiles fundada en 1990 que trabaja con activistas y organizaciones de derechos de las mujeres para cualificar su uso de herramientas tecnológicas. Entre sus acciones, el proyecto EROTICS<\/a>, por ejemplo, discute la regulación de contenidos y los derechos de comunicación de las mujeres. La iniciativa Dominemos la tecnología<\/a> ha contribuido desde 2009 a documentar casos de violación de derechos de las mujeres en línea, así como a capacitar activistas y sobrevivientes de violencias para usar las TIC de forma creativa y proteger sus derechos al acceder a contenidos y comunicaciones online.<\/p>\n Una visión paternalista<\/b><\/p>\n En opinión de Jensen, las mujeres en la red suelen ser representadas como un grupo en problemas que necesita ser ayudado. Y las medidas para tal fin, afirma, dan cuenta de un “secuestro de las posiciones feministas<\/i>” en la red. Tal es el caso de cuestiones como la protección de mujeres y niñas de la pornografía digital y del acoso cibernético, movilizadas a menudo por grupos paternalistas que las usan con fines muy diferentes de la igualdad de género y la justicia social. Hay más bien en estos grupos un interés por la vigilancia y censura de Internet.<\/p>\n Tras impulsar varias actividades enmarcadas en la campaña por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el sitio web de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe<\/a> fue atacado e inhabilitado. Vanessa Coria Castilla de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos<\/a>, comentó en entrevista que las agresiones provenían, en su gran mayoría, de grupos conservadores fundamentalistas. El hackeo<\/i>, sin embargo, incentivó proyectos de capacitación para contar con herramientas que neutralicen estas agresiones. Tal es el caso de Maltilti<\/a>, una alternativa para denunciar cualquier acto que vulnere los derechos de las mujeres en los espacios digitales.<\/p>\n Pese a estas acciones, persiste el interrogante de cómo vincular de manera más sistémica la preocupación por la igualdad de género en el ciberespacio con otras búsquedas por justicia social, de modo de generar alianzas políticas más sólidas. Claro está que una condición para realizar ese potencial, para incorporarse plenamente a la sociedad de la información y el conocimiento, es que las mujeres superen las barreras de acceso y puedan utilizar las TIC con seguridad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En la sociedad de la informaci\u00f3n son pocos los colectivos que ejercen su pleno derecho a la informaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n. 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