Colombia Diversa es una organización no gubernamental sin fines de lucro que desde hace tres años trabaja para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas LGBT en Colombia. Desde sus áreas de incidencia política, legal y de derechos humanos, genera información para medios de comunicación y desarrolla también un proyecto sobre homofobia en la escuela.
En esta entrevista, Mauricio Albarracín, abogado del proyecto de derechos humanos de Colombia Diversa, habla sobre las situaciones de violencia homofóbica reflejadas en el “Informe de derechos humanos de personas LGBT en Colombia 2005”.El mismo recoge y analiza informaciones y casos sobre violaciones de derechos humanos contra las personas LGBT, ocurridas entre los años 2004 y 2005, en 5 ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Montería. Albarracín se refiere específicamente a tres situaciones preocupantes: violencia homofóbica, abuso policial y situación carcelaria.
¿De qué se ocupa específicamente el área en que usted trabaja?
El proyecto de derechos humanos tiene cuatro líneas de trabajo: 1) observación sistemática de la situación de violación de derechos humanos para la identificación y seguimiento de casos, situaciones y tendencias en relación con la violación de los mismos; 2) incidencia política –dedicada a acompañar técnicamente procesos de proyectos de ley y de acuerdo y cambios normativos–; 3) seguimiento de la acción de funcionarios públicos, tanto en casos de violación de derechos humanos como en la implementación de políticas públicas; y 4) producción de documentos e informaciones analíticas y técnicas sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBT.
Precisamente, en relación con esta última área de trabajo, ustedes publicaron un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBT en el país. Es un tipo de documento inédito en Colombia y a la vez de una gran importancia ¿cuáles son los antecedentes de esta publicación?
Esta publicación nace de la convicción que tenemos en el equipo de Colombia Diversa acerca de la necesidad de hacer investigación para el activismo. Un activismo más efectivo y de mayor impacto político y técnico debe tener una investigación que lo sustente.
Este documento es la segunda parte de un informe. La primera, que dio lugar a la publicación Voces Excluidas, daba cuenta del marco legal vigente: qué normas de protección y también qué vacíos había. Desde el principio sabíamos que era una investigación muy limitada, ya que el panorama normativo no nos iba a dar una verdadera radiografía sobre la situación de los derechos de las personas LGBT en Colombia. Por eso vimos la necesidad de hacer una segunda parte que se concentrara en la manera en que operan las normas en la práctica para saber más sobre las situaciones concretas de violación de derechos humanos y contrastar las normas con lo que ocurría en la vida cotidiana.
¿Cuáles son las conclusiones generales?
En primer lugar corroboramos la violación de derechos humanos de las personas LGBT en Colombia en diversos ámbitos de la vida, causada por el prejuicio, el odio o la discriminación. Una situación denunciada por muchos activistas y organizaciones, pero que para nosotros era importante documentar, poner en evidencia de forma analítica, basados en seguimiento de casos y reportes sistemáticos de información.
En segundo lugar, que el papel del Estado en estas violaciones tiene varias dimensiones –todas negativas. Primero, el desconocimiento del problema y la falta de interés por conocerlo; en segundo lugar, si existe algún conocimiento sobre situaciones no se les da la importancia necesaria para abordarlas; por otra parte algunos funcionarios piensan que lo que ya se hace sobre derechos humanos en general va a afectar las situaciones referentes a la orientación sexual y la identidad de género; y por último, la existencia de un conjunto de funcionarios abiertamente homofóbicos. Lo que muestran estas cuatro dimensiones es un Estado completamente ineficiente y no preparado para abordar las violaciones de derechos humanos a las personas LGBT. Esto es muy grave porque si no hay una respuesta estatal no hay denuncia ni tampoco judicialización, ni sanciones, ni políticas públicas. Es lo que llamamos un círculo de invisibilidad: la gente no conoce, si conoce no denuncia.
En tercer lugar, encontramos que los únicos mecanismos probados que la gente usa para defender los derechos son los recursos constitucionales de la tutela y de los derechos de petición. Eso es limitado, porque la tutela no tiene el poder de sancionar sobre una discriminación concreta. Por ejemplo, si a una persona trans no la dejan entrar a un bar, ella puede poner la tutela, pero no existen mecanismos administrativos efectivos para sancionar al establecimiento. Estos recursos además no permiten generar políticas públicas, sólo benefician a una persona en un caso particular y no se extienden a las demás violaciones.
¿Cuál es el panorama de los derechos humanos de las personas LGBT en instituciones penitenciarias?
En primer lugar, habría que decir que la situación de las personas LGBT no puede desligarse de la situación en general de las personas en las cárceles. La cárcel en el país y en el contexto internacional es un lugar donde los derechos humanos no tienen plena vigencia, donde los reglamentos y el poder disciplinario son bastante arbitrarios. Además en la cárcel existen situaciones de control ilegal muy complicadas lideradas por grupos mafiosos. Adicionalmente, hay un nivel de hacinamiento muy alto, problemas de salud y de acceso a saneamiento básico y carencia de lugares adecuados para el trabajo y esparcimiento.
Ahora, las personas LGBT en las cárceles son afectadas por estos mismos problemas, pero los prejuicios que se tiene sobre la orientación sexual potencian esas variables. La orientación sexual es un factor de vulnerabilidad adicional. Por ejemplo, por causa de los prejuicios en relación con la identidad de género, las personas travestís en algunas cárceles son rapadas y despojadas de sus prendas femeninas; asimismo, los problemas de acceso a servicios de salud o medicamentos se complican en las situaciones en que por ejemplo necesitan un examen por un dolor que tiene en su pecho por un implante, ya que no hay una atención a sus necesidades particulares.
En un primer momento, habíamos considerado que existía, por un lado, una represión sistemática de la identidad sexual en las cárceles, y por otro, tratos crueles. Pero analizando lo reportado en el informe, lo que vemos es que hay tratos crueles para reprimir la identidad sexual. En la situación del corte del cabello de las travestís vemos eso: los tratos crueles estaban orientados a que no fuera una travestí, de allí que le corten el cabello, la desnuden, la sometan a humillaciones… con el fin de “disciplinarla” para que sea un hombre en la cárcel.
En general, hemos detectado también una cultura homofóbica particular, explicada por el hecho de que las personas que dirigen las cárceles son en su mayoría ex-militares, y lo que ha ocurrido en los últimos años es un traslado de la disciplina militar y de la cultura militar a las cárceles, obviamente con los prejuicios que existen en las fuerzas militares sobre la homosexualidad. Por ello, directores homófobos implantan reglas que restringen la manifestación pública del afecto entre personas del mismo sexo, los besos por ejemplo, especialmente el día de visita, justificado en el hecho de que hay niños y gente de fuera. Hay restricciones a la visita íntima, intromisiones en la manera de tratarse entre internos: si se tratan en forma masculina o femenina. Se han denunciado incluso traslados de internas para separar parejas de mujeres lesbianas. Como vemos una serie de medidas administrativas que tratan de reprimir la diversidad sexual y sus expresiones públicas. Detectamos entonces, una especie de “limpieza moral” interna en las cárceles que no sólo se aplica a la identidad sexual, sino a asuntos políticos, ideológicos, y religiosos.
¿Cómo es la relación con otros compañeros en las cárceles?
Básicamente, lo que hemos observado es que ha habido abusos sexuales por parte de otros internos. Ahora, el hecho de que sea una conducta particular no elimina una responsabilidad del Estado, ya que no protegió a una persona que está en una situación particular de vulnerabilidad, permitiendo que se repitan estos hechos sin tomar medidas de seguridad y salud pública para atender este problema de abuso sexual. Precisamente, uno de los deberes institucionales de los establecimientos carcelarios es la protección de la vida y de la integridad física de quienes están a su cargo.
¿Los casos se refieren especialmente a transgeneristas?
No. Yo pensaría que tanto lesbianas, gays o trans son objeto de violaciones a sus derechos, aunque se expresan de manera diferente: todos los abusos sexuales reportados fueron cometidos contra los gays. La represión de la identidad sexual y de género ocurrió contra trans y lesbianas, y la mayor represión de conductas amorosas fue dirigida especialmente a mujeres lesbianas. Hay que tener en cuenta también que los niveles de violencia y de hacinamiento en las cárceles de hombres son más altos, además de contar con la presencia de personas que vienen de grupos armados, que genera más círculos mafiosos, paramilitares y de guerrillas. Esto es interesante porque tenemos tres poblaciones con un problema común que los afecta de distinta forma.
Hay algo común en las diversas situaciones de violencia, tanto en las cárceles como la de la calle, y es la presencia de la Fuerzas Militares y de la Policía, o la influencia de su manera de concebir las normas de género y la sexualidad. ¿Cómo es la situación en el interior de las Fuerzas Militares?
En el Informe dividimos la situación de violencia en tres partes: violencia homofóbica, abusos policiales y situación carcelaria. Escogimos separarlos porque la situación en la cárcel se refería a determinados actores particulares, el abuso policial era un tipo de violencia ejercido por servidores públicos que tienen por objetivo proteger la población y, finalmente, la parte de violencia homofóbica abarca los crímenes por intolerancia, limpieza social, crímenes urbanos y un subcapítulo sobre violencia en las Fuerzas Militares, es decir, violencia contra militares cometida por militares.
De ese modo, con respecto a las Fuerzas Militares hay dos partes: una sobre violencia homofóbica en su interior y otra sobre abuso policial contra los ciudadanos. La primera trata básicamente de conductas dirigidas a reprimir la orientación sexual diversa, real o aparente, el uso de tratos crueles, degradantes y de abusos sexuales y la utilización de los prejuicios sobre la homosexualidad en prácticas de tortura.
Ahora, la cuestión del abuso policial hacia personas LGBT tiene una naturaleza distinta, ya que se trata de abusos contra ciudadanos cometidos por policías en el ejercicio de sus funciones. En este tema detectamos detenciones arbitrarias de personas (en las que la única razón que puede ser deducida es la orientación sexual), la aplicación de prejuicios sobre la orientación sexual para determinar qué personas deben estar en el espacio público y la aplicación selectiva de la ley basada en prejuicios.
¿Cuáles son las causas de estas conductas en las instituciones de la Policía y de las Fuerzas Armadas?
Las conductas de los policías se sustentan básicamente en la idea de una “limpieza moral del espacio público”, muy coincidente con lo que pasa en las cárceles, en el sentido de que no les gusta que haya expresiones públicas de la homosexualidad ni expresiones que “desordenen” las normas de género. Lo que vemos en estos servidores públicos es una preocupante defensa de una ideología particular sobre el orden moral y sexual de la sociedad. Pero no se trata de una ideología concertada, una política explícita homofóbica de un sector particular del Estado, sino que se trata de un pensamiento social fuertemente arraigado que se expresa en la actuación de los funcionarios.
Ahora, en relación con las Fuerzas Militares es más complejo. Es una institución de imposible acceso sobretodo si trata de investigaciones sobre este tema, o de cualquiera que implique asuntos de derechos humanos. Nos concentramos en algunos casos de la Corte y en informaciones producidas por los medios de comunicación, lo que nos deja en este apartado un gran sub-registro. Con esta salvedad, podemos decir que existe la violación de los derechos humanos en las Fuerzas Militares contra las personas LGBT que forman parte de ellas, pero también contra las demás personas LGBT.
Fue conocido un caso de un Batallón en el que se aplicó un castigo a 21 soldados por no haber cumplido con una prueba, que consistió en abusos sexuales contra ellos. Cabe resaltar que entre las prácticas de humillación usadas por la milicia está la de tratar a los subalternos o a los adversarios “como maricas”. Es decir, se hace uso de un prejuicio inferiorizante para llevar a cabo una tortura, y esto ha pasado ya en sonados casos internacionales como el de las cárceles en la ocupación norteamericana a Irak. En las Fuerzas Militares se conservan y difunden estas prácticas sexistas y homofóbicas, pero lo más preocupante es que si eso lo hacen con un heterosexual, gays y lesbianas que pertenecen a la institución están expuestos a mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, se conocieron dos casos de tratos crueles contra un soldado homosexual y también contra uno heterosexual, que fue castigado por su aparente orientación homosexual.
Pero en el caso de la Policía sí se han intentado algunas estrategias. ¿Qué ha pasado con las propuestas de capacitación en temáticas LGBT y con la figura del Oficial de Enlace para el sector LGBT?
Empecemos por el Oficial de Enlace. En el caso de Bogotá no ha sido fructífero, especialmente porque no se tiene claro cuáles son sus funciones y plan de acción. La figura del Oficial de Enlace tiene que ver con un cambio en la manera de concebir a la Policía como institución. Un Oficial de Enlace deviene del concepto de policía comunitario: aquel que se acerca a los ciudadanos, los conoce, camina con ellos… Un Oficial de Enlace para la población LGBT tiene que ser una persona que conozca los bares, los sitios de encuentro y de socialización, que conozca las dinámicas, los líderes, que se reúna con ellos, que conozca la comunidad, así como los fenómenos sociales asociados a la violencia y discriminación particulares que se generan contra esta población.
Los policías no son autoridad, son servidores públicos al servicio de los ciudadanos y tiene un trabajo especial en relación con la seguridad, pero existe una concepción errada tanto de los policías como de los ciudadanos sobre la relación que debe establecerse entre policías y ciudadanos. Una Policía que se acerque, que se sienta parte de la ciudadanía será una Policía que puede ser un Oficial de Enlace efectivo, claro, permanente y útil. De lo contrario tendremos un policía que sólo habla con los gays, cuando lo que se necesita es un funcionario público que entienda, que sea sensible, que garantice, que se comprometa con los derechos de las personas LGBT.
En relación con los procesos de capacitación y sensibilización, en Bogotá está la experiencia de la capacitación a policías en el Ciclo Rosa. Ahora también han comenzado a realizar algunas capacitaciones puntuales sobre el asunto por fuera de este evento. Pero uno puede hacer 200 capacitaciones, incluso con los mismos policías durante tres días, y el tercer día es como si fuera el primero, porque el problema no es el hacer capacitaciones, a las que además van obligados. Por otro lado, comienzas el proceso con unos y después los cambian; falta entonces compromiso institucional.
En Medellín, por ejemplo existe la capacitación a policías por parte de activistas, con apoyo de la Secretaría de Gobierno. Me parece que esta iniciativa está mejor encaminada, porque la plantean como un acercamiento directo entre la comunidad víctima y la comunidad victimaria; es una relación cara a cara entre ciudadanos y servidores públicos que se conocen, ponen en común dificultades, comparten información y realizan compromisos.
¿Cómo ha sido la devolución de los resultados, especialmente en las instituciones públicas involucradas en violaciones de derechos humanos?
Nosotros nos hemos reunido con varias instituciones involucradas en esta situación que tienen a su cargo responsabilidades para solucionar estos problemas. Ha habido apertura y solicitud para trabajar los temas de violencia homofóbica y de control de los servidores públicos, lo que pasa es que ellos no saben del asunto, no saben lo qué está pasando con gays y lesbianas, en muchos caso se trata de situaciones totalmente nuevas para ellos. En todo caso, hay que reconocer la presencia cada vez más abundante y de mejor calidad del tema de los derechos humanos de las personas LGBT en los medios de comunicación y en la opinión pública. Estos funcionarios actúan en un contexto que hoy parece ser más favorable para hablar de los derechos humanos de las personas LGBT que el de hace 5 años.
Retomando el tema de la capacidad institucional frente a la voluntad de trabajar en el tema, la dificultad es que el Estado colombiano no tiene la capacidad institucional de responder a las demandas de los derechos de los ciudadanos en general, no sólo de los y las LGBT. Eso no es una excusa pero sí explica el escepticismo para colocar una denuncia cuando no se cuenta con una capacidad técnica de investigación, sin mecanismos claros para penalizar a los victimarios y sin organismos de control y veeduría fuertes.
¿Cuál es la estructura del informe? La organización clásica de los informes sobre derechos humanos es por derechos. Sin embargo, aunque era un formato bastante probado, nos parecía que le quitaba la riqueza fáctica al informe y decidimos agruparlo por situaciones de preocupación: básicamente, una mezcla de situaciones fácticas que afectaban varios derechos, que mostraban una tendencia y que implicaban unos actores (víctimas y victimarios) y efectos específicos. Nos interesó entonces poner en evidencia situaciones de violación de derechos: abuso policial, situación carcelaria, familias y parejas LGBT y discriminación en relación con los derechos económicos, sociales y culturales.
¿Cómo se organizó el equipo de investigación?
Estuvo integrado por dos abogados y seis estudiantes de Derecho que realizaron sus prácticas, a lo que se sumó un investigador que contratamos por cada ciudad. Contamos también con la participación de la directora ejecutiva y del comité legal de Colombia Diversa. Otros expertos externos compartieron con nosotros sus conocimientos sobre sistemas de información y documentación en casos de violación de derechos humanos.
¿Qué se hizo en cada ciudad?
Se efectuaron dos tareas: entrevistas con víctimas directas o con actores claves que pudieran conocer la situación de derechos humanos y la confección de solicitudes y derechos de petición a las autoridades sobre las políticas públicas existentes.
¿Qué viene después de la publicación de un informe como éste?, ¿qué tareas quedan para el movimiento social, para el Estado y para los ciudadanos?
Algo muy positivo es que ha habido receptividad de la gente: se ha generado sensibilidad por una situación de derechos humanos existente. Tal vez algunas personas de la comunidad LGBT no pasan por situaciones tan duras de discriminación, pero es la manera de enterar tanto a gays, bisexuales, lesbianas y transgeneristas como a heterosexuales de que existe una preocupante situación de violación de derechos humanos y que una comunidad debe trabajar para que ese tipo de cosas no pasen.
Al terminar este informe nos dimos cuenta del vacío tan grande que hay sobre la documentación de esta situación y, por ende, su poca visibilidad. Hay un trabajo importante de recolección y análisis de información, pero como en su mayoría fue hecha desde una perspectiva de los derechos humanos, es necesario considerar la información recogida desde otros puntos de vista: antropológicos, sociológicos y políticos.
Los activistas, los funcionarios y las personas en general que saben de esta situación tiene el deber de comunicar, denunciar y escribir. En Colombia es muy preocupante la cuestión de la memoria, no sólo en relación con la violencia homofóbica y los crímenes de odio, sino con la violencia y la muerte en general.
Para nosotros el informe tiene un uso político posterior, ya que queremos generar estrategias, acciones judiciales, propuestas normativas y políticas públicas que nos permitan impactar en esas situaciones. Pero también tenemos el objetivo de recuperar la memoria, generar cambios en la población en general, reconstruir tejido social y contribuir a que estas situaciones no se vuelvan a repetir.
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