Sin duda, los avances registrados en nuestros países en las últimas décadas en materia de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres son inmensos. Sin embargo, también son enormes los desafíos y tareas pendientes en lo que respecta a las condiciones de acceso a instancias de decisión política, como así también al ejercicio del poder en su forma y contenidos.
Cabe mencionar, a modo de ejemplo, el caso de Chile, que concentra la atención del mundo entero por tener una Presidenta mujer y un gabinete paritario, ahora con proporciones 40/60. Sin embargo, su Parlamento es uno de los que cuenta con menor representación de mujeres en la Región. Brasil, Argentina y Uruguay, por su parte, presentan experiencias muy contrastantes en materia de ley de cuotas y de trabajo legislativo. Al mismo tiempo, cada país ha intentado implementar políticas públicas con perspectiva de género desde los distintos niveles gubernamentales: local, nacional y regional. Más allá de las diferencias, es probable que en todos estos países existan fuertes denominadores comunes en la carrera de obstáculos que supone el avance desde las bases partidarias hasta las instancias de dirigencia de los partidos, o también, por ejemplo, en el ejercicio del poder mismo.