De acuerdo con Gilberto Rincón Gallardo, titular del organismo antidiscriminación del gobierno federal, el Estado democrático está obligado a proteger el derecho de las personas a conducirse de manera autónoma, sin presiones y sin riesgo de violencia, en los terrenos de las creencias y la sexualidad que sólo a ellas atañen. Asimismo, reconoció que un Estado democrático y garantista no puede hacer suya una concepción sexual, moral o religiosa, no obstante sea la más extendida entre su población, pues la discriminación por preferencia sexual consiste precisamente en violar los derechos, libertades y limitar las oportunidades legítimas de quienes viven de acuerdo a una moral sexual que no es la mayoritaria.