Luego de un trabajo ininterrumpido de incidencia legal y política, el movimiento LGTB peruano llega al 31 de mayo con señales de avance. Por primera vez toda la bancada parlamentaria de un partido, en este caso, del Partido Nacionalista Peruano (PNP), acogerá como suyo el anteproyecto de Ley de No Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
Dos avances se pueden señalar de esta iniciativa: se trata de un proyecto que, aunque basado en anteriores versiones, no será defendido por un solo congresista, sino por toda la bancada del PNP, gracias a la iniciativa de la congresista de ese partido, Hilaria Supa. El otro avance es la incorporación del tema de la identidad de género; tema álgido cuando se habla de las comunidades LGTB y ausente en las anteriores versiones.
El proyecto será presentado el 30 de mayo, con una conferencia de prensa que dará el PNP. En ella hará público su compromiso de asumir la promulgación de la ley.
Las personas travestis y transgénero: la población más vulnerable y vulnerada
A diferencia de otros países, en el Perú el Día Contra la Homofobia no se conmemora el 17, sino el 31 de mayo, en recuerdo de los ocho ciudadanos y ciudadanas gays y travestis asesinados en 1989 en Tarapoto, ciudad amazónica del Perú, por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Como ellas, la mayor parte de las 500 víctimas que el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) estima fueron asesinadas en el período de la violencia terrorista –entre 1989 y1992– fueron travestis.
Para Jorge Bracamonte, historiador y activista del MHOL que ha documentado la violencia contra la población LGTB de las últimas décadas en el Perú, el proyecto de Ley a entregarse el miércoles 30 en el Congreso, “encarna los esfuerzos de muchos años. La posibilidad de promulgación de una ley de esta naturaleza significa un gran avance. A través de ella se contará con una herramienta legal para sancionar y penalizar la discriminación contra las poblaciones homosexuales y travestis, vacío que aún subsiste en la legislación peruana, a la vez que demandará al Estado la elaboración de políticas públicas orientadas a favor de esta población.” Se trata de una propuesta de ley, explica Bracamonte, “de carácter positivo y proactivo”.
Hasta la fecha, el único referente legal para la defensa de las poblaciones LGTB ha sido el Plan Nacional de Derechos Humanos, que ya se demostró insuficiente al no haberse implementado hasta la fecha.
Sin embargo lo que hace tan significativa a esta nueva versión de la propuesta, con relación a las que la anteceden, es la incorporación de la identidad de género. Hasta hoy no se había considerado la protección de la identidad de género en una ley; aspecto importante, si se tiene en cuenta que entre las principales víctimas de la violencia homofóbica, tanto terrorista y estatal (militar y policial) como civil, se encuentran las personas transgénero y travestis. Esto se debe a su mayor vulnerabilidad social, pues a diferencia de los gays, lesbianas y bisexuales, cuya identidad sexual no es tan visible, la población travesti se hace evidente en su opción y está expuesta a la agresión callejera producto de la homofobia. “Ellas están expuestas a una mayor violencia, al ser evidente la identidad de género elegida”, nos dice Bracamonte. “De allí que sea la víctima permanente de los serenazgos y la policía, así como lo fue de Sendero Luminoso (SL) y el MRTA; y en el primer caso, lo sigue siendo.” Aunque no está penalizada ni se considera ilegal la opción de una persona de cambiar de género, continuará la violencia hacia ella mientras no exista un instrumento para proteger a las poblaciones LGTB. En el caso de las travestis, esta violencia seguirá siendo recurrente.
Por el contrario, de existir una normativa al respecto, no sólo se penalizará la violencia contra personas LGBT como delito: los serenazgos o policías que agreden cotidianamente a los ciudadanos y ciudadanas por su orientación sexual –como ocurre actualmente en los grandes centros urbanos del país– serán considerados como grupos armados que actúan contra la población civil. Si el proyecto es aprobado, no existirá ya la diferencia entre la violencia ejercida por las fuerzas policiales (muchas veces en nombre del orden) y la de los grupos terroristas. Ambos casos serán considerados delito y tendrán que ser penados por la ley.
Otro de los vacíos a los que responde la propuesta es la falta de una legislación especial que incluya el género. Los mecanismos antidiscriminatorios que se conocen en el Perú, legislativos y administrativos, solo reconocen a las mujeres, niños y niñas y ancianos; pero no contemplan a quienes han optado por una identidad de género distinta a su biología.
El reto es la transformación cultural y no una ley
Aunque vulnerable por su visibilidad, un gay conserva la identidad de hombre y mujer, “pero no se expone directamente a la discriminación como nosotras” nos dice Belissa Andía, encargada de la organización del Secretariado Trans de ILGA (Internacional Lesbian and Gay Association) “En nuestro caso, la discriminación es tajante”. Además de la violencia directa y el riesgo permanente en el que viven, las personas ‘trans’ no tienen en la práctica posibilidades de acceso al trabajo y, muchas veces, ni siquiera a la educación. “Se nos cierran todas las puertas y por eso es que una gran mayoría tiene que salir a las calles a trabajar” dice Andía. Pero la violencia ejercida contra las ‘trans’ que se prostituyen, es sólo la punta del iceberg de una violencia sistemática contra ellas y ellos. Para las personas transexuales mostrarse en las calles, en lugares donde no se les conoce, equivale a poner en riesgo su vida. Concitan inmediatamente la violencia anónima. “La exposición es fatal sobre todo para los que no tienen el apoyo familiar” explica.
Andía considera que una Ley como la que propone el MHOL y en general el movimiento LGTB es sumamente importante, pero no es lo fundamental. Es necesaria una transformación social profunda que llevará muchos años. “Puede ocurrir como en Ecuador, donde ya existe una ley pero no cambia la actitud de las personas. Por eso lo fundamental es la transformación cultural.” En Ecuador, como se sabe, la Constitución reconoce la igualdad ante la ley, sin discriminación “de orientación sexual”.
Por la aversión y pánico generado en torno de todo lo que implica sexo en la sociedad heteronormada y orientada hacia la reproducción, el impacto que puede sentir una persona común al ver a una persona cuya expresión de género desafía el sistema binario femenino/masculino, es muy intenso. Aunque a menudo no elaboradas con la forma de un programa, para Andía, tanto la lesbofobia como la transfobia implican una posición política.
Pero aunque una Ley no lo cambiará todo, para el movimiento LGTB el hecho de entregar una propuesta que podría ser el primer paso para tipificar y penalizar la violencia por orientación sexual, ya es un avance con respecto a la situación actual.