“Durante un tiempo consideré que aspirar al matrimonio civil era humillante: significaba pedir la bendición de una institución de herencia religiosa, ostensiblemente dogmática y discriminatoria. Pero he cambiado de opinión. Todos los chilenos adultos y solteros deben tener acceso a los beneficios que el Estado dispone en patrocinio de la familia, independiente de las particularidades de la pareja”.
Este párrafo del escritor chileno Pablo Simonetti, destacado no sólo por su trayectoria literaria, sino por su pública defensa de los derechos ciudadanos de las minorías sexuales en la prensa, bien puede reflejar la discusión que se ha producido en el último tiempo entre las diversas organizaciones de la sociedad civil a raíz del proyecto de Pacto de Unión Civil (PUC). Unas promueven y buscan el patrocinio del Ejecutivo para que la iniciativa llegue al Congreso y se transforme en ley y otras lanzan una campaña para reformar la ley de matrimonio civil y cuestionan aspectos del PUC.
El principal promotor del Pacto de Unión Civil ha sido el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh). A principios de mayo logró oficializar por escrito el respaldo de 25 parlamentarios de todos los partidos – con la excepción del partido de la derecha conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI)– para que el Ejecutivo patrocinara el proyecto. Es fundamental contar con este apoyo, ya que tres de sus artículos necesitan por ley el respaldo del Gobierno. Hasta la fecha, la iniciativa cuenta con la adhesión de más de 150 organizaciones sociales, tanto homosexuales, como transexuales y heterosexuales.
La redacción del PUC estuvo a cargo de expertos juristas y goza de rigor jurídico y técnico. Su antecedente jurídico más cercano es el Pacto Civil de Solidaridad Francés (PACS). El profesor de Derecho de la Universidad de Chile y redactor de la propuesta, Mauricio Tapia, explica que se trata de un contrato que sólo permite solucionar aquellas cuestiones patrimoniales que en la práctica se presentan como problemas de urgente solución, y se funda en el creciente consenso que existe en Chile de que tales problemas ameritan una solución jurídica. El experto aclara que el Pacto de Unión Civil carece de los efectos personales propios de la institución matrimonial y las relaciones de filiación y no crea un nuevo estado civil. Por el mismo motivo tampoco contempla el acceso al matrimonio entre personas de un mismo sexo.
Este pacto implica derechos y obligaciones: las partes se deben entre sí ayuda mutua y material, cuyas modalidades deben decidirlas ellos mismos por escritura pública o, en caso de desacuerdo, será determinada por el juez. Además, es posible su ruptura por la decisión unilateral o compartida sin intervención de los tribunales de justicia. Sin embargo, especialistas en la materia reconocen que el PUC será fundido con otros proyectos similares e ingresado con otro nombre al parlamento, aunque se espera que mantenga su columna vertebral.
La agrupación Las Otras Familias, el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS) y otras organizaciones afines aseguran que el proyecto tiene vacíos significativos sobre materias de familia y se focaliza solamente en temas patrimoniales. Según el punto de vista de estas instituciones, la aprobación de este proyecto de ley conllevaría un reconocimiento explícito del matrimonio como un pacto entre un hombre y una mujer, y consagraría matrimonios de primera y segunda categoría.
Para estas agrupaciones, el PUC es una iniciativa que reduce la unión a una mera relación patrimonial entre “pactantes”, pues deja de lado la ética del cuidado y la cuestión del parentesco. Lo anterior significa la imposibilidad de criar hijos propios (adoptados o inseminados artificialmente) y de disponer del cuerpo del cónyuge fallecido, entre otras materias. Esto significa, por ejemplo, que quienes formen parte de una Unión Civil no podrán determinar la forma en que se sepultarán los restos de su pareja o donar sus órganos.
Karen Atala, la jueza que en el año 2004 fue privada de la tuición de sus hijas por ser lesbiana, integrante de Las Otras Familias, exige una definición amplia del matrimonio civil no basada en el género. Su oposición al Pacto de Unión Civil se debe a que se inserta aún en una lógica tradicionalista que deja intacto al matrimonio como cuerpo legal discriminatorio, heteronormativo y masculinista. “Mientras no se resuelva la cuestión de los parentescos que se generan en las relaciones entre personas del mismo género, toda legislación será insuficiente y dejaría un vacío normativo que deberían llenar los jueces en su interpretación, afectando finalmente a los otros integrantes de esa familia», explicó.
La participación de Emma de Ramón, presidenta de Las Otras Familias y actual pareja de Karen Atala, en un foro académico a medios de julio marcó el inicio de una campaña destinada a reformar la ley de matrimonio civil. “Convergemos con quienes buscan eliminar el sesgo machista que aún tiene nuestra ley de matrimonio civil. No puede ser que aún se privilegie al hombre como administrador de la sociedad conyugal. No puede ser que tengamos leyes exclusivas para heterosexuales o leyes de segunda clase para no heterosexuales”, dijo en esa oportunidad.
La discusión y el debate sobre esta materia dejan en evidencia importantes diferencias entre abogados, académicos y miembros de la sociedad civil respecto de las normas que podrían favorecer a las uniones homosexuales. Lo que se mantiene como evidencia cierta, concluye Pablo Simonetti en su columna sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, es que “el problema no es tener padres homosexuales sino homofóbicos”.