La implantación de un gabinete paritario, la necesidad de impulsar políticas de equidad social y de género, una ley contra la discriminación y las iniciativas en reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos fueron temas importantes en la agenda de la campaña que condujo a Michelle Bachelet a la presidencia de Chile.
Como telón de fondo, periódicamente nuevos casos de violencia extrema conmocionan la opinión pública chilena: el último fue el de la joven embarazada de 8 meses que fuera brutalmente quemada por su pareja en la ciudad Punta Arenas. El hecho reinstaló la idea de incorporar la figura del femicidio en la legislación penal, para dar mayor visibilidad al problema. En lo que va de este año, 31 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja.
El Centro de Estudios y Acción Política Feminista, más conocido como Corporación Humanas, evaluó y fiscalizó la forma en que el Estado cumple sus obligaciones internacionales en relación con los derechos humanos de las mujeres y quiere incidir en el diseño e implementación de políticas que permitan avanzar en esta materia.
Lorena Fríes, especialista en derechos humanos de las mujeres y justicia de género, presidenta de la Corporación Humanas, docente de la Facultad de Derecho y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, habla sobre el femicidio, la discriminación en el trabajo, la despenalización del aborto, el rechazo hacia la mujer en su proceso de incorporación política y la violencia que se ejerce contra ellas.
Para usted, ¿cuáles son los principales puntos que dejan manifiesto el trato discriminatorio hacía la mujer?
Un campo muy sentido por las mujeres es el trabajo, donde tenemos un promedio de 30% de diferencia entre sueldos de hombres y de mujeres por la misma labor. A mayor acceso a la educación y a mayores cargos en el trabajo, esa diferencia puede aumentar incluso hasta en un 60%. El segundo es la política, todavía, un mundo claramente dominado por lo masculino donde la propia Presidenta no ha logrado llevar adelante una agenda de promoción de mujeres en espacios de poder. Y el otro tema es la violencia, la manifestación más brutal de la subordinación de las mujeres en la sociedad.
En comparación con otros países de la región ¿Cómo es la realidad chilena en cuanto a discriminación femenina?
Yo creo que Chile es uno de los países más atrasados en América Latina. Esta realidad se puede apreciar en lo costoso que significa promover leyes para superar la discriminación de las mujeres, tales como la despenalización del aborto o la ley de divorcio que sólo fue aprobada hace un par de años.
Además, no hay reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como en otros países, por lo tanto, aquí estamos con una especie de lógica de igualdad neutra. En esa lógica las mujeres salimos perdiendo porque la realidad no es neutra.
Cada vez, se escucha hablar más de femicidio y de la posibilidad de legislar en torno a este crimen. ¿Cuáles serían las dificultades legales para implementar esta nueva figura?
Hay factores de orden político y de índole legal para legislar en torno a la figura del femicidio. Político porque tiene que ver con las mayorías en el Congreso; legal en cuanto a si se requiere esta tipificación que sólo recaería en muertes por el hecho de ser mujeres o, más bien, este tipo de crímenes podría ser considerado entre los tipos generales y universales, sin necesidad de contar con una nueva figura legal.
Muchos juristas proponen profundizar la figura del homicidio y no crear esta nueva figura legal, ¿Cuáles serían las diferencias entre esta medida y la creación del femicidio como delito?
Por una parte, se dice que se trata de una violencia específica que tiene su base en el género y que, por lo tanto, no es asimilable a homicidios individuales ni a otras figuras de daño a la integridad física. Por otra parte, incorporar el femicidio como un delito permite visibilizar algo que estaba oculto en la sociedad. En varias legislaciones existe esa figura, sin embargo, el derecho penal no resuelve este tipo de problemas, ya que debe ser universal y aplicarse a todos por igual. Siendo así, el femicidio podría conjugarse con otras figuras agravadas o con agravantes generales para no empezar a legislar de forma tal que lleve a una división jurídica total entre los aspectos que tocan a las mujeres y los aspectos que tocan a los hombres.
En definitiva, ¿está a favor de que se instaure la figura legal del femicidio o prefiere que se profundice en la normativa actual?
En principio me parece que no es necesario tipificar el femicidio. En primer lugar creo que hay que analizar nuevamente lo que aquí hemos llamado “delito de maltrato habitual” cuya calificación previa en los tribunales de familia debe ser eliminada. Soy partidaria de tipificar la violencia contra las mujeres en el Código Penal: para mí la pregunta que habría que contestar es si le damos o no el carácter de delito residual. En la eventualidad de que no sea parricidio, homicidio, lesiones, mutilaciones, etc. ¿es violencia contra las mujeres, o queremos que sea un delito en sí mismo, que por lo tanto puede tener consecuencias –resultado de lesiones, muerte, etc.? Dicho esto, me parece que culturalmente al asesinato de mujeres por parte de sus ex parejas, actuales parejas o maridos hay que llamarle femicidio, porque a las cosas hay que nombrarlas.
El 28 de septiembre es el Día Latinoamericano de Lucha por la Despenalización del Aborto, ¿Cuáles son los avances chilenos en la materia?
Avances no hay. En materia de aborto hay una creciente conciencia ciudadana, particularmente de las mujeres, respecto a que es un tema que tiene que ver con ellas mismas y que debería legislarse respecto al menos de tres situaciones: aborto terapéutico, por malformación del feto y en caso de embarazo fruto de una violación o incesto.
En esos tres casos, y de acuerdo a las encuestas que hemos hecho, hay un acuerdo de prácticamente el 70%. Sin embargo, hasta ahora es una agenda totalmente bloqueada desde la derecha y la iglesia católica. El Gobierno, por lo tanto, no va a iniciar ninguna gestión en este sentido. Quizás lo más interesante –que es una ganancia colateral- es que se haya instalado la posibilidad de la píldora de anticoncepción de emergencia, lo que para algunos es un tema abortivo y para otros, de la misma línea conservadora, es la puerta de entrada para terminar hablando sobre el aborto. La verdad, es que son dos cosas distintas que se unen en la idea del embarazo no deseado, pero solamente eso.
¿Cree que en Chile será posible volver a incorporar el aborto terapéutico eliminado durante la dictadura de Pinochet? ¿A su juicio, existe voluntad política para esta discusión?
Yo creo que a la larga el aborto terapéutico se instalará nuevamente. Es decir, recién estamos empezando un proceso democrático de mayor debate, de mayor conflicto social, por lo tanto hay que esperar que eso madure también para poder poner temas en la agenda.
¿Qué opinión le merece el anuncio hecho por la Presidenta Bachelet sobre el proyecto de ley que aumenta la participación de las mujeres en política?
La verdad, es una repetición de lo que ya venía anunciando y en ese sentido no es nada novedoso. Es más, le baja el perfil porque inicialmente lo que ella planteó fueron medidas de promoción de las mujeres, una de ellas a través de la ley de cuotas, lo que no fue aceptado. Hay tres proyectos en el Parlamento, y el tercero es –digamos– una fusión de los dos anteriores. El hecho de que los partidos de la concertación hayan hecho el anuncio y/o declaren estar de acuerdo sólo da cuenta de lo limitada que estará la iniciativa, ya que se circunscribirá a temas de incentivo monetario a los partidos que lleven candidatas y que elijan.
Además, la comisión presidencial que creó la Presidenta Bachelet para la reforma electoral entregó un informe donde se decía que el género no podía estar fuera del cambio de la reforma al sistema binominal y proponían el tema de los incentivos económicos para los partidos.
¿Es correcto que se tenga que incentivar con dinero a los partidos políticos para que postulen a un mayor número de mujeres a los cargos de elección popular?
Esa es una medida que se utiliza en Europa y da buen resultado, siempre y cuando vaya acompañada de otra serie de medidas, por ejemplo, la sanción para aquellos partidos que no tengan a mujeres en las listas o una mayor diferencia en el incentivo. La diferencia entre lo que hay hoy y lo que habría en términos de incentivo no es determinante, por lo que me temo que pasará lo mismo que en Francia, donde los partidos prefieren pagar multas que inscribir mujeres. Por otra parte, si se va a hacer algo así se requieren sanciones que efectivamente penalicen el hecho de no incorporar mujeres. La experiencia de Argentina da cuenta de que lo único que funciona es la imposibilidad de inscribir una lista en que no vayan mujeres en puestos “ganadores”, es decir en lugares de la lista en los que efectivamente puedan salir electas.