Los legisladores estudian la creación de un sistema sanitario que permita, una vez acreditados los extremos del artículo 86 del Código Penal, realizar inmediatamente el aborto. Actualmente, el Ministerio de Salud provincial requiere la autorización judicial, algo que la ley no solicita. También se propone crear un registro de objetores de conciencia para los médicos que no están de acuerdo con el aborto.