Estela Díaz forma parte de la generación intermedia de mujeres feministas de Argentina. Entre 2003 y 2006 fue Secretaria Nacional de Género de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Coordinadora de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur – CCSCS entre 2005 y 2006. Actualmente integra la Asociación por los Derechos de las Mujeres (ADEM) y es una de las voces de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Muchos la recuerdan por que fue una de las mujeres que acompañó a la familia de una adolescente de Guernica, provincia de Buenos Aires, que accedió a un aborto no punible.
¿Qué desafíos se imponen a la mujer en lo que respecta a sus derechos sexuales y reproductivos –principalmente en materia de la despenalización del aborto– frente a un 8 de marzo más? ¿En su país, qué avances fueron alcanzados en esta discusión?
Cuando hablamos de derechos sexuales el primer desafío es la necesidad de estar en alerta permanente, ya que los avances y logros de una etapa están siempre puestos en tensión por los sectores de la reacción más conservadora. Desde esta perspectiva, podemos decir que estamos transitando un período de avances que se traducen en políticas públicas tales como el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; el Protocolo Nacional sobre la Atención Humanizada Post Aborto; la Guía de Atención de Abortos No Punibles del Ministerio de Salud de la Nación; los Protocolos para la Atención de los Abortos No Punibles aplicados desde los Ministerios de Salud de las distintas provincias y algunas experiencias de programas oficiales de atención pre y post aborto. Además, es necesario tener en cuenta los fallos que han sentado jurisprudencia sobre las excepciones legales del aborto en las Cortes provinciales de Mendoza y Buenos Aires.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nace en el año 2005, ha sido un actor político y social destacado en este proceso. En la misma, se expresa una amplia alianza que ha trascendido a las organizaciones de mujeres como únicas interlocutoras de este debate. La Campaña cuenta con más de 250 organizaciones con presencia en casi todo el territorio nacional, habiendo realizado marchas masivas, intervenciones urbanas de alto impacto y acompañado a jóvenes y su familia cuando les fuera negado el acceso al aborto contemplado en las excepciones legales. Estos recorridos, efectuados junto a otros actores políticos, sociales, académicos y culturales, han impactado en los cambios favorables de la opinión pública, rubricados por sondeos de opinión llevados a cabo por consultoras nacionales.
Por primera vez este contexto favorable ha permitido que se produzca un debate más desapasionado sobre el tema del aborto, desplazando las tribunas de hinchadas por el “si o no a la vida”, para poder incluirlo en la discusión más general de los derechos, del acceso a la salud y de las temáticas de la justicia social.
Este año la Iglesia Católica ha lanzado en Brasil la Campaña de la Fraternidad, cuyo lema es «Elige, entonces, la vida», una apelación clara a su oposición a la despenalización del aborto. ¿En su país, cómo se enfrentan las tentativas de influencia de la Iglesia en las decisiones del Estado, en lo que respecta a esta temática?
Uno de los rasgos distintivos de la participación de la Iglesia en el debate del aborto en los dos o tres últimos años es que aparece de manera reactiva, casi se podría decir a la defensiva o en respuesta a los avances logrados. En una característica que se inscribe en el debate nacional que se está produciendo sobre los derechos humanos en general. Los juicios y la sanción a los responsables del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar (incluida la condena a cadena perpetua del capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, al que sigue una lista de autoridades eclesiásticas procesadas) no dejan muy bien parada a la Iglesia Católica, que muestra claras complicidades con la dictadura y escasa –o casi nula– autocrítica por el papel cumplido.
De todas maneras no podemos dejar de observar cómo la iglesia activa y renueva sus estrategias de intervención y presiona sobre candidatos/as católicos con amenazas de excomunión. A la vez, siguen aggiornando y secularizando su discurso, con el uso de tópicos más ligados a la ciencia y los derechos que a Dios y la teología. Así también se observa el poder y la influencia que siguen teniendo en sectores de la justicia, la educación, la comunicación y sobre algunos políticos que cuando se trata de derechos de las mujeres se vuelven más sensibles al poder de incidencia y control de algunas purpurados, que al amplísimo consenso social con la educación sexual, la salud reproductiva y la ampliación de las causales de despenalización del aborto.
Las mujeres cada vez conquistan más espacio en el campo del trabajo y en las esferas del poder, a pesar de ser todavía minoría y recibir salarios menores en relación con los hombres. Según su análisis, ¿qué es necesario hacer para alcanzar la igualdad en esos campos y cuáles son los motivos por los que aún se mantiene esa desigualdad?
El siglo XXI se inicia con un protagonismo social y político de las mujeres sin precedentes, expresado en nuestro país por la presencia cada vez mayor de mujeres en el espacio público y en lugares de poder y decisión, coronando con la elección de una mujer presidenta de la Nación. Esta presencia de las mujeres sin dudas expresa profundos cambios sociales y culturales, no sólo en nuestro país. Sin embargo, no podemos confundirnos y creer que esto es suficiente para achicar la enorme brecha de desigualdad presente para las mujeres en el acceso al mercado laboral.
La división sexual entre lo productivo y reproductivo que estructura el mercado de trabajo sigue signando las condiciones de inserción de las mujeres en el mismo: doble jornada laboral, tensión entre vida laboral y familiar, brecha salarial, segmentación de mercado de trabajo, precariedad y desigualdad.
La reducción de estas desigualdades de género no es el resultado automático de la presencia de mujeres en instancias de poder. Este camino se profundizará en la medida en que se concrete con la decisión política de llevar a cabo propuestas activas de generación de empleo con perspectiva de género; lo que deberá traducirse en acciones para conciliar la vida laboral y familiar, políticas de cuidado infantil y de promoción de las responsabilidades familiares compartidas, la promoción de la formación técnica y profesional de las mujeres y el acceso a sectores y áreas que trasciendan los estereotipos de género, la promoción de políticas específicas para las mujeres de sectores no calificados –especialmente para las que se encuentran insertas en el trabajo a domicilio y servicio doméstico. Estas son algunas de las medidas que ayudarán a desandar un largo camino de desigualdad.