En el año 1994, durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo ICPD (Cairo 1994), representantes de 179 países aprobaron el Programa de Acción por la Salud de la Mujer. En función de este hecho los movimientos feministas decidieron implementar el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, como un modo de tener presente y actualizar las agendas políticas en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Seis activistas e investigadoras latinoamericanas analizan el panorama actual del acceso a los programas de salud sexual y reproductiva en la región, el papel del Estado y los movimientos de la sociedad civil en este proceso.
Se hace urgente que el Estado garantice el acceso de las mujeres a las prestaciones de salud. Las entrevistadas constatan que eso es algo pendiente en diversas medidas en todos los países. Esta situación también trae aparejada la pérdida progresiva de derechos conquistados ya que la imposibilidad de conseguir la atención en el sistema de salud inhabilita el ejercicio los derechos que están garantizados en la letra de las leyes.
Según Mariana Romero, Investigadora Asociada del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), el Estado argentino “tiene que hacer un mayor esfuerzo para llegar a quienes no tienen las condiciones para ejercer ese derecho por otras vías. A una mujer que tiene cobertura social el Estado debe garantizarle que a través de esa cobertura pueda acceder a los anticonceptivos, pero si está cubierta por la salud pública entonces es el Estado el que debe brindarle esos servicios.”
Para Rossina Guerrero, coordinadora del Área de Derechos Reproductivos del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), en Perú el Estado debe “implementar un protocolo de atención para el aborto terapéutico para que los servicios de salud reproductiva cuenten con insumos anticonceptivos (incluyendo la anticoncepción de emergencia) y con personal calificado para la atención” de modo que “las mujeres gestantes tengan acceso a un trato digno y atención oportuna ante una complicación y que las mujeres que llegan por complicaciones de un aborto sean atendidas de manera humanizada”. Guerrero agrega, atendiendo a las necesidades de la población indígena y mestiza, que los servicios deben estar calificados para la atención intercultural.
Entretanto, en Brasil la médica Wilza Vieira Villela, del Instituto de Saúde de São Paulo (SES-SP) señala que es necesaria una “articulación amplia con diferentes sectores de la sociedad para denunciar, publicitar el lento, continuo e insidioso avance de las posiciones conservadoras que amenazan los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres”. En la ciudad de Campo Grande casi diez mil mujeres corren el riesgo de ser penalizadas por prácticas de aborto, luego que la policía allanó una clínica de planificación familiar que existía hace ya 20 años en esa ciudad y encontró las historias clínicas de todas ellas.
Para María Luisa Sánchez, la Directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las organizaciones civiles clave en la reforma legal que despenalizó el aborto en Ciudad de México, “es importante que se haga respetar el derecho a la salud, protegido en la Constitución pero que muchas veces no se reconoce, respeta ni garantiza por parte del Estado mexicano”. El año pasado en Ciudad de México se aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 primeras semanas de gestación, sin embargo hubo un recurso de inconstitucionalidad presentado a la Suprema Corte de Justicia que deberá fallar al respecto. Según Sánchez el fallo a favor de la ley logrará un efecto dominó en los otros Estados del territorio, logrando que el derecho a la salud que gozan las mujeres de esa ciudad se hagan realidad en todo el país.
A su vez, Ivonne Wilches, integrante de la Corporación Sisma-Mujer de Colombia, considera que el objetivo debe ser crear programas que traten la salud de la mujer de manera integral: “la gran dificultad para que las mujeres puedan ejercer su derecho a una salud plena es la concepción misma que se tiene de salud. La salud es considerada especialmente en la perspectiva del tratamiento y no de la prevención”, explica. En este mismo sentido para Pamela Eguiguren, Coordinadora del Observatorio de Equidad de Género den la Reforma de Salud, un progreso en Chile ha sido “la incorporación de una mirada que pone el acento en la equidad, reconociendo la importancia de actuar sobre los determinantes sociales de la salud más que sobre las conductas y estilos de vida de las personas. Ese cambio pone al Ministerio de Salud y a las políticas sanitarias en una posición más proactiva, menos expectante, más conciente de su responsabilidad.” Este avance es significativo si se tiene en cuenta el fallo reciente del Tribunal Constitucional que suspendió la distribución de la píldora del día después en los servicios públicos chilenos.
(Las respuestas están en orden alfabético por nombre del país y mantienen su idioma original).
¿En función del contexto particular de su país, cuáles son las acciones que deberían realizarse en pro de la salud de la mujer?
Mariana Romero (Argentina): En el campo de salud sexual y reproductiva habría que tomar acciones que garanticen que una mujer no se embarace si no lo desea y en el caso de que eso suceda, pueda interrumpirlo de forma segura. Para eso hay que garantizar el acceso amplio a toda la gama de métodos anticonceptivos; es decir sin ninguna restricción, discriminación basada en etnia, estado civil, situación de pareja, diferencia sexual, edad, condición social, etc. Haga click aquí para ver la versión completa.
Wilza Vieira Villela (Brasil): O cenário nacional reflete um cenário internacional onde os direitos sexuais e reprodutivos, no geral, estão em retrocesso. Isto exige uma grande astúcia estratégica. O que tem sido pontuado, no geral, é a necessidade de que não haja perda do que já foi conquistado – no caso, o aborto – onde existem permissivos legais e atendimento humanizado às mulheres que praticaram o aborto inseguro. (Texto en portugués). Haga click aquí para ver la versión completa.
Pamela Eguiguren (Chile): El fallo [del Tribunal Constitucional] atenta contra la equidad en salud –consolidando la discriminación– y la igualdad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas a ser respetados en nuestras convicciones morales y religiosas. Por todo esto son necesarias acciones desde el sector público y la sociedad civil para revertir la situación. Haga click aquí para ver la versión completa.
Ivonne Wilches (Colombia): Las acciones en salud para las mujeres deben necesariamente enmarcarse en el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida, a gozar de tiempo libre, de reconocimiento y disfrute de todos sus derechos humanos. De lo contrario, sólo tendremos controles prenatales a madres gestantes en una visión muy restringida de lo que significa el asunto. Haga click aquí para ver la versión completa.
María Luisa Sánchez (México): Es importante que se haga respetar el derecho a la salud, protegido en la Constitución pero que muchas veces no se reconoce, respeta ni garantiza por parte del Estado mexicano. Con la despenalización del aborto en la ciudad de México estamos avanzando un trecho muy importante, desde luego, pero insuficiente para el resto del país. Haga click aquí para ver la versión completa.
Rossina Guerrero (Perú): La resistencia del MINSA (Ministerio de Salud) a cumplir con la implementación de un protocolo de atención para el aborto terapéutico (que es el único legal en Perú), muestra la falta de compromiso del gobierno para disminuir la mortalidad materna, un indicador potente para graficar la exclusión en la que viven las mujeres. Haga click aquí para ver la versión completa.