Diputados de la República estaban invitados. Todos ellos en algún momento emprendieron iniciativas legales vinculadas a la despenalización del aborto en Chile. Sólo uno aceptó asistir y se convirtió en la excepción. La ausencia del resto al foro panel «Legalización del Aborto en Chile. No Abortemos el Debate», es una clara señal de la situación del tema en el país: es una cuestión ausente cuya discusión nadie, desde el mundo político, desea iniciar.
En la actualidad el aborto en Chile es un delito penado por ley en toda circunstancia. Su tipificación legal se encuentra en el Código Penal, artículos 342 A y 245, bajo el título de “Crímenes y Delitos contra el Orden Familiar y la Moralidad Pública”. La pena por este delito es de 3 a 5 años para la mujer que se somete al procedimiento y de 541 días a 3 años para quien provea el aborto.El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua están en la misma situación judicial.
Si nos remontamos al pasado, Chile fue pionero en materia de planificación familiar y un ejemplo para otros países del continente. Al remontar la historia de la salud pública, el dispositivo intrauterino (DIU) fue diseñado y luego perfeccionado en Chile que exportó esa experiencia a otros países del continente. En 1969, el país autorizó el aborto terapéutico y las mujeres que por razones de salud debían interrumpir el embarazo podían hacerlo en el sistema público. La dictadura militar en 1973 eliminó esta facultad y la prohibición aún está vigente, con el argumento de que los avances científicos harían innecesaria esa práctica.
La Corporación Humanas junto a varias entidades de la sociedad civil apuestan por abrir caminos para que la sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas reactiven el diálogo en un tema largamente silenciado. Las organizadoras de la iniciativa explicaron que este tema, mal llamado “valórico”, en realidad forma parte del debate de las democracias modernas.
La experiencia del foro panel «Legalización del Aborto en Chile. No Abortemos el Debate» permitió iniciar una discusión de argumentos con la presencia de investigadoras que están trabajando en este tema desde el feminismo y con una perspectiva de salud. Ellas fueron Gloria Maira, economista e investigadora en derechos humanos de la mujer, Marcia Tijero, socióloga e investigadora en temas de salud sexual y reproductiva y Verónica Díaz, Directora de Católicas por el Derecho a Decidir. La segunda parte del encuentro contó con un panel de cientistas políticos de diversos centros de estudio e investigadoras de género y derechos humanos.
Gloria Maira abordó este tema desde una mirada feminista. Para ella este es un asunto ligado a la soberanía sobre el cuerpo, la autonomía y la libertad salud sexual y reproductiva. “La sexualidad y reproducción están ligadas a la lucha reivindicatoria de las mujeres a nivel mundial. Para tener el reconocimiento como ciudadanas plenas no basta únicamente con el derecho a voto, ni la posibilidad de participar en la vida pública y política. La sexualidad y la reproducción también son elementos consustanciales a las sujetas y, desde esa perspectiva, éste es un tema político”, explicó.
Bajo este contexto, describió la actual disposición política para iniciar el debate. Explicó que con la llegada de la democracia en 1990, muchas organizaciones de la sociedad civil confiaron en que se repondría el derecho al aborto. Hoy siguen esperando. “En lugar de avanzar hacia la libertad de las decisiones de las personas y recuperar ese derecho, caminamos para atrás. El deseo de instaurar una política de restricción a la función sexual y reproductiva de las mujeres muy profunda. Ni siquiera favorece el desarrollo del tema de derechos humanos donde se reconoce la maternidad voluntaria, por opción como un principio humano fundamental”, precisó.
Según la Corporación Humanas, las leyes que prohíben y castigan el aborto violan una amplia gama de derechos humanos de las mujeres, reconocidos en diversos instrumentos internacionales, tales como el derecho a la igualdad y a no ser discriminadas, el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad e integridad física, a la libertad, a la privacidad, a no ser torturadas ni sufrir tratos crueles, inhumanos ni degradantes, entre otros.
Otro argumento de peso expuesto en el encuentro fue la salud de la mujer. La misma OMS (Organización Mundial de la Salud) plantea que la salud no sólo es ausencia de enfermedad lo cual contempla las circunstancias en que el embarazo puede representar amenaza a la vida o daño físico o mental de las mujeres.
En su exposición, Marcia Tijero aclaró que desde la ética médica hay una responsabilidad con la salud y la vida de las personas, así como desde la perspectiva social existe una obligación del Estado. “Es fundamental velar por la salud y la equidad social. En los espacios privados las mujeres tienen alternativas que los médicos ofrecen amparados bajo el secreto profesional. En el caso de los hospitales públicos, la situación de ambigüedad es evidente, aumentando la vulnerabilidad de la mujeres, en especial las que se encuentran en situación de mayor precariedad económica”, expuso la experta.
En la salud física hay tres casos que son motivo de interrupción del embarazo, según describió la profesional. El primero se da cuando la mujer está en riesgo vital, como en el caso de un embarazo tubario. La interrupción permite resolver una patología, una enfermedad producida por el embarazo que colora a la mujer en riesgo vital.
Una segunda causa se produce cuando la mujer durante el embarazo sufre una enfermedad que obliga a su interrupción, como por ejemplo cáncer. La tercera causa se produce cuando una mujer tiene una patología física preexistente incompatible con el embarazo, como una cardiopatía o enfermedad severa al corazón.
En el ámbito de la salud mental fueron expuestos los siguientes casos: un feto que al momento del parto va a morir irremediablemente (malformaciones incompatible con la vida) y embarazos productos de una violación. Es claro que “dado el alto daño mental a la salud de las mujeres, corresponde el aborto por razones de salud”, aclaró Marcia Tijero.
Verónica Díaz es directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Realizó una exposición desde la mirada cristiana, donde aclaró que “ni siquiera en el Código Canónico actual, que data de 1983 y que es el conjunto de leyes con que se gobierna la Iglesia Católica y da un orden a la vida externa de los católicos y católicas, existe una condena tan tajante y explícita al aborto”.
La panelista explicó que las Católicas por el Derecho a Decidir defienden el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo que no ha sido planificado. Para esta organización, el aborto representa de manera dramática un rechazo a la deshumanización y una defensa legítima a la propia vida y a la de otros seres humanos.
Sus palabras tienen sentido cuando se conocen las alarmantes consecuencias de la práctica clandestina del aborto. Pese a no existir cifras oficiales al respecto, se respeta el cálculo del Alan Guttmacher Institute, de 2006, que estima que 1 de cada 3 embarazos termina en aborto.
Actualmente se tramitan 6 iniciativas legales en el Congreso Nacional sobre aborto. Todas ella fueron presentadas entre los años 2000 y 2007 y ninguna ha pasado siquiera el primer trámite constitucional. Lo más probable es que futuras acciones legislativas –en especial en el próximo año que es de elecciones– tengan el mismo destino.
Tal destino no está en sintonía con la opinión ciudadana. Según la última encuesta de FLACSO, del año 2001, en que se consultaba a mujeres y hombres sobre si se debería legislar en torno al aborto en Chile, un 57,6% contestó afirmativamente (esta encuesta fue representativa del 83% de la población urbana). Una Encuesta Nacional de Mujeres de la Corporación Humanas en 2007 tuvo resultados similares. Reveló que más del 70% de las encuestadas señala estar de acuerdo con la práctica legal del aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo ha sido producido por una violación o bien si el feto tiene alguna malformación.
Lamentablemente, esta posición favorable al aborto entre las chilenas – que también se recoge entre los varones – no es debatida en el espacio público ni es motivo de discusión parlamentaria. El interés de las/os panelistas y asistentes a este encuentro fue «politizar» el tema, generar un espacio de debate con exposición de argumentos y posturas tanto favorables como contrarias del aborto inducido, que permitan colocarlo en la agenda publica y avanzar en los estándares del derecho a la autonomía y la libertad individual y al reconocimiento del valor de la vida de las mujeres, cuando la bajísima tasa de proceso judicial por aborto revela que se trata de un hecho que socialmente estaría despenalizado.