Por Diego Sempol*
El miércoles 9 de setiembre, luego de un gran debate social y pese a la oposición de la iglesia católica y de la derecha, fue aprobada en Uruguay la ley que modifica el sistema de adopción. De ahora en más, el estatuto legal de hijas e hijos nacidos o adoptados por parejas de hecho queda igualado al de los nacidos dentro del matrimonio. La igualdad alcanza a los hijos(as) de parejas tanto heterosexuales como homosexuales. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Senadores con el voto de toda la bancada del Frente Amplio y del Partido Colorado. Uruguay es el primer país latinoamericano en reconocer la pluralidad de arreglos familiares existentes en la sociedad y la posibilidad de que las parejas homparentales puedan adoptar.
La mayor discusión se produjo durante el debate del proyecto en la Cámara de Diputados. Al principio, algunos representantes del Frente Amplio se negaban a aprobarlo. El diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), argumentó en contra del proyecto en la Cámara, votando finalmente a favor para respetar la decisión de la bancada del Frente Amplio, al cual su partido suscribe.
Además, en Diputados el Partido Colorado faltó a la cita (a diferencia de lo que sucedió en el Senado), mientras que el Partido Nacional en su totalidad se opuso al proyecto en ambas cámaras, argumentando que se estaban “violando los derechos de los niños y su desarrollo normal.”
La ley aprobada garantiza los derechos de todos/as los niños y niñas. Hasta ahora los hijos de las parejas homosexuales y de aquellas parejas heterosexuales con menores a cargo no unidas legalmente tenían la mitad de los derechos que los niños de parejas unidas en matrimonio. La muerte de la madre o padre biológico implicaba que ese niño(a) perdiera su hogar, y que el otro tutor(a) no pudiera seguir tomando decisiones educativas, médicas y legales sobre el menor que hasta ese momento tuvo a su cargo.
Esta ley soluciona este vacío legal y permite que los niños(as) sean representados(as) por ambos tutores en la escuela, la salud y la justicia. Además, permite el establecimiento de un régimen de visitas con ambos tutores en caso de separación así como el cobro de pensión alimenticia, y herencia de los bienes de uno de sus tutores ante el fallecimiento de quien no ha tenido la posibilidad legal de reconocer a sus hijos. La ley equipara los derechos de los niños y niñas que han sido adoptados por familiares o parejas que no están reguladas por la institución matrimonial, que actualmente representan el 80% de los hogares uruguayos.
Según Valeria Rubino, integrante del Colectivo Ovejas Negras, del movimiento gay-lésbica-trans uruguayo, “gracias a la presión del movimiento GLTB uruguayo triunfó el respeto democrático de la diversidad. Nuestra tradición laica permitió el reconocimiento y la preservación de los derechos de todos los modelos de familia existentes en nuestra sociedad. Esta ley es una victoria importante sobre los grupos fundamentalistas que buscan mantener privilegios legales solo para las niñas y niños nacidos bajo el régimen de matrimonio e imponer su sistema de valores y modelo de familia al resto de la sociedad uruguaya”.
Partido Nacional e Iglesia Católica: un sólo corazón
Durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, el Arzobispo de Montevideo, Monseñor Cotugno hizo público un documento eclesiástico en donde explicitaba la posición contraria de la Iglesia Católica a la adopción de niños por parte de parejas homparentales. En declaraciones al matutino El País (12/08/09), Cotugno consideró a la homosexualidad un “desvío” y que por lo tanto el proyecto de ley estaría “cosificando a los niños”, porque la “ley natural” estaba siendo violentada. Estas argumentaciones fueron reproducidas una y otra vez por la totalidad de los diputados del Partido Nacional que cuestionaron el proyecto de ley. Contra el principio democrático de laicidad del Estado, el diputado Pablo Abdala (Partido Nacional), decía el jueves 13 de agosto en el programa televisivo Dicho y Hecho, del canal 10 local, que “la naturaleza reguló la creación de la vida entre hombres y mujeres, sobre lo que no puede estar la ley del Estado”. Por su parte, el diputado Álvaro Lorenzo (Alianza Nacional, Partido Nacional) afirmó durante la discusión parlamentaria que si bien aceptaba la “consecuencia” de la norma votada, no la compartía ya que las parejas homosexuales “toman una opción libre que incluye, por su propia naturaleza, la imposibilidad de procrear. Es una elección que implica a priori la imposibilidad de tener hijos propios y creo que esa situación debe tener consecuencias también al momento de adoptar, de tener hijos, más allá de que no sean naturales”.
La repetición de los argumentos religiosos era tan palpable que Abdala tuvo que reconocer, en un programa del Canal 4 el domingo 16 de agosto, que era católico, aunque esto, aclaró, no incidía en absoluto en su opinión sobre el proyecto.
La campaña en contra del nuevo sistema de adopción también contó con el apoyo de varios matutinos uruguayos. Además de las editoriales de El País, el matutino publicó en los últimos meses una columna de Ana María Abel, Licenciada en “Ciencias Familiares”, que a cada ocasión reafirma la doxa religiosa al aborda temas de sexualidad y homosexualidad.
Por su parte El Observador, en nota de tapa del 20 de agosto pasado, titulada “Reparos de expertos a la adopción por homosexuales”, lamenta que “en una sociedad que asiste a una pérdida gradual de valores y donde el rol de la familia se ha desnaturalizado, la homosexualidad no es impedimento para adoptar”. Los “expertos” consultados en la nota no se quedan atrás: fue consultada una abogada que opina sobre el desarrollo de la identidad en la temprana adolescencia y el psiquiatra Aquilino Polaino-Lorente, español perteneciente al Partido Popular (de la derecha conservadora española), que fuera denunciado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT) por la falta de sustento científico de sus afirmaciones. Durante el debate sobre el matrimonio homosexual en España Polaino-Lorente se había pronunciado contra todas las evidencias desplegadas por el resto de los expertos citados por el parlamento español, sobre el desarrollo psicológico y afectivo de las hijas e hijos de parejas homosexuales, equivalente al de los criados por parejas heterosexuales. Por ejemplo, la profesora de psicología evolutiva de la Universidad de Sevilla, María del Mar González, aseguró que los datos no avalan «los miedos» de quienes piensan que los criados por parejas homosexuales van a serlo en un futuro. Su equipo de investigación es autor del único estudio español sobre estos menores, realizado con 23 familias. Según esa investigación, el ambiente familiar era «estable» y los niños no se diferenciaban de sus compañeros de clase, salvo en su mayor comprensión de la homosexualidad.
La cobertura de medios de prensa cercanos a la Iglesia Católica y el Partido Nacional ignoraron por completo la producción científica publicada sobre sobre el tema, posicionándose sin mucha sutileza contra de la adopción homparental. Pese a la amplia difusión mediática que la noticia tuvo en su momento, se ignoró el apoyo de la Asociación Americana de Psiquiatras a todas las iniciativas que permitan a los homosexuales adoptar menores, solos o como parejas y tener todos los derechos legales, beneficios y responsabilidades que de ello se deriven, ya que, según minifiesta esa aosciación profesional, “esta demostrado consistentemente que los niños criados por padres homosexuales presentan el mismo nivel de funcionamiento emocional, cognitivo, social y sexual, que los criados por parejas heterosexuales”. La declaración fue clave para evitar la discriminación cuando se producen juicios por la custodia de los niños. Algo similar puntualizaron la Asociación Americana de Psicólogos (1976), la Academia Americana de Pediatras (2002) y la Asociación Psicoanalítica Americana (2002).
La aprobación de una ley de este tipo, afirma Mauricio Coitiño, integrante de la organización Articulación Afro-GLTB, “confirma que buena parte de nuestro sistema político sigue gozando de una autonomía importante y que la noción de derechos humanos se ha cargado en los últimos años con sentidos nuevos, aportados por los nuevos sujetos políticos que trabajan en la sociedad uruguaya hace ya 25 años. La alianza estratégica que está llevando adelante el movimiento GLTB uruguayo con el Frente Amplio tuvo importantes resultados y tendrá ahora un nueva prueba durante la discusión parlamentaria sobre el proyecto de cambio de sexo registral, que permite adquirir una identidad legal acorde con la apariencia de género de las personas trans.”
*Estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, UNGS-IDES. Integrante del Área Académica Queer Montevideo, Uruguay