Hasta ahora el alto tribunal ha logrado blindar a este grupo minoritario de un Congreso adverso que en seis ocasiones ha hundido proyectos de ley que buscaban la igualdad de derechos. Sin embargo, aunque ha ofrecido protección, la Corte no ha logrado liberar a los homosexuales del lastre de una ciudadanía de segunda categoría que reproduce siglos de discriminación y maltrato. Las parejas del mismo sexo pueden acceder a derechos patrimoniales, compartir beneficios de salud y pensiones, legalizar su unión ante el Estado a pesar de la renuencia de algunos notarios, pero, todavía hoy no pueden casarse. Esta imposibilidad, además de las restricciones prácticas que representa, tiene consecuencias simbólicas nefastas. Legislaciones paralelas generan poblaciones paralelas y con ellas la idea de que los “diferentes” sólo pueden merecer normativas diferentes o, mejor, limitadas, para que coincidan con lo “limitado” de su condición.