Un llamado de atención hizo la Corte Constitucional al procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez por oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos en los cuales esa alta corporación ha despenalizado su práctica.
A través del auto 327 del primero de octubre de 2010, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, el alto tribunal objetó la oposición del Jefe del Ministerio Público, quien se mostró renuente a la ejecución de la llamada cátedra del aborto, mediante la cual la Corte instaba a diversas entidades del orden nacional a comprometerse en la implementación de programas de formación pedagógica a las adolescentes en materia de derechos sexuales.