A tres años de la Declaración “Prevenir con Educación”, suscrita por ministros de salud y educación de 31 países de América Latina y el Caribe, apenas se ha avanzado en un tercio de los compromisos adquiridos explicó en entrevista José Aguilar Gil, médico, coordinador nacional de DEMYSEX, Red Democracia y Sexualidad de México. El experto en educación sexual indicó que uno de los principales motivos del retraso en los objetivos de la Declaración es la falta de voluntad política de legisladores y de las autoridades de educación y salud de cada país para realizar e impulsar las reformas pendientes, sobre todo las de los planes educativos. La Declaración fue firmada el 1° de agosto de 2008, en el marco de la XVII Conferencia Internacional de Sida celebrada en Ciudad de México.
El pasado 31 de marzo se reunió en Panamá una comisión de miembros de la Coalición Mesoamericana para la Educación Integral, conformada por organizaciones de la sociedad civil para elaborar una evaluación de la implementación de la Declaración en ocho países (México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Perú, Nicaragua, Panamá y Costa Rica). La comisión diagnosticó un retraso en materia de educación sexual en la región, que consideraron un “hecho preocupante, si se toma en cuenta que el mayor número de nuevas infecciones de VIH se presentan en jóvenes”. Para Aguilar Gil, el retraso en la implementación de medidas provocará que la región no alcance los Objetivos de Desarrollo del Milenio referentes a la disminución de casos de VIH y de embarazos no deseados en adolescentes en el año 2015.
Según el informe de evaluación, de los ocho países evaluados, el que más avance ha registrado es Guatemala con un 58 por ciento de avance con relación a las metas de la Declaración, seguido por Perú (47.1), México (38.5), Nicaragua (38.5), Costa Rica (37.2), Panamá (26.9), El Salvador (25.2) y Honduras (22.8). La evaluación tomó en cuenta la existencia de: convenios entre los Ministerios de Educación y Salud con foco en los objetivos de la Declaración; programas gubernamentales sustentados en la misma; una campaña de Educación Integral en Sexualidad en medios de comunicación; algún proyecto de ley o plan nacional a partir de 2008 para adecua el marco legal nacional a los estándares propuestos por la Declaración; acciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para garantizar recursos a los ministerios de Educación y Salud en ese sentido, y la inclusión de comunidades, familias, jóvenes y adolescentes en el diseño de políticas de salud para jóvenes y en los programas de educación sexual.
Entre los principales obstáculos detectados por la Coalición cuentan: la falta de estrategias oficiales por parte de los gobiernos para lograr una colaboración multisectorial entre los ministerios involucrados; la pobre o nula asignación de recursos públicos para el seguimiento de la Declaratoria; la falta de líneas de base para establecer metas mensurables de las acciones del sector Salud y Educación hasta 2015; la falta de campañas de difusión en los medios de comunicación; y dificultades para implementar servicios de salud amigables para las y los jóvenes.
Prevenir con educación
En días previos a la XVII Conferencia Internacional de Sida celebrada en la Ciudad de México en agosto de 2008, ministros de salud y educación de 31 países del continente se congregaron en la ciudad de México en la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación para Detener el VIH/sida en Latinoamérica y El Caribe. Las autoridades continentales debatieron acerca la responsabilidad del Estado en la inclusión de la salud y educación como ejes para la promoción del desarrollo humano. La Declaración “Prevenir con Educación”, resultado de ese encuentro, tiene el fin de garantizar “el acceso a la educación de calidad de toda la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (…) en ambientes libres de violencia, estigma y discriminación”.
Ante la realidad epidemiológica de América Latina y el Caribe, donde la principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales no protegidas, la educación integral en sexualidad desde la infancia favorece la adquisición gradual de información. De acuerdo a evidencias científicas, esa adquisición no acelera el inicio de actividad sexual, sino que fomenta el auto cuidado. Por ello se considera necesario fortalecer estrategias intersectoriales de educación integral en sexualidad y promoción de la salud sexual mediante alianzas estratégicas entre los Ministerios de Educación y Salud de cada nación.
Al respecto, José Aguilar Gil, experto consultado por el CLAM, puntualizó que “la educación integral en sexualidad debe ser parte de la currícula desde los primeros años de educación, tomando en cuenta las capacidades evolutivas de las y los niños, y debe incorporar la participación de las y los adolescentes y jóvenes en su diseño, monitoreo e implementación, así como apoyarse en metodologías participativas y democráticas que tengan como base las necesidades y percances individuales y colectivos”.
Según los acuerdos establecidos por medio de la Declaración, en el año 2015, la brecha de escuelas oficiales que no imparten educación sexual debe disminuir en 75 por ciento. Asimismo, al menos 50 por ciento de los jóvenes de América Latina que no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva deberán acceder a ellos. La Declaración planteaba también dos metas específicas para fines de 2010: modificaciones en los planes de estudio de cada nación a fin de incluir temas de educación integral en sexualidad; y capacitación del personal docente en la materia desde su formación académica.
Educación Integral en Sexualidad
Aguilar, que ha asesorado la elaboración de planes de estudio en la materia, explicó que “esta educación debe tener una perspectiva basada en los derechos humanos, el respeto de los valores de una sociedad plural que incluya aspectos biológicos, culturales, éticos, emocionales, sociales y de género, así como la diversidad de orientaciones e identidades sexuales”. Es a esa perspectiva que se ciñe la declaratoria.
El experto recalcó también que la materia impartida en las escuelas debe llamarse “Educación integral en sexualidad” y no “Educación sexual”, dado que comprende temas como género, sexualidad y ciudadanía, el sexo placentero, la sexualidad en la vida de las personas y la prevención de la violencia. Es decir que “va más allá del estudio de la sexualidad humana, al enmarcarla en el ejercicio de derechos y sus repercusiones sociales”. Es por ello que “todo proceso educativo debe brindar información completa, formar actitudes y desarrollar habilidades para contribuir al desarrollo de un código ético”, acotó.
Otro aspecto a ser abordado en este modelo educativo implica que los estudiantes tengan conocimiento de la diversidad existente en los seres humanos, incluidas las diversas formas de amar y la transformación en las relaciones sociales, agregó Aguilar. Según el especialista, se debe estimular la compresión de que “todos los seres humanos son iguales en derechos y deben contar con las mismas oportunidades, independientemente de su sexo, edad, condición socioeconómica, orientación e identidad sexual, condición física y de salud”.
Para Aguilar, “la educación integral en sexualidad debe estimular una actitud positiva ante la vida, debe estar basada en evidencia científica, estar comprendida dentro del marco de los derechos humanos, ser veraz, oportuna y adecuada a las necesidades de la niñez, la adolescencia y la juventud, que les permita tomar decisiones serias e informadas,” explicó.
El derecho al placer, a la sexualidad y al respeto a la orientación y diversidad sexual son aspectos a los que la juventud debe acceder. Su base es la definición del placer como un aspecto esencial del bienestar físico y emocional, indicó el activista a favor de la salud sexual y reproductiva. “Todas las personas tienen derecho a vivir su sexualidad en todas sus dimensiones en un clima de libertad, respeto y equidad basado en el crecimiento y respeto a los derechos humanos. El respeto a las diferencias y a la diversidad sexual son elementos enriquecedores de la vida humana. Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones informadas y libres de presión o discriminación y cualquier forma de violencia es inaceptable”, concluyó el experto entrevistado.