El despido de la viceministra de juventud de Costa Rica, Karina Bolaños, el pasado 30 de julio, luego de que fuera divulgado un video íntimo suyo, generó un intenso debate en el país centroamericano. Pese al manejo sensacionalista del tema por parte de medios de comunicación nacionales e internacionales –que incluso llegaron a discurrir sobre la poca pericia de la ex funcionaria en la realización de videos eróticos–, dos cuestiones claves aparecieron una y otra vez en el debate: la existencia de un doble rasero con el que se juzgan los escándalos sexuales en hombres y mujeres que ejercen cargos públicos y las complejas relaciones que se tejen entre los ámbitos privado y público.
El video grabado en 2007 fue divulgado sin el consentimiento de Bolaños, quien declaró a los medios de comunicación haber sido chantajeada desde hace algunos años por un ingeniero de sistemas a quien había contratado para mejorar la seguridad de su residencia y que robó el archivo de uno de sus computadores. Pese a ello, la presidenta de la Nación Laura Chinchilla Miranda la retiró de su cargo sin permitirle explicar lo sucedido. A través de un comunicado, la gobernante justificó su decisión señalando que “si bien las informaciones que han circulado están estrictamente relacionadas con la vida privada de Bolaños y no con su quehacer como funcionaria pública”, iba a ser separada de su cargo para que ella pudiera “enfrentar este caso desde el ámbito privado”. Bolaños replicó señalando que aunque respetaba la decisión de la presidenta, como mujer tenía derecho a defenderse.
El incidente suscitó indignación en varios sectores de la sociedad costarricense para los cuales resultaba reprochable que siendo Bolaños víctima de robo y difusión de información privada, fuera castigada por el contenido de la misma. En este sentido se pronunciaron la defensora de los habitantes Ofelia Taitelbaum, del partido gobernante, quien afirmó que las mujeres costarricenses se sentían maltratadas en sus derechos e intimidad a raíz de este atropello, y la ex diputada Gloria Valerín, que calificó el hecho de discriminatorio. Paralelamente, y luego de que la fotógrafa Julia Ardón publicara en su perfil de facebook una foto sosteniendo un cartel que rezaba “Todas somos Karina”, surgió en Internet una campaña ciudadana con el mismo nombre respaldando a Bolaños. La iniciativa, que ha congregado a más de 4.700 personas, busca detener los chantajes de los cuales son víctimas las mujeres por causa de su vida sexual, así como luchar contra el machismo y la misoginia.
La intransigencia con la que Chinchilla afrontó el escándalo de Bolaños contrasta con la actitud indulgente que ha mostrado hacia varios miembros hombres de su gabinete inculpados de corrupción, como el Ministro de Turismo Allan Flores, acusado de abuso de poder y acoso sexual, y Óscar Núñez, ex presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que aprovechó su cargó y empleó recursos públicos para viajar de vacaciones a México con una funcionaria de la entidad.
Esto le ha valido duras críticas por parte feministas como la socióloga Montserrat Sagot, quien en columna de opinión publicada en el diario La Nación señaló que la ex viceministra “fue víctima de la doble moral con la que se juzga de manera diferenciada a hombres y mujeres” y que, además, “resultó víctima del escarnio público por ser una persona sexuada”.
Por su parte, la socióloga María Flórez-Estrada Pimentel considera que estos hechos ponen de manifiesto el machismo y la misoginia que prevalecen en el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda y de buena parte de la sociedad costarricense. Al respecto explica: “machismo, porque esto lo hicieron a una mujer por ser mujer. El hombre que tiene pendiente una acusación de acoso sexual y laboral, como el Ministro de Turismo, Allan Flores, sigue en su cargo. Es sabido públicamente que cuando el notificador de la causa lo ha buscado en el Consejo de Gobierno, ‘nunca lo encuentra’. A Núñez, que usó recursos públicos para pasear con amantes, le dieron el beneficio de la duda y renunció con bajo perfil, pasado un tiempo. Socialmente se naturaliza que un hombre tenga amantes y hasta se lo premia, como parte del elogio del poder de la masculinidad”.
La misoginia, continúa la también autora de De “ama de casa” a mulier economicus: sexo, género, subjetividad y economía en Costa Rica contemporánea (2011), se evidencia en el temor y el desprecio hacia las mujeres “que exhiben poder sexual, aun cuando, en este caso, ni siquiera fuera Bolaños quien hizo público el video. Por definición, es decir, por ser mujer y no hombre, una mujer ‘no debe poder’ hacer lo que quiera con su cuerpo y salir ilesa. En esta lógica misógina, ella debe ser castigada ejemplarmente. De la misma forma en que la ‘policía moral’ de los talibanes apalea a las mujeres que no se cubren lo suficiente o transgreden las normas del control masculino”, concluye.
Si bien los escándalos sexuales en el ámbito de la política no son algo nuevo –basta recordar los casos de los otrora dirigentes Silvio Berlusconi, de Italia, Bill Clinton, de Estados Unidos, y Fernando Lugo, de Paraguay, entre otros– estos episodios ponen de manifiesto una clara diferencia respecto a la forma como afectan a hombres y mujeres. El despido de Bolaños, afirma Sagot, resulta “perversamente similar” al caso de Flor María Calvo, quien fue viceministra de Seguridad Pública de ese país y que, según informa la socióloga en su columna, “fue despedida cuando denunció que estaba siendo hostigada sexualmente por un oficial subalterno”.
Todo esto parece indicar que aun hoy resulta difícil pensar a las mujeres como sujetos sexuados sin que se vea afectada su legitimidad como sujetos públicos, incluso cuando ellas son víctimas en los llamados ‘escándalos sexuales’. Contrario a los hombres, para ejercer sus funciones ellas deben conservar esa cualidad moral comúnmente llamada ‘honor’, que según una lógica aviesa puede ser socavada fácilmente incluso cuando son objeto de violencia sexual, mientras que la imagen de sus colegas masculinos parece resistir a cualquier mácula. En este sentido, Sagot afirma que “la ex viceministra fue lapidada simbólicamente y expulsada de su trabajo, y de ese territorio fantasioso, construido por el imaginario patriarcal, donde residen las ‘mujeres buenas’”.
Como en otros casos, el escándalo de la ex viceministra no estuvo exento de usos políticos. Al respecto, Flórez-Estrada Pimentel comenta que Chinchilla “aprovechó la exposición pública del video de manera oportunista –es decir, explotando el machismo y la misoginia en la sociedad costarricense– para, al destituirla, sin el debido proceso y sin darle oportunidad alguna de ser escuchada, explotar el clima religioso y patriotero que en ese momento vivía el país por la fiesta de la virgen de los ángeles, que es la patrona oficial del Estado confesional católico costarricense”. Así, marcando un contraste moral entre Bolaños y ella misma mediante el recurso dialéctico de la virgen y la prostituta, la Presidenta apareció dos días después de la destitución en una peregrinación religiosa portando una mantilla negra en la que le pidió a la patrona de Costa Rica “que le diera fuerzas para enfrentar los problemas del país”, explica la investigadora. Con esto buscó desviar la atención de los escándalos de corrupción, aunque de forma fallida.
Cuando se habla sobre la participación política de las mujeres, los medios de comunicación usualmente destacan como grandes logros el hecho de que cargos de poder, como la presidencia de un país, sean ocupados por mujeres. No obstante, como evidencia el caso de Bolaños, la realidad es mucho más compleja. Al hacer un balance en materia de equidad de género en Costa Rica durante el gobierno de Chinchilla, María Flórez-Estrada Pimentel señala que la situación de los derechos de las mujeres es preocupante: “En el país han aumentado los femicidios; el desempleo de las mujeres sigue superando en mucho al de los hombres; la brecha salarial por sexo en contra de las mujeres se mantiene sin que se castigue a los empleadores por esta práctica. Los embarazos en niñas y adolescentes son un problema grave. La participación política de las mujeres, en términos de su acceso a cargos verdaderamente importantes en los partidos y en puestos elegibles, sigue siendo ‘cuesta arriba’”.
De acuerdo con la socióloga, los avances que se han logrado en esta dirección se deben a las luchas de las organizaciones de mujeres y feministas y a las leyes de acción afirmativa promulgadas mucho antes de que Chinchilla subiera al poder y de las cuales ella se ha beneficiado.
Por tal motivo, la investigadora advierte sobre el error de caer en esencialismos de género y en el “mujerismo” a la hora de ponderar los avances efectivos en derechos de las mujeres. “En materia de género, no existe una fórmula matemática. Si otra mujer hubiera gobernado a partir de valores que no fueran misóginos, machistas y religiosos, probablemente se hubiera potenciado mucho la situación de las mujeres. Pero con la Presidenta Chinchilla estuvo claro, desde el principio, que ella concuerda con el estado actual de las cosas. Por eso fue declarada ‘hija predilecta de la virgen de los ángeles’ por la jerarquía católica”, concluye.
Entre lo privado y lo público: las paternidades de Fernando Lugo
Otra de las críticas frente al despido de Bolaños versa respecto al carácter privado del video divulgado y señala que, al no relacionarse con su gestión pública, la medida tomada por la presidenta era no sólo injustificada sino también injusta, pues, al igual que cualquier ciudadano o ciudadana, la ex viceministra tenía derecho a mantener una parte de su vida reservada de las miradas de los demás. Esto plantea interrogantes respecto a si lo privado y lo público son ámbitos efectivamente desligados el uno del otro, así como si existen aspectos de la vida privada que puedan o deban trascender legítimamente a la vida pública. En este sentido, el caso de las paternidades no reconocidas del hasta hace poco presidente de Paraguay Fernando Lugo puede resultar esclarecedor.
De acuerdo con José Eduardo Leon Szwako, investigador de posdoctorado del Centro de Estudios de la Metrópolis (CEM) del Centro Brasileño de Análisis y Planeación (CEBRAP), antes de ser depuesto el pasado 22 de junio hubo más de 20 intentos por sacar a Lugo del poder, algunos de los cuales aprovecharon el escándalo de los hijos para desacreditarlo. Así, el primer intento de juicio político en su contra barajó entre sus acusaciones que el ex obispo padecía una enfermedad relacionada con el sexo que lo inhabilitaba para continuar ejerciendo su cargo: la ninfomanía.
Sobre este punto, Szwako señala que pese al uso que hicieron del escándalo los opositores al gobierno, éste “sólo asustó a la gente de forma cínica y superficial”, ya que las personas reconocían como algo corriente el hecho de que un cura tuviese hijos. Asimismo, tampoco representó una novedad el uso de su vida privada como elemento de chantaje y negociación política, agrega el investigador. Lo que resulta interesante es lo que estos casos revelan frente a las relaciones que se establecen entre uno y otro ámbito. En su opinión, estos hechos revelan un proceso contrario a la politización de la vida privada por el que han luchado las feministas y que se resuma en su lema de ‘lo personal es político’.
“Lo que ocurre en esos casos es la privatización de la vida pública, la exposición de la intimidad y sus aventuras íntimas, pero en un sentido negativo”, explica, aclarando que privatización no se refiere a un sentido económico, sino a la “insistencia de la vida íntima de los gobernantes sobre sus personas públicas”. Paralelo a esto, continúa Szwako, se observa un proceso de vigilancia diferente al control democrático de los gobernantes por parte de la sociedad civil. Estos casos revelan una lógica distinta, “pornográfica en un sentido radiográfico”, afirma, en donde se sustituye el control político por el escándalo.
Como en el caso de Bolaños, algunos defensores de Lugo señalaron en su momento que las críticas contra él, provenientes en su mayoría del Partido Colorado –que gobernó el país de forma ininterrumpida durante más de 60 años, entre los cuales se cuenta la dictadura de Alfredo Stroessner de 1954 a 1989– mezclaban de forma indebida vida íntima y pública. Para las feministas paraguayas, este caso representó un complejo dilema, ya que debían hacer una crítica que no se prestara al juego de la derecha, comenta Szwako.
“Para las feministas no fue fácil apoyar a Lugo o identificarse como una base suya, incluso desde las elecciones”, explica el investigador. Pese a que ellas abogaban por el cambio frente al coloradismo, existía incertidumbre respecto a si un sacerdote era la persona más idónea para ello, así como sobre las consecuencias de su elección en materia de género, comenta. “Un grupo más fundamental sí lo hizo, el Conamuri (Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas), pero el resto de feministas no lo hizo colectivamente, quizás algunas individualmente”.
Pese a que la elección de Lugo como presidente puso fin a la hegemonía colorada, aclara Szwako, ésta no debe ser entendida como la derrota del coloradismo o como la manifestación de una voluntad de cambio por parte de la sociedad, ya que su victoria se debió, en buena medida, a la división interna del coloradismo en dos partidos, el tradicional, y el UNASE, liderado por Lino Oviedo, militar de derecha que en el pasado había intentado realizar un golpe de Estado. Por otra parte, la alianza que llevó al ex obispo al poder abarcaba un espectro político de centro a centro derecha: “Lugo tenía un discurso articulado a los pobres, los campesinos, las mujeres… Pero su oposición no era de izquierda, sólo era oposición en los términos relacionales del campo, oposición al coloradismo. Entonces, eso no fue la revolución”, explica.
En este complejo panorama, las feministas lograron desarrollar un argumento progresista en términos de crítica al patriarcado y evitar ser atrapadas por la derecha. Al respecto, el investigador del CEBRAP relata que la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) emitió un comunicado en el que repudió la actitud irresponsable y machista del presidente y exigió la formulación de políticas sobre derechos sexuales y reproductivos. En el comunicado, la CMP señaló, entre otros aspectos, que la paternidad responsable era un asunto de interés público y que la conducta del presidente reflejaba la persistencia de un orden patriarcal. De este modo, mostraron, además, que existe una relación de mutua dependencia entre los ámbitos público y privado en la que el hombre puede desarrollar un trabajo productivo, en este caso una carrera política y pública, gracias a una serie de labores que la mujer lleva a cabo en el ámbito privado, permitiéndole a él despreocuparse por aspectos como el cuidado de la casa y los hijos. “En el caso de Lugo, el hecho de que no haya reconocido a sus hijos se inscribe en una lógica patriarcal que además privatiza a una persona, alguien ha sido esclavizado para que él no sea responsable por su placer y su reproducción”, afirma.
Las feministas que llevaron a cabo esta crítica fueron tanto las de la sociedad civil, como aquellas que representaban al Estado en cuanto ministras. “Fue importante que hubieran salido en apoyo de esas madres. La, en aquel entonces, Secretaría de la Mujer, que ahora se llama Ministerio de la Mujer, las apoyó a todas, lo que mostró también una capacidad de disenso muy grande al interior del gobierno”. Este proceso, señala Szwako guarda semejanzas con el escándalo del ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, quien contó con el respaldo de varias feministas para que no fuera destituido de su cargo, como abogaban los republicanos, pero quienes manifestaron de manera enfática su enojo respecto a su conducta, a la que calificaron de intolerable.
Sobre la relación entre lo público y lo privado, el investigador retoma la obra de la feminista británica Carole Pateman en la que afirma que la existencia del contrato social depende del contrato sexual, al cual silencia, para destacar el estrecho vínculo entre ambas esferas. “Todavía falta analizar mejor la interconexión entre lo público y lo privado, que esos casos demuestran de manera ostensible. Cuando las feministas hablan de la no oposición entre lo público y lo privado, de la no separación entre esos mundos, se refieren también a las implicaciones desiguales que esto representa para las mujeres. Ellas están subrepresentadas políticamente, no obtienen suficientes trabajos y su sueldo es más bajo, lo que demuestra la importancia de esa interconexión. No existe vida político-pública sin base privada. Lo máximo que nosotros podemos hacer es vivir en la vida pública como si no existiera la vida íntima, suspenderla parcialmente, aunque en realidad no se pueda hacer tal separación”.
Ante esta imposibilidad, Szwako señala la necesidad de ahondar en el debate respecto a cómo politizar los contenidos de la vida privada, sin que esto constituya un uso político antidemocrático de la intimidad, como en los casos de Bolaños y Lugo: “es importante ver cuáles contenidos y cuáles cosas deben ser tomadas en serio para que sean públicas. No cualquier relación tiene que ser politizada o publicitada. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar sobre lo público y lo privado, pero no estamos tomando eso en serio. Este debate involucra nociones de ciudadanía, responsabilidad, autonomía, cosas mucho más amplias y vinculantes de cómo deben ser las relaciones, que están en juego en esa interdependencia entre lo público y lo privado”, concluye.