La Secretaría de Salud fue ayer el centro de la críticas por el lanzamiento de la Línea Técnica de Atención a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que atenderá los casos cubiertos que establece la sentencia C-355 de la Corte Constitucional: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento o abusivo.