Tras 90 años de despenalización del aborto terapéutico en el Perú, el Ministerio de Salud de ese país promulgó una guía técnica que regula la interrupción del embarazo cuando éste pone en riesgo la vida de la mujer y es realizado antes de la semana 22 de gestación. La norma fue publicada en vísperas de la evaluación de ese país en el marco de la 58ª sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Comité CEDAW), celebrada el 1 de julio. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y asociaciones médicas celebraron la medida e instaron al gobierno a garantizar su adecuada implementación y difusión.
En el anuncio de la norma, la ministra de salud, Midori de Habich, explicó que “la guía se utilizará ante una situación en la que hay riesgo de muerte de los dos (madre e hijo) y se privilegia, de acuerdo a nuestra legislación fijada en el Código Penal, salvar la vida de la gestante”. Para tal fin, los médicos deberán informar a la mujer sobre los riesgos y pronóstico del embarazo. Ella o su representante legal deberán hacer la solicitud a la entidad de salud tratante, que dictaminará, a través de junta médica, si la intervención es procedente o no.
El Centro de Promoción y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos – PROMSEX elogió la medida y señaló que con ella el Estado peruano daba “un paso importante para saldar una deuda histórica con las mujeres y niñas peruanas, sentando las bases para garantizar el acceso a un servicio esencial de salud, legal desde hace 90 años en el país”. No obstante, aclaró que su éxito dependerá de la aplicación correcta y práctica del protocolo “a fin de proteger la vida y la salud física, mental y social de las mujeres y niñas en el Perú”.
Días antes, PROMSEX junto a más de 100 organizaciones nacionales e internacionales (entre ellas Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Comité Latinoamericano por los Derechos de las Mujeres – CLADEM, Human Rights Watch, IPAS América Latina y Women’s Link Worldwide) había suscrito una declaración exhortando al gobierno para que publicara una guía nacional de aborto terapéutico, que se ajustara a los estándares de la Organización Mundial de la Salud y a las obligaciones del Estado peruano en materia de derechos humanos. En el documento, las organizaciones firmantes señalaban el momento decisivo que vive el país para garantizar de una vez por todas la dignidad, la salud y la vida de las mujeres peruanas.
Asociaciones de salud nacionales e internacionales como la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y la Asociación Internacional de Salud Mental saludaron el anuncio del gobierno y señalaron que la guía técnica constituirá “un marco técnico-administrativo que facilitará que todos las y los médicos puedan ejercer su labor siguiendo pautas estandarizadas en aquellos casos en que el aborto terapéutico sea requerido, previo consentimiento informado de la paciente, en un marco de estricto apego a los derechos humanos y a las normas legales vigentes en el país”, informó el sitio web de PROMSEX.
En Perú, las complicaciones por abortos inducidos en condiciones de clandestinidad constituyen la tercera causa de mortalidad materna. Según datos del Ministerio de Salud, anualmente se registran entre 15 y 20 casos en los que el embarazo amenaza la vida de la gestante. Pese a ello, la falta de regulación en la materia ha impedido que las mujeres ejerzan este derecho.
En los últimos años, casos como el de L.C. (niña de 11 años que intentó suicidarse luego de haber sido violada y a quien los médicos tratantes le negaron la atención requerida porque podía poner fin a su embarazo) y K.L. (adolescente que fue obligada a llevar a término un embarazo de feto anencefálico) suscitaron un intenso debate en el país. El Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité CEDAW condenaron al Estado por violar los derechos de las menores y lo exhortaron a implementar medidas individuales de reparación.
En la evaluación de este año, el Comité CEDAW felicitó al Estado por la promulgación de la guía técnica de aborto terapéutico, pero manifestó su preocupación respecto a que las medidas de reparación de L.C. y K.L. aún no hubiesen sido efectuadas. También le pidió al Estado hacer una implementación amplia de la norma que incluyera no sólo la salud física de las mujeres, sino también la emocional.
Como era de esperarse, la Iglesia católica reaccionó ante el anuncio del gobierno. El Arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, cuestionó que el presidente Ollanta Humala hubiese roto la promesa que él y su esposa le hicieron de no aprobar la guía y acusó del viraje en la postura del gobierno a “la presión internacional de instituciones que están imponiéndoles esta guía de manera imperialista”. Por su parte, la Conferencia Episcopal del Perú desestimó la necesidad de la medida, señalando que “existen hoy múltiples recursos disponibles, gracias a la tecnología médica, que pueden salvar ambas vidas [la del mujer y la del feto]”.
La medida también fue criticada por parte de profesionales de la Federación Médica Peruana y del Colegio Médico del Perú, que llevan más de dos meses de huelga a la espera de un ajuste salarial, entre otras demandas. El Presidente del Colegio Médico del Perú, César Palomino, cuestionó que la guía, a la que calificó de incompleta e inconstitucional, no hubiera sido consultada con su organización. Asimismo, señaló que la norma es “una cortina de humo” para tapar denuncias de corrupción contra el Ministerio de Salud que actualmente son investigadas en el Congreso de la República.
Resta esperar si la implementación de la guía será efectiva o si las mujeres peruanas enfrentarán obstáculos como los que han sido denunciados en otros países de la región, donde la objeción de conciencia y la exigencia de trámites no previstos por la ley han sido empleados por agentes conservadores para limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.