La emergencia de "nuevos" sujetos políticos –mujeres, negros, indígenas, LGBT, refugiados, víctimas de violencia sociopolítica, entre otros– portando demandas por la garantía de sus derechos ha tenido importantes consecuencias sobre los modos como las sociedades nacionales se conciben a sí mismas y el lugar y significado de democracia. Se ha cuestionado, por un lado, la idea de una identidad cultural homogénea erigida como emblema del estado nación moderno. Por otro, en el plano normativo, se intenta revertir los mecanismos de subordinación y exclusión de sujetos considerados ‘minoritarios’ o diferentes, replanteando así un concepto de ciudadanía originalmente cimentado en la idea de un sujeto portador de un determinado patrimonio material y espiritual, íntimamente ligado a atributos de género, sexualidad, origen, etnicidad y corporalidad.
Con base en definiciones de ciudadanía nominalmente inclusivas, los estados son exhortados a implementar políticas orientadas a subsanar el déficit de derechos que afecta a sujetos "vulnerables", así como a poner en marcha medidas para acabar con la discriminación y la violencia de la cual los mismos son objeto. Son complejos, sin embargo, y frecuentemente contradictorios, los modos como esa "corrección" ocurre. En Colombia, la iniciativa del Ministerio del Interior de incluir a la población intersexual en la política pública nacional LGBT plantea interrogantes en torno a los efectos de un reconocimiento –según consideran actores locales– que ha sido formulado unilateralmente, ‘desde arriba’ y desconoce los modos en que las personas intersexuales se reconocen a sí mismas.
En 2012, en el marco de una convocatoria de la Secretaría Distrital de Planeación (entidad encargada de coordinar la formulación y seguimiento de las políticas públicas de Bogotá, entre ellas la LGBT), la Escuela de Estudios de Género (EEG) de la Universidad Nacional de Colombia llevó a cabo un diagnóstico sobre la situación de personas intersexuales en Bogotá. El encargo respondía a la necesidad de formular políticas orientadas a garantizar los derechos de dicha población y a llenar vacíos de información institucional sobre el tema.
El diagnóstico, coordinado por Nancy Prada, investigadora de la EEG, identificó serias vulneraciones de derechos a personas intersexuales, entre los que destacan la no prestación oportuna de asistencia médica; la falta de una ruta clara para el manejo de casos en el sistema de salud; la ‘normalización’ de los cuerpos de las personas intersexuales sin su consentimiento mediante procedimientos quirúrgicos mutilantes; y la asignación del sexo “a simple vista” por parte de profesionales de la salud sin realizar otros exámenes necesarios, entre otros.
Si bien buena parte de las problemáticas identificadas se relacionan con el ámbito de la salud, el estudio aclara que la construcción de la intersexualidad como un conjunto de ‘trastornos del desarrollo sexual’ por parte del discurso médico se extiende a otras esferas como la jurídica, tornando esos cuerpos“socialmente inmencionables e indeseables”.
En Colombia, como en muchos países, la asignación del sexo debe ser llevada a cabo al nacer y consignada en el registro civil, documento imprescindible para adquirir existencia jurídica. Asimismo, el país no cuenta con leyes que permitan modificar el sexo registrado, por lo que “la inconsistencia entre nombre y/o sexo registrado y la identidad de género, produce dificultades asociadas a otros trámites en los que se requiere el registro civil, como el matrimonio y la adopción”. En el último caso, señala el documento, la indiferenciación sexual, así como el hecho de que la persona intersexual se haya sometido a tratamientos psicológicos puede suscitar dudas sobre su idoneidad para adoptar. Por otro lado, dicha ‘inconsistencia’ conlleva frecuentes vulneraciones al derecho al trabajo, así como a la educación. En los colegios los funcionarios no cuentan con capacitación para el manejo de estos casos y suelen forzar a los menores a adoptar uno u otro género convencional.
Pese a que en el país existe jurisprudencia –como la Sentencia T-1025 de 2002 mediante la cual la Corte Constitucional prohibió la realización de procedimientos de “asignación de sexo en menores de edad” sin su consentimiento –, los avances en la práctica son escasos. Las normas colombianas, aparte de sostener el reconocimiento de apenas dos opciones dicotómicas con relación a la atribución del sexo, dirime la responsabilidad jurídica sobre“lo que pueda pasar con el cuerpo de los/as menores, otorgando poco peso a su autonomía, y acepta la disciplina médica como aquella que debe determinar los criterios de ‘normalidad’ de los cuerpos”,reza el diagnóstico.
A esto se suma que las pocas políticas públicas que hacen referencia a las personas intersexuales las subsumen en otros grupos poblacionales. Así, en Bogotá la atención a este grupo está enmarcada en la política de ‘discapacidad’, y a nivel nacional la única política (en proceso de construcción) que alude al tema incluye a intersexuales en el sector de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Fue el Ministerio del Interior quien incorporó recientemente la letra “I” a sigla LGBT en sus documentos oficiales.
Leidy Tatiana Márquez, presidenta de la fundación Intersexuales Colombia y representante en el país de la Organización Intersexual Internacional, relata que en 2010 personas intersexuales se reunieron con funcionarios del Ministerio del Interior para abordar cuestiones relacionadas con las necesidades de esa población. Posteriormente, pese a que en dicha conversación ellas habían manifestado que las necesidades de la población intersexual requerían un marco diferente, el Ministerio llevó a cabo una convocatoria con el fin de elaborar la política pública nacional LGBTI.“Con esa política están englobando nuestros derechos y garantías en una comunidad con la que tenemos que ver de forma mínima. Ahora estamos viendo cómo nos podemos independizar. No se trata de que discriminemos a los grupos LGBT –explica–, sino de aclarar los términos en que somos diversos y que la diversidad intersexual incide muy poco dentro de la comunidad LGBT. Las políticas sobre ambos grupos pueden tener aspectos comunes, pero la vulneración de derechos a las personas LGBT tiene que ver con homofobia, lesbofobia y transfobia;[mientras que las y los intersexuales quieren]trabajar con el gobierno para lograr una política pública independiente, donde las personas intersexuales seamos capaces de tomar determinaciones sobre los atropellos médicos y buscar soluciones”, afirma.
Al respecto parece existir tanto en Colombia como en otros países una dificultad para pensar la intersexualidad por fuera de estos ámbitos y de forma independiente. Pese a que activistas de la región han señalado que las problemáticas de esta población no se limitan a cuestiones relacionadas con la identidad de género, sino que envuelven otras dimensiones, su asociación, si no asimilación, en la categoría ‘trans’ es común. En este sentido y siguiendo las propuestas del investigador y activista argentino Mauro Cabral, el diagnóstico elaborado por la Escuela de Estudios de Género plantea entender la intersexualidad en términos de diversidad corporal. No obstante, como señala Prada, esto no resuelve del todo las tensiones sobre el tema en el contexto colombiano.
“En lo LGBT ya se mueven cuestiones heterogéneas, orientaciones sexuales diversas e identidades de género, y sumarle lo intersexual acentúa su complejidad. Yo estoy de acuerdo con los planteamientos de Mauro Cabral sobre la intersexualidad y la diversidad corporal. Sin embargo, sostener esta tesis en nuestro estudio ha suscitado muchas críticas. Yo creo que algunas son acertadas, como las que señalan que si bien la diversidad de las personas intersexuales es diferente, ¿por qué no sumar lo intersexual a lo LGBT si hay grupos que pueden compartir algunas problemáticas? Por otro lado, es importante reconocer que lo intersexual en el país ha sido un tema huérfano, y sacarlo de lo LGBT implicaría dejarlo huérfano nuevamente. Analíticamente yo creo que lo intersexual tiene que ver con diversidad de cuerpos, pero en el contexto colombiano esto también plantea problemas prácticos”, explica la investigadora.
La ‘orfandad’ a la que se refiere Prada tiene que ver con el carácter incipiente del activismo intersexual en el país. El reconocimiento de los grupos excluidos por parte del Estado y la sociedad suele ser resultado de procesos organizativos y de estrategias de incidencia de quienes han visto vulnerados sus derechos. Este no ha sido el caso en Colombia con las personas intersexuales, afirma Prada. De acuerdo con la investigación de la EEG, la politización de la identidad intersex en Bogotá y en Colombia es débil si se compara con otros sectores sociales. Al respecto la coordinadora del estudio señala:“mi percepción y la del equipo que realizó la investigación es que, a diferencia de la articulación LGBT, que responde a intereses estratégicos para hacer incidencia y reclamos de derechos, con lo intersexual en Colombia pasa lo opuesto: se define desde arriba hacia abajo, desde instancias del gobierno (Ministerio del Interior) y no como el producto de un reclamo o de una movilización. Al indagar cómo fue la inclusión de lo intersexual en la sigla LGBT, se observan directrices de gobierno, pero no un movilización intersexual reclamándolo”.
En ese sentido, resulta enigmática la decisión del Estado colombiano de considerar a las personas intersexuales en una política pública. Si bien puede ser celebrada al dar cuenta de cambios hacia la consolidación de un Estado más incluyente, como señalan los investigadores Nancy Postero y Leon Zamosc en alusión a los movimientos indígenas de la región, no siempre la entrada de los derechos de una población excluida en la agenda pública forma parte de un proyecto emancipatorio o de empoderamiento. Es necesario observar el papel desempeñado por los movimientos sociales en la visibilidad que cada tema adquiere y con relación al rumbo que toman las acciones gubernamentales al respecto.
Ante el relativo consenso internacional respecto a la urgencia de que los Estados reconozcan a sus ‘minorías’, aunque en este campo ningún proyecto responde exclusivamente a un interés u otro sino a constantes negociaciones, existen iniciativas formuladas por agentes más interesados en consolidar proyectos hegemónicos que en transformar los mecanismos de exclusión. Las retóricas multiculturalistas pintan de modernidad un proyecto político, permitiendo la adhesión de distintos sectores sociales. En ese sentido, Prada señala que la inclusión de la población intersexual en la política nacional LGBT puede tener que ver con la adaptación a “estándares políticamente correctos” de reconocimiento, según una tendencia internacional.
Por su parte, Márquez también ve en ello la adopción de políticas formuladas en otros países, que no responden necesariamente a las necesidades del contexto local. “El trasfondo de esto es la globalización de políticas formuladas en Europa y Estados Unidos por organizaciones intersexuales que trabajan con organizaciones LGBT. Nosotros no compartimos necesariamente los mismos principios que tiene la población intersexual en otros países, ya que somos latinoamericanos, ni el tipo de diversidad que nos pretenden infundir. Nos han dicho que los intersexuales tenemos que pertenecer a la comunidad LGBT porque somos una minoría sexual vulnerada y muchas personas intersexuales lo ven como una alternativa para la garantía de sus derechos, así como un medio para no ser percibidos como bichos raros y encontrar gente similar. Sin embargo, muchas personas buscan intersexuales en los grupos LGBT y no los encuentran, porque aún existe ignorancia de ambos lados. Los LGBT no nos conocen y los intersexuales no los conocemos a ellos. Pese a ello, seguimos incluidos en un colectivo nacional en el marco de una política pública. Yo creo que la separación de ambos grupos es lo más pertinente, con el fin de que podamos tomar decisiones propias. Esto no significa que no podamos trabajar de forma conjunta algunos temas”, señala la activista.
Prada y el equipo investigador de la EEG consideran que la escasez de experiencias organizativas en torno a la intersexualidad en el país responde a los modos como las personas intersexuales han sido representadas, la poca circulación de información sobre el tema y el impacto de los discursos biomédicos en la construcción de la intersexualidad. Sobre el primer punto, cabe señalar que son pocas las personas intersexuales en el país que deciden visibilizarse, debido al estigma que pesa sobre ellas. Prada señala que además del lugar de anormalidad en el que ha sido configurada por el discurso médico, la intersexualidad aún conserva una asociación con lo monstruoso. “No se trata sólo de que los intersexuales sean sujetos ‘distintos’, porque al respecto hemos elaborado unos discursos mínimos que nos permiten trabajar y defender lo diferente. Creo que el hecho de que las personas no se asuman como intersexuales y se movilicen a partir de allí tiene que ver con el estigma que asocia lo intersexual con lo monstruoso. La intersexualidad tiene un origen médico, pero también tiene antecedentes en el hermafroditismo, que le dificulta a las personas posicionarse desde allí”.
Por su parte, al interpelar a las personas intersexuales como sujetos patologizados, el discurso médico plantea la intersexualidad como una cuestión individual, que dificulta una movilización colectiva, señala el estudio –algo que ha comenzado a desanudarse en otros países o a través de fronteras nacionales, pero que por ello depende de la disponibilidad de recursos que habiliten tal movilización. Este aspecto es de especial relevancia si se tiene en cuenta que los saberes biomédicos ostentan la verdad más autorizada sobre las personas intersexuales. Pese a que algunas personas intersexuales buscan situarse en lugares no marcados por la biología y la medicina, es en los discursos de dichas disciplinas donde no sólo la sociedad o el Estado, sino la mayoría de ellas se reconoce a sí mismas como sujetos intersexuales. Al respecto, Prada comenta que en las entrevistas con personas intersexuales se observó que muchas de ellas seguían “a pie juntillas” el discurso médico y hablaban sobre sí mismas empleando un lenguaje correspondiente.
Los saberes biomédicos, explica la investigadora, emergen incluso en la comprensión de las propias subjetividades, lo que en su opinión es comprensible en la medida en que no circulan otros discursos sobre el tema en el contexto nacional. No obstante, señala, dicha situación resulta preocupante porque en este caso“la idea de que ‘yo soy lo que es mi carne’ está ligada a la concepción de un ‘orden natural’ según el cual se debe ordenar lo que biológicamente está desordenado”. Para la investigadora, los lenguajes médico y biológico limitan y determinan la comprensión que las personas intersexuales tienen de sí mismas, por lo que es necesaria la puesta en circulación de otro tipo de representaciones.“Yo creo que la intersexualidad constituye un caso emblemático de los efectos de este tipo de discurso”, puntualiza.
Márquez afirma que la poca información que circula sobre intersexualidad en el contexto colombiano hace que incluso en el ámbito del activismo LGBT muchas personas desconozcan el término: “Yo les decía ‘intersexuales, como los hermafroditas’ y me decían, ‘¡ah!, ¿como los caballitos de mar?”, relata la activista. Prada comenta que cuando se hizo la convocatoria para la investigación hubo varias confusiones con el uso del término y que incluso acudieron personas convencionalmente reconocidas como bisexuales.“Hace falta información que permita el reconocimiento de qué es lo intersexual. En Colombia, las personas intersexuales no tienen un espejo en el cual reconocerse. Si uno no sabe de qué se trata, si no hay una apropiación del concepto, es muy difícil movilizarse en torno al mismo”, explica.