La Ley de Unión Civil, aprobada por el Congreso chileno a principios de este año, representa un avance significativo en el reconocimiento de derechos a parejas homosexuales y a las heterosexuales que optaron por no unirse en matrimonio. Después de cuatro años de trámite de la iniciativa legislativa, y más de diez de luchas sociales en este frente, toda pareja que acuda a oficinas del Registro Civil podrá obtener el reconocimiento de su unión y ser amparada por el derecho de familia. Los “convivientes civiles” podrán registrar a su pareja en el sistema de salud, hacerse cargo de sus hijos en caso de fallecimiento y acceder a los mismos derechos patrimoniales. Por su parte, las parejas del mismo sexo que hayan celebrado matrimonios en otros países serán cobijadas por la nueva ley.
Para Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual – Movilh, y Luis Larraín, presidente de laFundación Iguales, el Acuerdo de Unión Civil (AUC) marca un hito en tanto el Estado chileno reconoce por primera vez la existencia de familias homoparentales y su deber de protegerlas. Jiménez destaca el carácter progresista de la ley si se la compara con las de otras latitudes. “En general las leyes de unión civil se limitan a regular aspectos patrimoniales, pero ésta regula aspectos de familia, previsión, salud y herencia, entre otros. Es una ley muy integral”, afirma.
La nueva ley busca también saldar una deuda de derechos con las parejas heterosexuales. Antes de la aprobación de la ley, en Chile sólo existían cuatro estados civiles (soltero, casado, viudo y divorciado) y todos se encontraban referidos a la institución del matrimonio. Con la creación del nuevo estado civil, las parejas heterosexuales convivientes que no han celebrado un matrimonio civil pueden acceder a derechos que antes les habían sido negados. Sobre este punto, el presidente del Movilh señala que legislar sobre ambos tipos de pareja fue un tema que se planteó desde el principio y que ante el intento del gobierno de Sebastián Piñera de circunscribirla sólo a las homosexuales, las organizaciones que impulsaron la medida manifestaron su rechazo rotundo.“Nosotros no íbamos a aceptar legislaciones especiales para gays y lesbianas. Queríamos los mismos derechos y deberes para todos. Esta fue una cuestión central en nuestras demandas. Desde el principio teníamos la convicción de que la ley de Unión Civil debía beneficiar a alrededor de dos millones de chilenos, la mayoría de ellos parejas heterosexuales que, pudiendo hacerlo, no habían acudido a la figura del matrimonio civil. Ellos también tienen el derecho a que sus uniones sean reguladas y reconocidas por el Estado”,afirma.
Durante la votación parlamentaria, la ley obtuvo el apoyo de una amplia mayoría en ambas cámaras: en el Senado recibió 25 votos a favor frente a 6 en contra y 3 abstenciones, y en Diputados fue aprobada por 78 votos contra 9 y 4 abstenciones. Esto resulta significativo si se tiene en cuenta que en legislaturas anteriores el Congreso chileno se había mostrado inclusive renuente a tocar el tema. Para Larraín, este es el resultado de una “batalla cultural” que venían dando distintos sectores sociales frente a la ciudadanía y la clase política del país, respecto al reconocimiento de los tipos de familia diferentes al modelo del matrimonio heterosexual. En su opinión, esto permitió desvirtuar argumentos sostenidos por grupos conservadores sobre el supuesto carácter superfluo del Acuerdo de Unión Civil, en tanto la legislación chilena ya contaría con herramientas para resolver los problemas suscitados por la convivencia de dos personas sin importar su sexo. “Esto quedó descartado cuando los parlamentarios se dieron cuenta, en primer lugar, que dichas leyes beneficiaban únicamente a la élite y a quienes tenía acceso a un abogado, y segundo, que hay problemas que van más allá de lo patrimonial y que involucran la dignidad humana, como la posibilidad de tomar decisiones por la pareja en caso de enfermedad, disposiciones frente a su muerte, así como temas de salud y previsión”, afirma.
Los más de 11 años de discusión en torno a este y otros derechos han dejado su huella en la sociedad chilena y en su clase política. Es por ello que Jiménez asevera que en la ley de Unión Civil, la ley antidiscriminación y todas aquellas que garantizan la igualdad ante la ley el proceso ha sido tan importante como el resultado: “el debate que se produce a partir de un proyecto como este permite hacer pedagogía y cuestionar prejuicios. En este proceso es necesario construir y ampliar los argumentos en defensa de los derechos, lo que también favorece el cambio cultural. Las encuestas de los últimos 7 años han mostrado un apoyo creciente a las uniones civiles, así como al matrimonio y la adopción. Actualmente, el apoyo al matrimonio igualitario oscila entre el 55% y el 60% según la encuesta. Algunas incluso señalan que aproximadamente 50% de los chilenos y chilenas están de acuerdo con la adopción [por parte de parejas homosexuales]. Eso es reflejo de un proceso pedagógico producto de la discusión política y la movilización en estos años”.
Para Luis Larraín, presidente de Iguales, el respaldo decisivo de los congresistas también obedece a que en los últimos años el debate sobre derechos y diversidad sexual ha permeado sectores más amplios de la sociedad, inclusive la de la derecha chilena:“Creo que ha habido una evolución importante. Si el proyecto se hubiera votado hace tres o cuatro años, de aprobarse no habría sido más que con el 50% o 55% de los votos. Pero ahora se han transversalizado las demandas de la diversidad sexual”.Para Larraín, era necesario transformar esas demandas“en una discusión nacional que involucrara a otros sectores”, considerar que “la diversidad sexual es tremendamente heterogénea: hay lesbianas, gays, bisexuales, trans en todos los sectores de la sociedad, en todas las ciudades, en el ámbito rural y urbano, en familias de izquierda y de derecha, conservadoras, liberales, en grupos socioeconómicos altos y bajos. Creo que esa transversalidad ha hecho que hoy en día sea una discusión nacional, que se da incluso en los partidos más conservadores y en las iglesias”, explica.
Aunque representa un avance importante, el AUC no es equiparable al matrimonio en lo referente a derechos reconocidos. Uno de los aspectos no contemplados por la ley es la adopción. Sin embargo, para Rolando Jiménez la ley no dejó temas pendientes ya que desde el principio, y por motivos estratégicos, no se planteó igualar ambas figuras. En su lugar, el AUC podría verse como un frente más en la lucha por la igualdad de derechos: “Las legislaciones de uniones civiles en Europa, América y otros continentes no han innovado en temas de adopción. Nosotros asumimos este criterio para Chile, el cual se justifica además por la realidad misma del país: si hubiéramos incluido la adopción en el proyecto, no tendríamos ley. Nosotros acordamos trabajar por una ley de unión civil y por otra de matrimonio igualitario. De hecho, el proceso de discusión de la ley de unión civil durante estos años ha contribuido a reconocer la necesidad del matrimonio igualitario y de las familias homoparentales”, puntualiza.
El Congreso chileno tiene en su agenda reformar la ley de adopción, lo que para Jiménez representa la oportunidad de incluir a las parejas cobijadas por el AUC. De ser así, el matrimonio igualitario estaría todavía más cerca, puesto que uno de los temas que genera mayor controversia respecto a esta figura tiene que ver con el reconocimiento legal de una situación cada vez más frecuente: la crianza y la paternidad/maternidad compartida en familias homoparentales. “En el debate sobre adopción seguiremos cuestionando los prejuicios respecto a las parejas del mismo sexo. De hecho, es probable que antes de que haya matrimonio igualitario tengamos adopción. Si el Congreso no lo hace o si extiende la adopción sólo a las parejas heterosexuales que hayan suscrito la Unión Civil apelaremos a la idea de que hay un trato discriminatorio hacia las parejas del mismo sexo”, afirma.
Por otro lado, uno de los aspectos que espera resolverse en los próximos meses es la aplicación parcial de la Unión Civil a las parejas adscritas a los sistemas de previsión y salud de las Fuerzas Armadas, quienes por el momento no gozan de los mismos beneficios, como heredar la pensión a su pareja. Al respecto, el presidente de Iguales explica que “por ser ese un sistema especial, el gobierno consideró que era necesario estudiar el impacto fiscal que podría tener. Este tema quedó pendiente para ser incluido en la modificación del sistema de pensiones que prepara el gobierno”.
Con la promulgación del Acuerdo de Unión Civil, el horizonte de reivindicaciones en Chile se focalizará en el reconocimiento de otros derechos, así como en la materialización efectiva de algunos que se suman a la lista de pendientes del Estado. Aparte del matrimonio igualitario y la adopción homoparental, Larraín destaca el trámite de un proyecto de ley de identidad de género, presentado en 2013. Frente a este, el gobierno de Bachelet se pronunció anunciando su compromiso de darle prioridad este año. La modificación de la ley antidiscriminación, promulgada en 2012 luego de reposar durante más de 8 años en el Congreso y en el marco de un intenso debate a raíz del asesinato del joven chileno Daniel Zamudio, también se encuentra en la agenda del Ejecutivo. La ineficacia de dicho instrumento hace necesaria su revisión con el objetivo de incorporar mecanismos que permitan el combate efectivo a la discriminación, más allá de una perspectiva punitiva. Por último, el presidente de Iguales señala la urgencia de hacer efectiva las medidas previstas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su condena al Estado chileno por violar el derecho a la igualdad y no discriminación de la jueza Karen Atala, a quien le fue retirada la custodia de sus hijas con base en su orientación sexual. La Corte obligó al Estado a capacitar a funcionarios públicos y judiciales en temas de no discriminación y diversidad sexual. Sin embargo, tras más de dos años de haberse proferido el fallo, los avances son escasos.