El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (parlamento local, con mayoría de izquierdas) aprobó la despenalización del aborto practicado durante las primeras 12 semanas de embarazo.
La decisión fue celebrada por grupos a favor de los derechos sexuales y reproductivos y apoyada por poco más de la mitad de la población de la ciudad de México, según varias encuestas. Desde el 26 de abril de ese año, los hospitales públicos de la ciudad comenzaron a realizar interrupciones del embarazo. El 30 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un juicio de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en la ciudad de México. El recurso fue presentado por la Procuraduría General de la República (dependiente del gobierno federal, encabezado por el Partido Acción Nacional, de derecha) y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (a iniciativa de su presidente y sin el respaldo de su Consejo Consultivo).
La Corte ha planteado que la discusión sobre la constitucionalidad del libre aborto es una de las prioridades para 2008. En ese marco, organizaciones a favor y en contra de la nueva ley trabajan para hacer visibles sus respectivos puntos de vista.
Como parte de la discusión pública sobre el tema, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades y organizaciones llevaron a cabo en enero de 2008, el seminario multidisciplinario “Aborto: un debate abierto”, en el que participaron filósofos, juristas, sociólogos, médicos, científicos y activistas. La ponencia “Razones éticas y ontológicas contra la penalización del aborto”, fue presentada por la Doctora en Filosofía Juliana González Valenzuela, miembro del Instituto Internacional de Filosofía, profesora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México y parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El texto que ponemos a disposición de las y los lectores del CLAM es un extracto de la ponencia publicado en el suplemento “Letra S” del diario mexicano “La Jornada”.