Sin mediar discusión pública alguna a la carrera se aprobó la reforma al artículo 24 constitucional el pasado mes de diciembre para plasmar en nuestra carta magna la ‘libertad religiosa’, deseo hondamente acariciado por el episcopado mexicano. Los promotores de la reforma arguyen que dicho cambio obedece a la necesidad de empatar la Constitución con los pactos internacionales firmados por nuestro país sobre el tema. Sin embargo, especialistas en el tema, legisladores que se oponen a la reforma y activistas defensores del Estado laico advierten que dicho concepto es la rendija por la que la jerarquía católica intentará obtener mayores privilegios y espacios en la vida pública.