Entre 120 mil y 160 mil mujeres abortan cada año en Chile, con procedimientos clandestinos y a menudo insalubres que las colocan en riesgo de morir o sufrir graves secuelas médicas y psicosociales. Muchas son internadas de urgencia en hospitales donde son maltratadas y, en ocasiones, denunciadas por el mismo personal de salud que falta a su deber ético y a su función pública de acogerlas y respetar la confidencialidad de su caso. En su mayoría son mujeres pobres y adolescentes a quienes el estatus de ilegalidad absoluta del aborto las afecta con mayor dureza que a mujeres de mayores ingresos.
Al mantener la legislación punitiva, el Estado chileno transgrede gravemente su obligación de garantizar y proteger la vida y salud de las mujeres, imponiéndoles una maternidad que no desean o no pueden sostener. Esto afecta su derecho a la vida, la salud, la libertad, la autodeterminación, la privacidad, a no ser sometidas a injerencias arbitrarias y a verse libres de torturas y malos tratos, entre otros. Estos derechos han sido consagrados en el sistema internacional de derechos humanos a través de tratados ratificados por Chile, pero que incumple en la práctica.
El aborto inducido en Chile, como problema de salud pública, como demanda de derechos humanos y de justicia social, se inscribe en las luchas históricas de las mujeres por el reconocimiento de su ciudadanía plena que se expresa, en primer lugar, en la autonomía de sus cuerpos. Por lo tanto, la defensa de la libertad sexual y reproductiva y del control del propio cuerpo constituye un principio ético político no negociable. Por lo tanto:
Denunciamos el fracaso de la legislación punitiva del aborto que solo ha contribuido a poner en peligro a las mujeres pobres quienes continuarán interrumpiendo sus embarazos, con riesgo de sus vidas, en el mercado clandestino del aborto.
Rechazamos la doble moral de una institucionalidad que ensalza la maternidad pero no la reconoce como función social compartida, negándose a avanzar a los cambios culturales necesarios para el ejercicio de una sexualidad y reproducción sanas, protegidas y gozosas.
Condenamos toda injerencia indebida sea que provenga de sectores religiosos y/o políticos con la intención de arrogarse la tutela moral de la sociedad entera, en especial en temas relativos al cuerpo y a la intimidad de las personas.
Exigimos avanzar a la equidad en salud, garantizando servicios públicos de calidad y con una atención confidencial y respetuosa, en especial para mujeres pobres, rurales, indígenas, lesbianas, adolescentes, con amplia provisión de métodos anticonceptivos seguros y asequibles, prevención de infecciones de transmisión sexual, fomento de responsabilidad compartida de hombres y mujeres en estos ámbitos, así como también proveer una educación sexual integral y laica, entre otros.
Apoyamos las luchas libertarias y transgresoras de las mujeres en Chile y el mundo que buscan reafirmar los derechos sexuales y reproductivos y el reconocimiento de la competencia ética de las mujeres para decidir lo que corresponde sobre sus cuerpos, su sexualidad y reproducción, como por ejemplo, poniendo a su alcance la información más confiable sobre aborto seguro, desarrollando campañas públicas e incluso ofreciendo servicios solidarios de aborto en contextos punitivos.
Exigimos a los poderes públicos, a los tomadores de decisión, a las y los candidatos a cargos de representación popular, a reconocer a las mujeres como sujetas de derechos en todos los ámbitos de su vida, incluso y muy especialmente, en el ámbito de sus cuerpos. Una democracia no es tal si no permite que decidan, en libertad y autonomía, sobre sí mismas. Desde esta perspectiva, la interrupción segura y voluntaria del embarazo es un asunto de democracia.