En los últimos meses, activistas de organizaciones no gubernamentales de Nicaragua han denunciado persecución y amenazas del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos, nueve defensoras de los derechos de las mujeres, acusadas penalmente de complicidad en el aborto de «Rosita», una niña de nueve años violada y embarazada por su padrastro en 2003.
Esa acusación no tiene sustento, porque entonces era legal la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, dijo Montenegro, coordinadora política del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua.
Las organizaciones de mujeres intentan que se derogue la ley que, en octubre de 2006, ilegalizó el aborto terapéutico, agregó Montenegro, ex militante del FSLN e impulsora del movimiento feminista en su país.
Antes de esa ley, el Código Penal permitía la interrupción asistida de la gestación cuando la madre corría riesgos de salud o daños psicológicos por haberse embarazado al ser violada, certificados por al menos tres médicos