El Gobierno del Distrito Federal se adhirió a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (CIDJ), a pesar de que México no ha ratificado este instrumento jurídico internacional que obliga a los estados de la región a impartir educación sexual en todos los niveles de enseñanza y permitir la objeción de conciencia en el caso del servicio militar obligatorio, entre otras disposiciones.