Siete meses después de que se despenalizó parcialmente el aborto en el país, las partes coinciden es que se percibe una «inseguridad jurídica». La Mesa por la Vida y la Salud de la Mujer, que promovió la demanda, advierte que tanto hospitales como médicos se están negando a hacer la práctica, por lo que hasta el momento la herramienta más efectiva ha sido la tutela.
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