La Defensoría General porteña dispuso que en todas las actuaciones judiciales en las que estén involucradas personas trans se las llame por su nombre de elección y no por el que figura en sus DNI. También requirió a las autoridades de las policías Metropolitana y Federal y del Ministerio Público Fiscal, que sus agentes tengan los mismos recaudos, en cumplimiento de la Ley 3062 votada por la Legislatura porteña y que todavía no se cumple, según puso en evidencia un relevamiento de la Oficina de Atención a las Personas Privadas de Libertad de la Defensoría.