La semana pasada se votó integralmente en el Senado de Uruguay el proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva. Este contemplaba, en una de sus secciones, la despenalización del aborto. La votación terminó en empate, con un texto que excluye la sección relativa al aborto. Aún será necesario esperar la discusión del articulado en particular para saber cuál es el texto que finalmente pasará a la Cámara de Diputados, donde cabe la posibilidad de reintroducir el tema a la hora de la discusión del proyecto.
En Uruguay el aborto no está permitido en ningún caso. La posibilidad de realizarlo queda supeditada a la decisión judicial, que puede autorizarlo en base a tres atenuantes: delitos de honor, penuria económica extrema y riesgo de la vida de la madre. En junio, una movilización de repudio al procesamiento de una mujer por delito de aborto obligó a reabrir la discusión de la despenalización del aborto, que estaba en suspenso desde 2005.
El tono del debate refleja la posición en la que se coloca el debate. De un modo similar a lo que sucedió en ciudad de México cuando fue aprobada la despenalización del aborto, la discusión está centrada en la defensa del Estado laico, al considerar el aborto como un asunto de derecho, principalmente, y de salud pública y no de moral religiosa.
Para Mónica Xavier, senadora del Frente Amplio, partido oficialista, el empate tiene dos implicancias políticas. Por un lado no responde a ninguna bancada; es decir que no hubo un mandato obligatorio de los partidos para la votación. “Este tema atraviesa la sociedad y crea posicionamientos individuales más que legislativos, por eso aparece la objeción de conciencia”, expresó. Por el otro, tampoco refleja el estado del debate público acerca del tema. “No refleja la opinión de la sociedad, que según las encuestas es en un 60 por ciento favorable a la despenalización; es decir que no se tiene en cuenta el consenso que existe en la población en relación con este tema”, declaró la senadora.
A su vez, frente a la declaración del presidente Tabaré Vazquez anunciando que vetaría una ley que despenalizara el aborto, la senadora dijo que le ha pedido públicamente que no vete, pues de ese modo estaría inhabilitando la consulta popular. “Creo que el veto es un resabio que existe en nuestra constitución, una prerrogativa que el presidente no debería tener. Es necesario mantener el respeto a la diversidad como un modo de respetar la laicidad en el sentido amplio, es decir, no sólo en lo que respecta a la libertad religiosa, sino teniendo en cuenta los intereses y derechos de todos los sectores de la sociedad. No hay que perder de vista el consenso que existe frente a la necesidad de una modificación integral de las políticas de salud sexual y reproductiva”, explicó Xavier.
Según la Constitución uruguaya, el parlamento tiene la posibilidad de levantar el veto si logra el voto favorable de las 3/5 partes del total de la Cámara. De este modo habilita la Consulta Popular, mecanismo que permite la derogación total o parcial de una ley, una vez aprobada. Así “queda abierta la posibilidad del pueblo de ejercer su representación directamente”, piensa la Senadora. “Yo creo en la necesidad del proyecto completo para contemplar el derecho al aborto; la realidad del país implica un cambio de legislación en relación con este tema”, concluyó.