En Brasil, Chile, México y Nicaragua más de la mitad de las mujeres y hombres están a favor de la despenalización del aborto terapéutico, según un estudio de opinión del Programa de Inclusión Social y Género de FLACSO-Chile. Para Claudia Dides, Cristina Benavente e Isabel Sáez, investigadoras del Programa, el debate ideológico sobre el aborto, tradicionalmente polarizado entre posturas conocidas como ‘pro-vida’ y ‘pro-elección’ “no refleja la actitud de la mayoría de la población de estos países hacia el aborto”. Existe una tercera postura que aboga por su despenalización en determinadas circunstancias.
El estudio, llevado a cabo entre abril y mayo de 2009, consultó a 1.200 hombres y mujeres mayores de 18 años en cada país, con el objetivo de conocer las percepciones, opiniones, conocimientos y expectativas de las respectivas sociedades sobre el aborto. La mayoría de entrevistados consideró que debe haber “mayor apertura, debate y participación ciudadana en las decisiones de política pública en la materia”. Esto implica “una demanda de flexibilización de los marcos regulatorios sobre el aborto vigentes en la actualidad en los países”, explican las investigadoras.
Los países fueron seleccionados debido a sus diferencias en materia de legislación sobre aborto. En Chile y Nicaragua su práctica está penalizada sin excepción desde 1989 y 2006, respectivamente; mientras que en Brasil es legal cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre o en caso de ser producto de una violación. México ofrece un panorama contrastante, dado que el aborto está completamente despenalizado en la Ciudad de México, mientras que en los demás estados sólo es permitido bajo determinadas circunstancias.
Pese a que el contexto chileno es altamente restrictivo, la situación del aborto en ese país puede estar a punto de cambiar. Entre 1994 y 2010 fueron presentados nueve proyectos de ley para despenalizar parcialmente la interrupción del embarazo. Ninguno de ellos había avanzado en el debate legislativo hasta el 6 de septiembre pasado, cuando la Comisión de Salud del Senado decidió por votación legislar sobre tres propuestas en torno al aborto terapéutico: un proyecto de ley presentado en diciembre de 2010 por el senador socialista Fulvio Rossi y la ex-senadora Evelyn Matthei, otro elaborado por el socialista Camilo Escalona, radicado en el Congreso en junio de 2009, y una tercera iniciativa presentada en marzo de 2010 por el senador del Partido por la Democracia Guido Girardi y el ex senador socialista Carlos Ominami.
Las tres propuestas buscan modificar el Código Sanitario para despenalizar el aborto por razones médicas (interrupción terapéutica del embarazo), en caso de malformación fetal incompatible con la vida o de amenaza a la vida de la mujer. La principal diferencia radica en la violación como causal para la interrupción del embarazo, incluida en los proyectos de Escalona y Girardi y Ominami, pero ausente en el de Rossi y Matthei.
La decisión de someter a votación los proyectos representa en sí misma un avance en la garantía de los derechos de las mujeres chilenas, ya que rompe con el silencio guardado por el Congreso de ese país durante años.
En entrevista con el CLAM, Claudia Dides Castillo, coordinadora del Programa de Inclusión Social y Género e integrante de MILES (Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo en Chile por causales de incompatibilidad con la salud de la mujer, inviabilidad fetal y/o violación), habla sobre la actual coyuntura chilena en torno al aborto, a partir de los resultados de la encuesta de opinión en Brasil, Chile, México y Nicaragua.
La investigación sobre opiniones en torno del aborto arrojó una gran cantidad de resultados, ¿cuál es su significado?
En la mayoría de países tanto mujeres como hombres están a favor de la interrupción del embarazo cuando la salud de la mujer está en peligro y cuando hay malformaciones fetales. En Chile, por ejemplo, 64% de la población se mostró a favor del aborto terapéutico y 25% considera que se debe despenalizar bajo cualquier circunstancia. Esta es una cifra nada despreciable. También se observa una postura cada vez más liberal frente a este tema. El aborto terapéutico, por ejemplo, ha empezado a considerarse un derecho de las mujeres. Esto muestra que en América Latina viene operando un cambio cultural fuerte. Este contexto debería orientar a los parlamentarios para que, a la hora de legislar, empiecen a escuchar, en primer lugar, la opinión de las mujeres, así como la opinión de profesionales del ámbito de la salud y, por último, la de los hombres y las diferentes iglesias.
¿Qué nos puede decir sobre los efectos de haber realizado el estudio?
A pesar de no ser un hallazgo en sí mismo, la investigación suscitó el diálogo entre organizaciones sociales y dos partidos políticos. Creo que esto le dio mayor sentido a la investigación. Cabe señalar también que este estudio incluyó preguntas sobre el matrimonio, la aceptación de parejas del mismo sexo, la eutanasia y la pena de muerte, aspectos que permiten explorar cuestiones valóricas.
¿Por qué decidieron trabajar sobre Nicaragua, México, Brasil y Chile?
Se seleccionaron estos cuatro países porque son paradigmáticos respecto a la situación del aborto en América latina. El caso de Nicaragua es muy especial. Desde el siglo XIX contaba con una ley que permitía el aborto terapéutico, la cual fue derogada en 2006 durante el gobierno de Enrique Bolaños. En 2007, Amnistía Internacional le pidió al nuevo gobierno de Daniel Ortega, que es socialista, que restituyera esta práctica, pero éste se negó argumentando su compromiso en la defensa de la vida. Este hecho revela que hay posiciones conservadoras o alianzas con la jerarquía católica que se instalan en todos los sectores políticos.
En México la situación es distinta. En el Distrito Federal se logró aprobar el aborto bajo cualquier circunstancia hasta las 12 semanas de gestación. Este triunfo se debe a las luchas de las mujeres y al compromiso de políticos, comunicadoras e intelectuales. Sin embargo, en el resto de México la interrupción del embarazo está restringida a ciertas circunstancias, que varían de un estado a otro. Brasil, país en el que se aceptan el riesgo de vida de la madre y la violación como causales para interrumpir el embarazo, mostró en los últimos años avances muy interesantes, sobre todo en la adopción de políticas públicas al respecto por parte del Ministerio de Salud.
Chile fue escogido por su prohibición total del aborto a raíz de la derogación del artículo 119 del Código Sanitario (que permitía “interrumpir el embarazo por causas de salud de la mujer”) durante la dictadura militar. Esta modificación de la norma forma parte de las llamadas “leyes de amarre” (dictadas al término del gobierno de Pinochet para retardar las reformas del sistema de gobierno militar durante el retorno de la democracia) que hasta hoy siguen vigentes.
¿Qué aspectos destaca en materia de políticas sobre aborto en los cuatro países?
Es común a los cuatro países la ausencia de una infraestructura apropiada para practicar el aborto, así como de personal capacitado para hacerlo. Estos datos son reveladores en la medida en que muestran las condiciones frente a las cuales las mujeres interrumpen un embarazo.
Otro elemento interesante es que, en general, los legisladores de los cuatro países consideran que el debate sobre la legalización del aborto debe realizarse mediante consulta, como un plebiscito o una votación. Prefieren decidir sobre el tema a través del voto popular en lugar de discutirlo en el Congreso. En Chile, 61% de la población manifestó su interés en votar sobre el tema, mientras que sólo el 21% consideró que era el Congreso el responsable de legislar al respecto. En Nicaragua, el 72% de los entrevistados señalaron que esta discusión debía someterse a votación popular.
También se evidenció la necesidad de transformar la situación actual en materia de legislación e implementación del aborto. Este es un aspecto importante que recoge el trabajo de muchos años de personas, organizaciones, mujeres e investigadores que han puesto el tema en debate, a pesar del poder de los sectores conservadores para evitarlo. El aborto es un tema ciudadano, es un tema de las democracias. No es sólo una cuestión sanitaria. Tiene que ver con las demandas democráticas de las mujeres.
En países de Centroamérica, entre ellos Nicaragua, un grupo de legisladores que firmó el llamado «libro por la vida» se comprometió públicamente a impedir la despenalización total o parcial del aborto, y llevó esta propuesta a otros países de la región, como México. ¿Tuvo alguna repercusión este lobby internacional antiaborto en los países estudiados?
Sí, claro que sí. En el segundo análisis de la investigación, que es más cualitativo, constatamos el fortalecimiento de sectores conservadores a nivel mundial y observamos las repercusiones que han tenido en América Latina. Estos grupos están ligados a otros de carácter económico y religioso, como la Iglesia católica y los Legionarios de Cristo.
Sin embargo, también vimos una ciudadanía más empoderada. En México, sobre todo en el Distrito Federal, existe un movimiento de mujeres consolidado que logró sacar adelante la ley de aborto. En Nicaragua, la sociedad civil tiene mucha fuerza; veremos cómo actúa.
En Chile, la sociedad civil no tenía tanta fuerza. El discurso y el debate sobre aborto se hacían públicos cuando los medios de comunicación mostraban un caso emblemático. Cuando realizamos la investigación, vimos que eran los parlamentarios quienes reaccionaban frente al tema y sólo algunos actores de la sociedad civil daban su opinión.
Pero este año Chile es distinto. Existe un movimiento ciudadano por la interrupción legal del embarazo que reúne, además de las clásicas organizaciones que trabajaban el tema, a médicos, matronas, sociedades científicas y partidos políticos, entre otros.
¿Cómo interpreta la reciente decisión de legislar sobre el aborto terapéutico por parte de la Comisión de Salud del Senado?
Es un gran paso que, después de 20 años de restituida la democracia en Chile, se acepte por primera vez debatir el tema en el Congreso. Esto marca un hito histórico respecto a la deuda de la democracia chilena con las mujeres.
Pese a que en la década de 1990 parlamentarios de la Concertación (coalición de partidos de centroizquierda) redactaron los primeros proyectos a favor del aborto terapéutico, mientras la Alianza buscaba endurecer aún más las penas, durante los gobiernos de la Concertación no se logró nada. El tema ni siquiera llegó a ser discutido por las comisiones del Congreso. Hubo una constante negociación del silencio por parte de la Concertación, que no quiso abordar seriamente este tema. Este es el resultado de excluir a las mujeres en los acuerdos internos de los partidos políticos. En cambio ahora, con un gobierno de derecha, el Congreso aceptó legislar, porque uno de los proyectos cuenta con el apoyo de la ex-senadora Evelyn Matthei, perteneciente al partido de derecha UDI.
La iniciativa es un importante éxito ciudadano que viene a visibilizar la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Y digo ciudadano porque diversas encuestas revelan una aceptación de las tres causales para despenalizar el aborto terapéutico.
¿Cree que en Chile existe un movimiento ciudadano por la despenalización del aborto terapéutico?
Yo creo que hoy en día estamos frente a un movimiento bastante grande, mucho más del que habíamos tenido años atrás. Se acabó ese silencio cómplice. A esto ha contribuido el actual contexto de movilizaciones sociales, liderado por el movimiento estudiantil. Los estudiantes llevan más de 4 meses protestando por las excesivas ganancias del sistema privado de salud, las Isapres (Instituciones de Salud Previsional) y la necesidad de un verdadero cambio constitucional.
Aparecieron las demandas silenciadas, en parte, por el pacto implícito de la Concertación de no hablar sobre ellas. Es cierto que el presidente Piñera anunció un veto presidencial a esta iniciativa, sin embargo, tendrá que lidiar con el 65% de personas que están a favor del aborto terapéutico, según lo reportado por diversos sondeos de opinión pública.
¿Cuál cree que es la mejor estrategia para seguir avanzando en este tema?
Pienso que es necesario transformar el tema del aborto en una problemática ciudadana, no sólo de los derechos de las mujeres. Hay que ampliarla y vincularla con la necesidad de profundizar nuestra democracia. Cuando deje de ser parte exclusiva de la agenda feminista, esta realidad se abrirá a la ciudadanía permitiendo generar un debate a nivel nacional, y se fortalecerán las alianzas con distintos actores, lo que es crucial.
A partir de esta investigación se puede afirmar que en los países en los que el movimiento feminista ha ampliado sus alianzas, se ha conformado y fortalecido un grupo intermedio pro-aborto que antes no existía.
¿Qué impacto han tenido los medios de comunicación en la opinión ciudadana?
Han tenido mucho impacto. Los medios de comunicación instalan y desinstalan temas a su antojo y según su propia línea editorial. A pesar de que en los últimos años se han masificado los medios alternativos de comunicación, todavía se observa un cierto “analfabetismo” respecto a la comprensión del aborto y de sus consecuencias. Existe una idea arraigada sobre el derecho a la vida que lo malinterpreta, pues la salud de las mujeres también forma parte de ese derecho. Pero esto no ocurre sólo en Chile. En los últimos 20 años se gestó en América Latina una cruzada antiaborto.
¿Qué cree que pasará con el proyecto de ley?
La discusión en la Comisión de Salud del Senado fue bastante compleja. Los Senadores tendrán que seguir aprendiendo a escuchar a la ciudadanía. Por ahora, el proyecto pasa a la Sala y se vota. Es probable que luego aparezca un proyecto refundido, al que seguramente le harán indicaciones. De ser así, el proyecto regresará de nuevo a la comisión de Salud del Senado, donde se formularán nuevas indicaciones. Es un procedimiento largo. Sin embargo, estoy segura de que la gente no va a votar más por senadores y diputados incapaces de escuchar a la ciudadanía.