El tema está que arde. Y no sólo por las 59 antorchas clavadas en el frontis del Palacio de La Moneda, que recordaron el número de mujeres que han muerto este año en Chile a manos de sus parejas, novios o esposos.
El acto realizado el 22 de noviembre para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y cerrar la campaña “El Machismo Mata” fue convocado por la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual y contó con la participación de más de cinco mil personas, en su mayoría mujeres, pero también hombres y familias con hijos pequeños. Lienzos y pancartas con leyendas alusivas portados por integrantes de organizaciones de distintas comunas de Santiago fueron el marco de cierre de la protesta, que finalizó frente a la Moneda con una presentación teatral.
Además de la capital chilena, la iniciativa en la que participaron más de 159 organizaciones y colectivos sociales que trabajan con mujeres, tuvo lugar simultáneamente en las ciudades de Arica, Caldera, Los Andes, Valparaíso, San Antonio, Rancagua, Pichilemu, Talca, Chanco, Concepción, Temuco, Osorno, Valdivia, Puerto Montt y Castro.
Una clara señal de unidad nacional frente al tema fue la declaración de la Iglesia Católica que por primera vez resolvió en su Asamblea Plenaria aconsejar la separación de la pareja cuando la convivencia se torna riesgosa. “No podemos resignarnos a que los golpes resuelvan lo que el diálogo no puede zanjar. Esta salvaje agresión, que muchas veces se oculta o minimiza, no nos puede dejar indiferentes”, dijo el secretario general del Episcopado, Monseñor Cristián Contreras.
El Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, valoró las declaraciones de la Iglesia. Su Ministra, Laura Albornoz, dijo que todos los actores de la sociedad son necesarios para convocar a la ciudadanía a combatir la violencia a las mujeres. “Hemos tenido una buena respuesta: se han sumado Carabineros, la sociedad civil con sus manifestaciones públicas, y ahora también la Iglesia Católica. En la medida en que todos los sectores se vayan involucrando, se va a poder ir superando este problema», precisó la autoridad de gobierno. El organismo de Estado coordinó junto a la Corporación DOMOS una campaña que enfoca la problemática de la violencia contra la mujer desde una perspectiva masculina en la que el compromiso de nuevos actores sociales es esencial en la estructura de la campaña.
“El femicidio es un crimen específico contra las mujeres que debe nombrarse; su erradicación requiere leyes y políticas integrales, sostenidas y financiadas que den protección y poder a las mujeres para vivir libres de violencia”, dijo Soledad Rojas, coordinadora de la Red contra la Violencia de la Región Metropolitana. La marcha fue la culminación del permanente trabajo por la defensa de los Derechos Humanos, en especial, por el derecho a vivir libres de toda forma de violencia. Entre sus propósitos, la iniciativa buscó expresar las demandas y exigencias del movimiento de mujeres frente al Estado en relación con “una grave problemática que claramente no ha sido abordada por las autoridades con la integralidad y oportunidad que se merece”, especificó Rojas.
Pese a que la palabra no existe en el vocabulario de la Real Academia Española, durante el 2007 el femicidio adquirió contenido, esencia y carne en el país. El acto de masiva protesta nacional, junto con posteriores declaraciones de autoridades, organizaciones de la sociedad civil y otros, así lo revelaron. Hoy los chilenos son capaces de reconocer e identificar el femicidio, los medios de comunicación los reportan como tales y diversos sectores políticos plantean medidas para su prevención y tipificación legal. Hasta hace unos meses el discurso oficial sólo hablaba de violencia intrafamiliar.
La sensación de desamparo e inseguridad que muchas mujeres sienten quedó manifiesta en la última encuesta de la Corporación Humanas. El sondeo muestra que un 88% de la población femenina siente que los niveles de violencia contra ellas han aumentado, mientras un 18% declara que la violencia se ha mantenido y sólo un 4% que ha disminuido. En los 59 casos de femicidio de este año, las protagonistas fueron mujeres que tuvieron alguna relación con el sistema de protección jurídica y sin embargo murieron. A juicio de la Corporación, esto eleva la sensación de desprotección. El sondeo muestra la mala evaluación que hace la población femenina de las instituciones que forman parte de la red de protección. De hecho, las cifras han empeorado en casi 20 puntos con respecto a las del 2006.
Según indica Carolina Carrera, vicepresidenta de Corporación Humanas, la evaluación negativa se debe a varios factores. Uno de ellos es que el sistema de justicia es relativamente nuevo. En todo caso, advierte que la responsabilidad final es del Estado. «Hay una falta de recursos para implementar medidas de protección por parte del Estado: desde casas de acogida hasta un conjunto de otras medidas que se deben aplicar, incluso cuando se saca al victimario de la casa, porque la víctima sigue estando desprotegida». La encuesta fue realizada a 1.135 mujeres mayores de 18 años entre el 17 agosto y el 12 septiembre del 2007.
En agosto de este año el SERNAM comunicó la presentación de un inédito proyecto de ley con carácter de urgencia donde el femicidio será considerado como una figura penal específica. Este anuncio se produjo después de un nuevo episodio de violencia. Una mujer fue quemada en el 40 por ciento de su cuerpo por su pareja en Punta Arenas. Ella fue la víctima número 30.
El objetivo del proyecto de ley es que el asesinato de mujeres sea tratado como un crimen diferenciado del homicidio. A su vez, establece órdenes de protección para dar efectivo resguardo a las mujeres víctimas. Se suma también un proyecto de ley paralelo que incorpora dentro del delito de maltrato habitual las relaciones de pololeo (expresión usada en Chile para referirse a las relaciones de pareja entre jóvenes con cierto grado de compromiso) o relaciones afectivas.
Se han presentado diversas iniciativas legislativas que pretenden incorporar el femicidio en el código penal, tipificándolo como “todo asesinato en que la víctima sea la cónyuge, conviviente o cualquier mujer con la que el agresor está o haya estado ligado por alguna relación afectiva”. De este modo, se busca superar la deficiencia presente en la actual legislación, donde si bien existe la figura del parricidio, ésta incluye sólo las relaciones actuales de matrimonio o convivencia, excluyendo a los anteriores cónyuges o convivientes y a todo otro tipo de relación afectiva, como los pololeos. Sin embargo, el tema de la tipificación del «femicidio» está en discusión en diversas organizaciones de mujeres. La Corporación Humanas no está de acuerdo con instalar un nuevo delito, sino con endurecer las penas en el caso de parricidio.
La nueva propuesta legal también busca eliminar las figuras de ataques de celos, momentos de locura, y la irreprochable conducta anterior como atenuantes del delito cometido. A esto se suma el considerar la existencia de denuncias previas por violencia intrafamiliar como agravantes y la posibilidad de eliminar la libertad condicional a los previamente condenados por delitos graves o actos de violencia intrafamiliar.
Según explican las profesionales de Asociatividad para la Acción por la no Violencia, iniciativa que promueve la coordinación entre los ciudadanos, equipos y organismos que trabajan la violencia intrafamiliar, “todo el acento para tipificar los femicidios en el Código Penal está puesto en aquellas relaciones afectivas que no alcanzan a estar cubiertas por el parricidio”. A juicio de las expertas de esta organización, “lo interesante es que no se trata sólo de endurecer las penas por la existencia previa de relaciones afectivas, sino de hacerse cargo de la diferencia de poder existente entre hombre y mujer en estos asesinatos, donde la mujer queda en desmedro y reducida a la fuerza del otro, donde el asesino hace uso expreso de la diferencia de poder para abusar y matar a la víctima”.